Las armas químicas de Corea del Norte vuelven a encender las alarmas internacionales tras revelarse un informe exclusivo del proyecto 38 North. Un exhaustivo análisis liderado por el Proyecto Antracita y el prestigioso think tank británico RUSI (Royal United Services Institute) ha dejado al descubierto que el régimen de Kim Jong-un no solo mantiene intacto su programa de destrucción masiva, sino que ha integrado una red industrial y académica altamente capacitada para producir agentes letales a gran escala. A través del uso de fuentes abiertas, la investigación demuestra cómo universidades, complejos químicos e instituciones gubernamentales convergen en una maquinaria perfectamente engrasada para la guerra no convencional.

A diferencia del arsenal nuclear, el programa químico norcoreano ha permanecido bajo un manto de relativo secretismo. Sin embargo, la historia reciente demuestra la sangre fría del régimen: en 2017, el mundo quedó conmocionado cuando agentes norcoreanos asesinaron a Kim Jong-nam, hermano del dictador, utilizando el letal agente nervioso VX en pleno aeropuerto de Kuala Lumpur. Expertos en seguridad global estiman que Pionyang posee actualmente entre 2.500 y 5.000 toneladas de armas químicas, incluyendo gas mostaza y sarín.

«El régimen es paranoico y cualquier tipo de arma de capacidad letal se justifica como necesaria para su propia seguridad», advierte Dan Pinkston, profesor de relaciones internacionales.

¿Por qué este arsenal representa una amenaza inminente?

Los analistas militares sugieren que, ante un conflicto armado o la amenaza existencial de colapso del régimen, Corea del Norte no dudaría en desplegar estas sustancias antes de recurrir a su armamento nuclear. El uso de estos gases tendría un doble propósito estratégico:

• Frenar el avance de tropas: Retrasar de manera drástica las operaciones militares de las fuerzas conjuntas de Seúl y Estados Unidos.
• Terror psicológico e impacto civil: Generar pánico masivo al atacar centros urbanos densamente poblados como Seúl, donde la población civil carece de trajes de protección especial.

El hecho de que Corea del Norte no sea firmante de la Convención sobre Armas Químicas rompe cualquier barrera diplomática. Este informe no es una simple advertencia teórica; es una radiografía de una infraestructura lista para operar que obliga a la comunidad internacional a monitorizar de cerca un peligro que es, sin duda, devastador y silencioso.

El centro de detención de ICE Delaney Hall, ubicado en Nueva Jersey, se ha convertido en el epicentro de una tormenta social y política que refleja la profunda fractura del país. La gobernadora demócrata, Mikie Sherrill, denunció públicamente que «agitadores de otros estados» han viajado con el único fin de intensificar las tensiones en las protestas que rodean las instalaciones. Lo que comenzó como una vigilia pacífica de activistas y familiares ha escalado a un escenario de máxima alerta, obligando al despliegue de la Policía estatal y de agentes federales fuertemente armados con escudos antidisturbios y vehículos blindados.

La controversia en torno a este centro de detención de ICE (el más grande de la Costa Este, operado por la empresa privada GEO Group bajo un millonario contrato de 1.000 millones de dólares) no es nueva, pero ha alcanzado su punto de ebullición. Mientras que en el interior del recinto una parte de los cerca de 300 migrantes recluidos ha iniciado una huelga de hambre para visibilizar las «condiciones inhumanas» en las que se encuentran, afuera la atmósfera es de confrontación total.

A las afueras de Delaney Hall, grupos que defienden los derechos de los migrantes se han topado cara a cara con simpatizantes de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. Aunque las autoridades lograron contener los choques violentos que días antes dejaron un saldo de nueve detenidos, la hostilidad verbal y los encaramientos siguen siendo una constante.

Para evitar tragedias del pasado, la gobernadora Sherrill estableció una zona protegida para garantizar las manifestaciones pacíficas. Su mayor temor es que se repitan los fatídicos hechos del pasado enero en Mineápolis, donde las protestas contra las redadas terminaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes de inmigración. Con legisladores y familias exigiendo transparencia, Delaney Hall es hoy el reflejo de una herida abierta en la política estadounidense.

La reciente marcha en Lima contra Keiko Fujimori ha encendido las alarmas en el tramo final de la campaña presidencial peruana. A solo ocho días de la crucial segunda vuelta electoral, cientos de ciudadanos, colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos se movilizaron de manera pacífica por el centro histórico de la capital. Bajo las consignas «Keiko no va» y «Fujimori nunca más», la protesta refleja la profunda polarización de un país que se debate una vez más entre el fujimorismo y la izquierda, reviviendo fantasmas del pasado y tensiones que parecían latentes.

El protagonismo de la movilización lo asumieron los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). Su presencia en la primera fila de la marcha inyectó una fuerte carga emocional y política a la jornada, recordando las heridas aún abiertas de la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso. A ellos se sumaron parientes de los fallecidos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y miles de jóvenes que asocian al fujimorismo con la corrupción institucional.

«Keiko representa la injusticia y el temor. No debe llegar a la presidencia porque es un peligro», manifestó Irma Cayó, manifestante proveniente de Puno, resumiendo el sentir de indignación que recorrió la emblemática Plaza San Martín.

Esta movilización, que también se replicó en ciudades clave como Arequipa y Huancayo, marca un punto de inflexión en la cuarta postulación presidencial de la líder de Fuerza Popular. Tras ganar la primera vuelta con el 17.1% de los votos, Keiko Fujimori se enfrenta en un reñido balotaje a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien alcanzó el 12% y busca capitalizar el antivoto fujimorista a pesar de sus pasados vínculos como ministro del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

Con un panorama electoral que evoca la extrema polarización del 2021, esta marcha no solo es un termómetro del rechazo hacia una de las figuras más divisorias del país, sino también un recordatorio de que las calles de Perú siguen siendo el principal escenario donde se disputa el futuro de su democracia.