Ante la urgencia de retirar los escombros generados por las edificaciones colapsadas tras el reciente terremoto, la organización ambientalista Vitalis hizo un llamado urgente a proteger los ecosistemas marítimos y costeros.

Los especialistas advierten que depositar estos desechos en el mar o en las playas genera impactos ecológicos severos y acarrea responsabilidades legales según el marco jurídico venezolano.

Lejos de ser solo concreto, estos residuos contienen yeso, metales, cableado y pinturas que alteran la calidad del agua, incrementan la turbidez y modifican la dinámica de las costas, afectando a la fauna marina.

Diego Díaz Martín, presidente de Vitalis, indicó que “la emergencia no debe hacernos perder de vista que las decisiones tomadas durante la reconstrucción tendrán efectos durante muchos años sobre nuestros ecosistemas y comunidades”. 

Explicó que la reconstrucción necesita ideas, propuestas y proyectos bien concebidos, no decisiones apresuradas que generen nuevos problemas.

Eduardo Ochoa, director de la asociación civil, destacó que, con tecnología adecuada, estos desechos son reutilizables. 

“Mediante separación, trituración y control de calidad, parte de estos escombros puede aprovecharse en rellenos, subbases viales, obras de estabilización y drenajes”.

Para evitar un segundo desastre, ahora ecológico, Vitalis recomienda implementar una estrategia basada en la separación de materiales en el sitio, el retiro seguro de residuos peligrosos y la disposición final, únicamente de aquello que no pueda reutilizarse, en instalaciones debidamente autorizadas de acuerdo con la Ley.

Reconstruir implica también proteger el patrimonio natural y convertir los residuos en oportunidades.

La Asociación Civil Lazos Guayana, a través de su vocera principal, Carolina Medina, emitió un comunicado para declarar el duelo institucional y manifestar su profunda solidaridad con las familias venezolanas afectadas por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

La organización, que representa una red plural de gremios, movimientos sociales y organizaciones civiles en la región del Estado Bolívar, expresó sus condolencias por las víctimas fatales y las pérdidas materiales.

Además, reconoció la abnegada labor de los rescatistas, voluntarios y la ayuda internacional.

Medina denunció que el impacto de estos fenómenos naturales ha desnudado fallas estructurales previas.

“Desde la plataforma técnica de Lazos Guayana se advirtió que la actual desarticulación logística y las carencias operativas demuestran un grave déficit de previsión que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades”, alerta el documento.

Ante este escenario de fragilidad institucional, Medina aseguró que la sociedad civil organizada debe dar un paso al frente para salvaguardar el tejido social.

Por ello, la asociación se ha puesto a disposición para coordinar y apoyar activamente las iniciativas de asistencia, reconstrucción y acompañamiento en las zonas más afectadas.

“Uniendo voluntades, construyendo esperanza”, concluye el manifiesto firmado por Medina y el resto de los miembros de la junta directiva para el período 2026-2027.

El dirigente político Ítalo Zapata dijo que finalizado el lapso legal de 180 días de la falta absoluta del presidente, el interinato incurre en desacato constitucional por su negativa de convocar a los venezolanos para elegir a un nuevo mandatario.

Zapata, presidente del movimiento político en formación Poder Ciudadano (PC), cuestionó la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque dio oxígeno al régimen venezolano.

“Hoy vemos las consecuencias de ese oxígeno: una cúpula que se burla una vez más de nuestra Constitución al negarse a declarar la falta absoluta del presidente, y bloqueando el llamado a un nuevo proceso electoral para perpetuar su usurpación”.

Ante un Estado ausente y en desacato constitucional, Zapata propone la designación de un consejo electoral provisional con la participación de la sociedad civil.

Explicó que la propuesta de su partido de un órgano comicial transitorio cuenta con un reglamento especial para su actuación y fue evaluado por abogados expertos en materia electoral.

“Su objetivo es diseñar un cronograma urgente para celebrar los comicios presidenciales dentro de los 30 días contínuos tras vencerse el plazo de 180 días sobre la falta absoluta del presidente, tal como lo establece la Constitución”, dijo el político.