El Paro Nacional de Universidades ha encontrado en el estado Trujillo un bastión de resistencia inquebrantable. Durante la jornada del 22 de abril, el Núcleo Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes (NURR ULA) demostró que la crisis salarial y la asfixia presupuestaria han unido a todos los sectores en una sola causa. Con cifras que rozan la totalidad, la comunidad ulandina envió un mensaje contundente al país: la excelencia académica no puede existir sin condiciones de vida dignas para quienes la sostienen.

Un respaldo masivo que paraliza las aulas

La convocatoria no fue simplemente un cese de actividades; fue una manifestación de principios. Según los reportes oficiales de la Intergremial del NURR, el cumplimiento de la jornada de protesta alcanzó niveles sin precedentes en las distintas sedes del estado:

• Villa Universitaria (Pregrado): Un impresionante 99% de respaldo entre profesores y un 97% en el sector administrativo y obrero.
• Centros Especializados: Tanto el Centro de Ecología «Dr. Pedro Rincón Gutiérrez» como la Extensión Boconó reportaron un apoyo absoluto del 100%.
• Postgrado y Salud: La Casa Carmona registró un 98% de paralización, mientras que la Extensión Valera de la Escuela de Medicina se sumó con un 99%.

Mirgravy Betancourt, secretaria regional de reclamos del Soula, destacó que estas estadísticas reflejan una unidad férrea. En la sede de pregrado, el silencio en los pasillos —donde apenas dos académicos asistieron— habló más fuerte que cualquier discurso, evidenciando el rechazo a la precarización laboral.

Dignidad frente a la asfixia presupuestaria

El reclamo central de los ulandinos trasciende lo económico. Se trata de una lucha frontal contra la eliminación de las escalas salariales y el polémico Instructivo ONAPRE, que ha vulnerado derechos adquiridos durante décadas.

Johny Humbría, presidente regional de Apula, subrayó que lo vivido en Trujillo es una declaración de dignidad universitaria. Para el gremio docente, la «meritocracia» ha sido herida por políticas que asfixian el presupuesto institucional, pero el espíritu de la ULA permanece intacto. No se trata solo de un salario, sino de rescatar el valor del trabajo intelectual y la autonomía que permite la libre generación de conocimiento.

Una sola voz contra la precarización

La lucha por salarios dignos no bonificados y la libertad sindical es hoy el motor que moviliza a técnicos, administrativos, obreros y docentes. El balance de la jornada en Trujillo deja claro que la universidad venezolana sigue en pie, defendiendo su derecho a existir con excelencia y respeto a su autonomía.

(PRENSA ULA-NURR / GL / CNP 15.221 / Foto: CC)

Julio César León Heredia asume la presidencia del INH (Instituto Nacional de Hipódromos) tras la publicación del decreto N° 5.324, firmado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Este movimiento marca el fin de una era liderada por Antonio «El Potro» Álvarez y da inicio a una nueva etapa administrativa que busca profundizar la fiscalización y el desarrollo productivo dentro del sector.

Un perfil de gestión para el sector hípico

El nuevo presidente del INH no es un desconocido en la esfera política venezolana. Julio César León Heredia cuenta con una trayectoria de casi dos décadas en la administración pública. Fue gobernador del estado Yaracuy desde el año 2008 hasta el 2025, demostrando una notable capacidad de permanencia y gestión regional. Recientemente, se desempeñó como Ministro de Agricultura y Tierras hasta abril de 2026, lo que sugiere que su enfoque en el INH tendrá un fuerte componente de desarrollo institucional y transparencia operativa.

El legado de Antonio «El Potro» Álvarez

Por su parte, Antonio Álvarez, quien estuvo al frente del ente desde diciembre de 2018, cierra un ciclo enfocado principalmente en la recuperación de la infraestructura física del Hipódromo La Rinconada. Durante su gestión, se reactivaron jornadas clásicas de gran relevancia internacional, logrando posicionar nuevamente al óvalo caraqueño en el mapa hípico regional.

Cambios estructurales: Sunahip y Comisión de Casinos

Este relevo no llega solo. El Ejecutivo Nacional ha decidido renovar las piezas clave que supervisan los juegos de envite y azar en el país para dinamizar los procesos de auditoría y modernización. Junto a León Heredia, se oficializaron los siguientes cargos en la Gaceta Oficial del 20 de abril:

• Juan Carlos Amarante León: Designado como Superintendente Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP).

• Edgar Alejandro Melo Rodríguez: Nuevo presidente de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (CNC).

El compromiso con el futuro hípico

«Recibimos esta responsabilidad con el firme propósito de modernizar los procesos del INH y garantizar la transparencia que el gremio hípico y el pueblo venezolano merecen», declaró León Heredia tras su nombramiento. Con la mira puesta en una gestión más técnica y fiscalizadora, el sector espera que estos cambios se traduzcan en mejoras sustanciales para criadores, propietarios, jinetes y, por supuesto, para la fiel afición que semana a semana sigue la pasión de las carreras de caballos.

Se espera que el acto formal de entrega y recepción se lleve a cabo en los próximos días en la sede principal del INH en Caracas, iniciando así formalmente la «era León Heredia» en el hipismo nacional.

Jorge Arreaza sobre María Corina Machado ha sido tajante al declarar que la dirigente opositora no cumple con los requisitos fundamentales para beneficiarse de la Ley de Amnistía. En su rol como presidente de la Comisión de Seguimiento a dicha ley, Arreaza desglosó los motivos jurídicos y políticos que, según el Estado venezolano, invalidan cualquier posibilidad de amparo para Machado en el escenario actual.

El argumento central: Soberanía vs. Intervencionismo

Durante una entrevista con el periodista Michel Caballero, Arreaza enfatizó que las acciones de Machado no son simples diferencias políticas, sino transgresiones graves a la seguridad nacional. El punto de quiebre reside en los reiterados llamados a una intervención o invasión extranjera liderados por la opositora.

De acuerdo con el funcionario, solicitar que fuerzas externas actúen militarmente contra el territorio venezolano constituye una violación directa que la excluye automáticamente de los beneficios de clemencia o perdón jurídico que ofrece la ley. «Es una contradicción pedir amparo a las leyes de un Estado cuya soberanía has intentado vulnerar», sugirió el análisis de la Comisión.

Desafío a la Constitución y privatización de PDVSA

Arreaza también cuestionó la coherencia de Machado respecto al marco legal vigente. Citó declaraciones recientes donde la dirigente se adjudicaría «victorias militares» y ataques contra el país, además de su propuesta de privatizar PDVSA.

“Ella se adjudica el ataque contra Venezuela… ¿Cómo puede hacer política si no cree en la Constitución?”, sentenció Arreaza, señalando que pretender desmantelar el patrimonio estatal (protegido constitucionalmente) es una declaración abierta de desconocimiento al contrato social de la nación.

La única vía: El arrepentimiento genuino

Para el Gobierno, la puerta no está cerrada bajo llave, pero requiere una condición innegociable: un proceso de «mea culpa» o arrepentimiento genuino. Arreaza argumentó que solo si existe un reconocimiento explícito del error y un compromiso real con la paz nacional, el Estado podría evaluar mecanismos alternativos para la reincorporación de estos actores a la vida política activa.

Este pronunciamiento marca una línea clara en el tablero político venezolano: la amnistía no es un cheque en blanco, sino un beneficio sujeto al respeto irrestricto de la soberanía nacional.