El centro de detención de ICE Delaney Hall, ubicado en Nueva Jersey, se ha convertido en el epicentro de una tormenta social y política que refleja la profunda fractura del país. La gobernadora demócrata, Mikie Sherrill, denunció públicamente que «agitadores de otros estados» han viajado con el único fin de intensificar las tensiones en las protestas que rodean las instalaciones. Lo que comenzó como una vigilia pacífica de activistas y familiares ha escalado a un escenario de máxima alerta, obligando al despliegue de la Policía estatal y de agentes federales fuertemente armados con escudos antidisturbios y vehículos blindados.

La controversia en torno a este centro de detención de ICE (el más grande de la Costa Este, operado por la empresa privada GEO Group bajo un millonario contrato de 1.000 millones de dólares) no es nueva, pero ha alcanzado su punto de ebullición. Mientras que en el interior del recinto una parte de los cerca de 300 migrantes recluidos ha iniciado una huelga de hambre para visibilizar las «condiciones inhumanas» en las que se encuentran, afuera la atmósfera es de confrontación total.

A las afueras de Delaney Hall, grupos que defienden los derechos de los migrantes se han topado cara a cara con simpatizantes de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. Aunque las autoridades lograron contener los choques violentos que días antes dejaron un saldo de nueve detenidos, la hostilidad verbal y los encaramientos siguen siendo una constante.

Para evitar tragedias del pasado, la gobernadora Sherrill estableció una zona protegida para garantizar las manifestaciones pacíficas. Su mayor temor es que se repitan los fatídicos hechos del pasado enero en Mineápolis, donde las protestas contra las redadas terminaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes de inmigración. Con legisladores y familias exigiendo transparencia, Delaney Hall es hoy el reflejo de una herida abierta en la política estadounidense.

La reciente marcha en Lima contra Keiko Fujimori ha encendido las alarmas en el tramo final de la campaña presidencial peruana. A solo ocho días de la crucial segunda vuelta electoral, cientos de ciudadanos, colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos se movilizaron de manera pacífica por el centro histórico de la capital. Bajo las consignas «Keiko no va» y «Fujimori nunca más», la protesta refleja la profunda polarización de un país que se debate una vez más entre el fujimorismo y la izquierda, reviviendo fantasmas del pasado y tensiones que parecían latentes.

El protagonismo de la movilización lo asumieron los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). Su presencia en la primera fila de la marcha inyectó una fuerte carga emocional y política a la jornada, recordando las heridas aún abiertas de la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso. A ellos se sumaron parientes de los fallecidos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y miles de jóvenes que asocian al fujimorismo con la corrupción institucional.

«Keiko representa la injusticia y el temor. No debe llegar a la presidencia porque es un peligro», manifestó Irma Cayó, manifestante proveniente de Puno, resumiendo el sentir de indignación que recorrió la emblemática Plaza San Martín.

Esta movilización, que también se replicó en ciudades clave como Arequipa y Huancayo, marca un punto de inflexión en la cuarta postulación presidencial de la líder de Fuerza Popular. Tras ganar la primera vuelta con el 17.1% de los votos, Keiko Fujimori se enfrenta en un reñido balotaje a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien alcanzó el 12% y busca capitalizar el antivoto fujimorista a pesar de sus pasados vínculos como ministro del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

Con un panorama electoral que evoca la extrema polarización del 2021, esta marcha no solo es un termómetro del rechazo hacia una de las figuras más divisorias del país, sino también un recordatorio de que las calles de Perú siguen siendo el principal escenario donde se disputa el futuro de su democracia.

La flotilla para Gaza y el trato recibido por sus activistas han desatado una tormenta diplomática de escala internacional. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó de «inaceptable» y «escandaloso» el proceder de las autoridades israelíes hacia los integrantes de la misión humanitaria, entre los cuales se encontraban 12 ciudadanos canadienses. Durante una tensa llamada telefónica con el presidente israelí, Isaac Herzog, el mandatario canadiense no se guardó nada: exigió una investigación independiente y condenó con firmeza las acciones que han encendido las alarmas en la comunidad global.

El foco del conflicto se intensificó tras las provocadoras declaraciones y publicaciones de Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional israelí de extrema derecha. Ben-Gvir, de 50 años, desató un fuerte rechazo tanto a nivel internacional como dentro de su propio gobierno al difundir un video que mostraba a decenas de activistas arrodillados y con las manos atadas. Con un tono desafiante, el ministro les espetó: «Bienvenidos a Israel, esta es nuestra casa».

Esta acción fue la gota que derramó el vaso para el gobierno canadiense. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, ya había calificado la situación como un «trato deplorable», anunciando que el país llamaría a consultas al embajador israelí para exigir explicaciones formales por violar la dignidad de sus compatriotas.

Tras ser expulsados de Israel, los activistas llegaron el pasado 21 de mayo a Estambul, Turquía, donde finalmente pudieron alzar la voz. Los testimonios son desgarradores y apuntan a una campaña de hostigamiento psicológico y físico. «Estuvimos bajo constante amenaza», relató Safa Chebbi, uno de los activistas canadienses que ya se encuentra a salvo en su país, en declaraciones a la agencia AFP. Las denuncias por humillaciones constantes abren ahora un complejo escenario de exigencias internacionales donde Canadá lidera la postura de no dejar impune el abuso contra sus ciudadanos.