El abogado y defensor de los derechos humanos Rafael Narváez hizo un llamado al gobierno y a la mesa de diálogo para que concedan una medida humanitaria que garantice una  Navidad sin presos políticos en Venezuela.

En un vídeo, Narváez, presidente de la Asociación Defensa por los Derechos Civiles, dijo que se compromete a no descansar hasta lograr la liberación de todos los presos políticos.

Indicó que Delcy Rodríguez decretó la Navidad desde el primer día de este mes de noviembre, pero “en los hogares los familiares de los presos políticos no podrán abrazar a sus seres queridos”.

“Estas familias y organizaciones en defensa de las garantías fundamentales han denunciado condenas injustas, procesos judiciales amañados, retardo procesal y condiciones de prisión crueles y violatorias a la dignidad humana”.

El penalista pidió a los venezolanos que lo acompañen en la lucha que no tiene tregua por la libertad de estas personas víctimas de prisión por motivos políticos.

“La lucha es para que el Estado venezolano les conceda el derecho humanitario y que vuelvan a sus casas para abrazar a sus madres, parejas, hijos, familiares y allegados”.

Narváez destacó el esfuerzo de los familiares de los presos políticos que, pese a las adversidades, se han mantenido en campamentos exigiendo justicia. 

“No las vamos a dejar solas y este defensor no va a descansar por la libertad de todos los presos políticos”, reiteró Narváez al insistir en su llamado a la sociedad a unirse a esta causa.

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma exhortó a los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la Cumbre Iberoamericana, clausurada este jueves 5 de noviembre en Madrid, a interceder para liberar a 332 presos políticos en Venezuela.

Ledezma, coordinador del Consejo Político Internacional del comando de María Corina Machado y Edmundo González, se dirigió a la Cumbre Iberoamericana en un artículo publicado en el portal web “El Debate”.

https://www.eldebate.com/internacional/20261105/oposicion-venezolana-pide-lideres-iberoamericanos-exigir-regimen-chavista-liberacion-presos-politicos_477518_amp.html

El exalcalde metropolitano de Caracas, exiliado en España desde 2017, urgió a la comunidad internacional, a los medios y a la ciudadanía a no mantener silencio y visibilizar lo que calificó de crimen de lesa humanidad.

Alertó sobre la gravedad en la que se encuentran los detenidos, e hizo especial atención al caso del coronel Oswaldo García Palomo, recluido desde hace más de siete años, con un estado de salud crítico y sin atención médica, según denuncia de sus familiares.

«Obligar a un ciudadano secuestrado a ingerir combustible y negarle el auxilio médico no es solo un acto de tortura; constituye un flagrante intento de asesinato», denunció Ledezma.

«La vida del coronel García Palomo corre un peligro inminente bajo la mirada cómplice de sus captores».

Según un reporte de la ONG Foro Penal, en Venezuela se contabilizan 322 presos políticos, entre ellos: 182 civiles y 140 militares. 307 hombres y 15 mujeres.

El dirigente de Primero Justicia (PJ) Carlos Ocariz solicitará ante la Unión Europea (UE), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos una auditoría al registro electoral permanente (REP).

En rueda de prensa, indicó que la iniciativa lo hará conjuntamente con otras organizaciones especializadas y solicitará, además, fiscalizar el listado electoral sin tener que esperar el nombramiento de los nuevos rectores del CNE.

«El país sabe que vamos a un proceso electoral. Estamos luchando por esa elección presidencial para 2027 y no hay que esperar a que se nombren los nuevos miembros del CNE para comenzar la revisión del REP», afirmó Ocariz.

El dirigente político denunció que el padrón electoral venezolano no se audita de forma integral desde 2005 y señaló que entre las exigencias figura la inscripción e incorporación de los venezolanos en el exterior.

Ocariz sostuvo que la reforma electoral debe avanzar en paralelo a las negociaciones políticas y al respaldo internacional.

«Un CNE nuevo con un registro viejo no resuelve el problema. Si queremos una salida institucional y democrática, la auditoría del registro tiene que empezar ya».