El presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, denunció que continúan desaparecidas las 71 toneladas de medicinas entregadas en febrero pasado por el gobierno de Estados Unidos como ayuda humanitaria para el país.

Ante la falta de transparencia, el vocero principal de la FMV informó que se consignó una comunicación formal ante la embajada estadounidense en Caracas para solicitar que se aclare la opacidad sobre el destino de los fármacos, los cuales no han llegado a la red asistencial.

A mediados de mayo, medios digitales reportaron que el encargado de negocios de EE. UU., John Barret, supervisó parte del cargamento en los hospitales Domingo Luciani y Pérez Carreño. 

Sin embargo, León Natera advirtió que el personal médico no pudo constatar dicho ingreso.

«Eso fue solo una fracción de las 71 toneladas; por ello, solicitamos formalmente al diplomático que continúe investigando el destino final del cargamento», reclamó el galeno.

La ayuda humanitaria fue coordinada inicialmente en febrero de 2026 por la entonces encargada de negocios de EE. UU., Laura Dogu, y constó de dos envíos:

13 de febrero: Llegada de 6 toneladas de medicamentos e insumos al Aeropuerto de Maiquetía.

21 de febrero: Recepción de un segundo lote con más de 65 toneladas de suministros médicos.

Pese a que a inicios de mayo la presidenta interina, Delcy Rodríguez, aseguró que ya se había distribuido el 47 % de estos insumos, la realidad en los centros de salud contradice dicha versión.

«A la fecha, en la mayoría de los 331 hospitales del país no hay nada. Los familiares de los pacientes siguen recibiendo largas listas de medicamentos e insumos que deben costear por su cuenta para que podamos atender a los enfermos», denunció el presidente de la FMV.

El abogado internacionalista Leomagno Flores propuso implementar el mecanismo de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como la vía para devolver a sus legítimas autoridades los partidos políticos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El jurista instó a la diputada Dinorah Figuera, quien con el respaldo del presidente Donald Trump, lidera los acercamientos con el gobierno tutelado por EE. UU., a abrir un espacio de audiencia para exponer detalladamente esta iniciativa.

“Los objetivos más importantes en la mesa de diálogo son la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la reorganización del TSJ y la reinstitucionalización de los partidos políticos”, comentó el abogado.

“La idea es elegir en un mismo día, y por el voto de las bases militantes, a las autoridades legítimas nacionales y municipales de las organizaciones judicializadas”, explicó Flores.

Unas 15 organizaciones políticas opositoras han sido despojadas de sus legítimos dueños.

Para blindar la transparencia del proceso, el internacionalista plantea que las primarias cuenten con la supervisión de una comisión ad hoc integrada por expertos electorales y el respaldo de la observación internacional de la ONU, la OEA y el Centro Carter.

Flores subrayó el peso estratégico del respaldo estadounidense en este proceso de diálogo con el gobierno interino, destacando el rol de Figuera.

“El gobierno norteamericano obligó a Jorge Rodríguez a sentarse con la presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera, para definir las fases de la transición”.

“Desde ya solicitamos ser oídos para dar los detalles de esta propuesta estructural de primarias en los partidos políticos judicializados”, concluyó.

La abogada Coromoto Ramos, segunda vicepresidenta del partido Unidad Democracia Renovadora (UDR), hizo un llamado urgente a los venezolanos a intensificar la presión ciudadana con el fin de forzar la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales.

A su juicio, el despacho del Palacio de Miraflores padece un “vacío absoluto” institucional que requiere una resolución inmediata por la vía constitucional.

“El próximo 3 de julio se cumplen seis meses de la falta absoluta del cargo presidencial, una situación jurídica y política que urge resolver”, señaló Ramos, en referencia a la ausencia de Nicolás Maduro en el ejercicio del poder.

Indicó que la crisis institucional del país ha tenido un impacto devastador en el día a día de los ciudadanos.

“Venezuela sufre un vacío en la jefatura del Estado que se originó tras las elecciones del 28 de julio de 2024 y que se ha agravado desde el 3 de enero de 2026. Esta parálisis en la conducción de la vida política ha desestabilizado la economía, la salud y la educación, provocando además el colapso de los servicios públicos y de la seguridad alimentaria”, denunció.

La dirigente de UDR propuso crear un poder electoral provisional, de carácter ad hoc, para destrabar el juego político y convocar a las urnas.

Como sustento histórico, recordó los acontecimientos de 1958, tras la caída de la dictadura militar, cuando se instaló en Venezuela una junta electoral provisional que organizó los comicios presidenciales, permitiendo la transición democrática con la victoria de Rómulo Betancourt.

“68 años después, la nación enfrenta el mismo desafío. En julio de 2024 los venezolanos votaron firmemente, y las actas de escrutinio son el testimonio de esa voluntad popular con la victoria de María Corina Machado y Edmundo González”, afirmó.

“Sin un árbitro creíble no hay elecciones libres, y sin elecciones libres no habrá salida constitucional a la crisis que hoy asfixia a Venezuela”, concluyó.