Aníbal Alexander Canelón Aguirre, conocido en las redes del cibercrimen como El Ingeniero y Prometeo, fue capturado en Venezuela tras años de evadir la justicia estadounidense. Su detención representa un hito histórico para los cuerpos de seguridad internacionales, ya que el Buró Federal de Investigación (FBI) ofrecía una recompensa de 1 millón de dólares por información que permitiera dar con su paradero. Catalogado formalmente como el primer «fugitivo cibernético» en la historia de la agencia, el sujeto figuraba desde marzo de 2026 en la lista de los 10 fugitivos más buscados del mundo por liderar complejas operaciones de hackeo y financiamiento ilícito a escala global.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó la exitosa aprehensión durante una comparecencia oficial ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos. Patel destacó que el delincuente ya se encuentra en proceso de extradición hacia territorio norteamericano para responder por sus crímenes. Horas después de las declaraciones iniciales, la cadena Fox News ratificó con fuentes de la agencia federal la identidad del detenido, confirmando que la estructura delictiva operaba como un brazo financiero de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua.

La red criminal de El Ingeniero: Del «ATM Jackpotting» al terrorismo internacional

Las investigaciones señalan a Canelón Aguirre como la mente maestra detrás de una millonaria red informática encargada de saquear instituciones financieras. El método principal utilizado por su banda era el denominado ATM jackpotting, una maniobra que consiste en infectar cajeros automáticos con programas maliciosos (malware) avanzados para vulnerar la seguridad del sistema informático y forzar la expulsión masiva de efectivo. Millones de dólares fueron sustraídos bajo este esquema, para posteriormente ser blanqueados a través de redes de lavado de dinero vinculadas directamente a grupos de crimen organizado.

El expediente judicial formal del caso se tramita en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nebraska, en la ciudad de Omaha, donde el 9 de diciembre de 2025 se emitió la orden de arresto federal en su contra. Las autoridades lo acusan de múltiples cargos graves, que incluyen:

• Conspiración para cometer fraude y robo bancario mediante la manipulación de redes financieras.
• Daños intencionados a sistemas informáticos protegidos e infraestructura cibernética.
• Conspiración para el lavado de dinero y ocultamiento de fondos ilícitos.
• Suministro de apoyo material a organizaciones terroristas, derivado de sus nexos financieros con el Tren de Aragua.

Este operativo conjunto de inteligencia forma parte del trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, en estrecha colaboración con la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, marcando el fin del imperio digital de uno de los ciberdelincuentes más buscados de la época.

Cicpc contabiliza 643 asesinatos en el país en lo que va de 2026, una cifra revelada por el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, durante su habitual emisión radial. Este reporte refleja una reducción estadística si se compara con el mismo periodo del año 2025, cuando la institución contabilizó 747 casos en el territorio nacional.

Según las declaraciones del máximo jefe policial, la tasa actual de homicidios se sitúa en 1,85 por cada 100.000 habitantes. Durante su intervención, Rico enfatizó el contraste entre la situación de seguridad del país en el presente y la violencia registrada en años anteriores, afirmando que los delitos de alto impacto han sufrido un freno drástico en su frecuencia.

«Aquí no hay mentiras. Hablar de los homicidios en 2008 era horrible, mataban para robar un teléfono o un carro, o por un secuestro», sostuvo Rico.

El vocero oficial insistió en que el comportamiento del delito en Venezuela muestra una clara tendencia a la baja, argumentando que la dinámica criminal de la última década ha cambiado sustancialmente a favor del orden público.

La controversia por la opacidad de los datos

A pesar del optimismo reflejado en los índices numéricos, la presentación de este balance ha reavivado las alarmas entre analistas, organizaciones no gubernamentales y expertos en criminología debido a la ausencia de contexto. Durante su alocución, la máxima autoridad del organismo detectivesco omitió datos cruciales para la comprensión integral del fenómeno delictivo en el país:

• Demografía de las víctimas: No se desglosó el género ni los rangos de edad de los fallecidos.
• Geolocalización del delito: Se omitieron los estados o municipios con mayor incidencia de casos.
• Móvil y modalidad: No se detallaron los mecanismos empleados ni las circunstancias de los sucesos.

Especialistas destacan que la ausencia de registros sistemáticos y desglosados dificulta la elaboración de análisis criminológicos independientes y la evaluación real del impacto de las políticas públicas de seguridad. Sin indicadores clave sobre el perfil de los hechos violento, la cifra total queda relegada a un dato aislado que impide verificar objetivamente el alcance de la reducción delictiva.

Representantes laborales de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y de diversos sectores productivos del oriente del país se reunieron en Caracas con el objetivo de consolidar un espacio de diálogo y presentar planteamientos orientados a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la fuerza laboral.

El encuentro contó con la participación de delegados de los estados Bolívar, Anzoátegui y Monagas pertenecientes a 25 áreas industriales. Entre las prioridades planteadas en el documento central, los asistentes señalaron la importancia de avanzar hacia una recuperación del ingreso que garantice un salario equivalente al estándar profesional de la región y ajustado a la realidad económica actual.

Asimismo, abogaron por que las propuestas formuladas desde las bases industriales sean tomadas en cuenta en las políticas de recuperación económica, solicitando una renovación en los espacios de vocería para que respondan efectivamente a las necesidades inmediatas de los trabajadores.

Durante la jornada, el dirigente obrero de Sidor, José Meléndez, destacó la necesidad de abrir canales de participación directos para el sector productivo y señaló que “no estamos contra nadie, estamos a favor de la gente”, al tiempo que resaltó el compromiso de la clase trabajadora con el bienestar colectivo.

Por su parte, el dirigente petrolero Robert González indicó que bajo la premisa de impulsar un diálogo nacional, la iniciativa contempla realizar recorridos por distintas regiones del país para continuar escuchando las solicitudes de las distintas ramas industriales.

González afirmó que “estamos construyendo la organización política de los trabajadores por sus derechos”, enfocados en mantener una agenda de consulta permanente que contribuya al fortalecimiento del sector productivo nacional.