La Organización Latinoamericana de Capellanes de los Derechos Humanos (Orgalatín) exige a la mesa de diálogo que decrete con urgencia un aumento salarial, así como el ajuste inmediato de los montos asignados a pensiones y jubilaciones en Venezuela.

La abogada Coromoto Ramos, integrante de la Comisión Jurídica de Orgalatín, advirtió que ante la crisis humanitaria no es posible postergar las soluciones económicas mientras se define el futuro político del país.

“Levantamos nuevamente la voz para hacer pública la grave situación en que vivimos los ciudadanos venezolanos. Respetamos todos los procesos políticos, pero el pueblo no puede esperar un año más. Pedimos un decreto de emergencia de aumento salarial ya”.

Ramos reiteró su posición en rechazo a los anuncios de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien informó que en el año 2027 están previstos incrementos salariales, señalando que la realidad diaria exige respuestas inmediatas.

“No podemos seguir pasando hambre y necesidad. Lo que ganamos no alcanza para la cesta básica alimentaria ni para comprar las medicinas que requieren los adultos mayores”.

Un reporte del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), para el mes de septiembre, la canasta alimentaria familiar de 60 productos supera los 761 dólares, una cifra inalcanzable para la mayoría.

“Pedimos a la mesa de diálogo y al Gobierno de los Estados Unidos que hoy tutela el país que, mientras se resuelve el futuro político, se decrete ese aumento de emergencia, porque con hambre no hay democracia ni progreso”.

Insistió en que los adultos mayores reclaman que se aumente el monto de las pensiones e igualmente el salario mínimo, congelado desde 2022.

Aclaró que no se trata de un aumento populista sino una medida de protección humanitaria, de emergencia y justicia social mientras se procuran acuerdos políticos en la mesa de diálogo.

El partido en formación Poder Ciudadano (PC), a través de su presidente, Ítalo Zapata, exigió al recién designado Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional la aplicación de un baremo en la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La exigencia surge tras las denuncias de sectores de la sociedad civil, entre ellas las emitidas por la abogada Raquel Sánchez, coordinadora de Foro Penal Táchira, sobre la anulación de 561 postulaciones del proceso anterior a raíz de las negociaciones en la mesa de diálogo.

Ante este escenario, Zapata se pronunció por la transparencia en la selección y composición del nuevo poder judicial, exigiendo la publicación de las calificaciones, las actas de las entrevistas y la aplicación de un baremo técnico a todos los aspirantes.

También exigió el cumplimiento de los lapsos y permitir a los gremios profesionales y organizaciones civiles consignar las impugnaciones.

«La selección de los miembros del TSJ no puede ser vista como un reparto de cuotas políticas. El país exige jueces probos, idóneos y de irreprochable solvencia moral que devuelvan la credibilidad a las instituciones», dijo el dirigente político.

Zapata reiteró que la legitimidad del nuevo TSJ dependerá de que el proceso sea abierto a la contraloría ciudadana y distanciado de pactos a puerta cerrada.

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, contabilizó 163 incidentes y agresiones contra la prensa libre en Venezuela, afectando de forma directa a 155 comunicadores sociales.

Las cifras fueron detalladas por el secretario general del CNP de Caracas, Edgar Cárdenas, en su último reporte del Observatorio de Seguimiento de Agresiones.

En el informe, el directivo denuncia que en los primeros diez meses del año se han contabilizado 163 incidentes y ataques contra la prensa.

• Intimidación: 37 casos 
• Impedimento de cobertura: 26 casos 
• Hostigamiento: 16 casos 
• Deportación de corresponsales extranjeros: 15 casos 
• Ataques directos: 13 casos 
• Borrado de material: 12 casos 
• Amenazas: 7 casos 
• Cierre de emisoras de radio: 4 casos 
• Intento de robo de equipos: 1 caso 
• Decomiso de credencial: 1 caso 
• Detenciones arbitrarias: 23 casos

 “La labor informativa en Venezuela sigue estando severamente condicionada por estructuras de censura, hostigamiento y medidas coercitivas que buscan silenciar a los medios de noticias”.

“El ejercicio periodístico en Venezuela está bajo constante amenaza, buscando amedrentar y limitar el trabajo de los periodistas”.

Entre los hechos más graves destaca la amenaza contra el periodista Ricardo Tarazona, corresponsal de El Carabobeño y Qué Pasa en Venezuela, agredido en Yaracuy mientras documentaba la falta de ambulancias en la comunidad El Picure.

Asimismo, en el estado Lara, funcionarios policiales agredieron a comunicadores durante una actividad de la organización Familiares de Víctimas de Venezuela. 

A esto se suma el bloqueo aplicado el 22 de octubre en la Asamblea Nacional, donde se impidió a Televen y Venevisión transmitir la juramentación del comité de postulaciones judiciales.

Ante este panorama, Cárdenas exhortó al gobierno a cesar las persecuciones contra los reporteros, fotógrafos, corresponsales, periodistas y la prensa en todo el territorio nacional.