Desaparecidas en extrañas circunstancias, el caso de la odontóloga María Catalina Rivas Espinoza y su pequeña hija, Alejandra Sofía Rivas, sigue estremeciendo a la opinión pública al cumplirse casi dos años sin respuestas concretas. Aquel 15 de junio de 2024, lo que parecía ser una jornada habitual en el conjunto residencial Pinamar, en el municipio Mariño del estado Nueva Esparta, se convirtió en el inicio de una angustiosa espera que hoy mantiene en vilo a familiares y autoridades internacionales.

Cronología de una ausencia: Sin rastros en la Isla de Margarita

La última vez que se tuvo certeza sobre su paradero fue a través de las cámaras de seguridad de su residencia. En las grabaciones se observa el momento exacto en que María Catalina, de 44 años, y Alejandra Sofía abandonan el edificio. Sin embargo, un detalle clave ha desconcertado a los investigadores desde el primer día: el vehículo de la odontóloga nunca fue movido del estacionamiento.

Esta evidencia física ha permitido a los cuerpos policiales manejar dos hipótesis principales de gran peso. La primera sugiere que ambas pudieron haber salido por voluntad propia acompañadas de alguien de su entera confianza, lo que explicaría la falta de signos de lucha en el lugar. La segunda, mucho más alarmante, plantea la posibilidad de que fueran forzadas a abandonar su hogar por sujetos desconocidos.

Alerta Internacional: La búsqueda no se detiene

A pesar del tiempo transcurrido, la fe de sus allegados no decae, aunque el silencio administrativo y la falta de nuevos hallazgos pesen cada día más. Debido a la complejidad del caso y a la posibilidad de que hayan sido trasladadas fuera de las fronteras venezolanas, el expediente fue elevado a la Interpol. Esta medida busca activar los protocolos de búsqueda en más de 190 países, entendiendo que cada segundo cuenta cuando se trata de la integridad de una mujer y una menor de edad.

La comunidad de Nueva Esparta y el gremio de la salud siguen exigiendo celeridad en las investigaciones. Se insta a cualquier persona que pueda tener datos sobre su ubicación, por mínimos que parezcan, a comunicarse de inmediato con las autoridades competentes. La visibilidad de este caso es fundamental para evitar que los nombres de María Catalina y Alejandra Sofía pasen a formar parte del olvido estadístico.

Cicpc captura a otro implicado en el doble homicidio de padre e hijo en Táchira, marcando un hito crucial en la resolución de un caso que ha mantenido en vilo a la entidad andina. Tras días de intensas labores de inteligencia y rastreo de campo, los funcionarios de la Delegación Municipal San Cristóbal lograron la ubicación y aprehensión de un joven de 19 años, identificado como K. González (conocido como Carlier González). Este sujeto es señalado como uno de los autores materiales del dantesco asesinato de Marino Eduardo Quiroz Méndez (57) y su hijo, Willian Eduardo Quiroz González (30).

Detalles del hallazgo y la investigación

El horror se desató el pasado 14 de abril, cuando los cuerpos de los Quiroz fueron localizados en un avanzado estado de descomposición. El hallazgo tuvo lugar en la quebrada La García, específicamente en el sector San Rafael del municipio Cárdenas. Desde ese momento, el Cicpc activó un protocolo de investigación de alta prioridad, liderado por el comisario Douglas Rico, para dar con los responsables de este acto que enluta a la comunidad tachirense.

La captura de González representa un alivio para los familiares de las víctimas, sin embargo, el caso está lejos de cerrarse. Según los informes técnicos y el trabajo de inteligencia, el detenido no actuó solo. Se le adjudica una participación directa en el sometimiento y posterior ejecución de las víctimas, pero las autoridades han sido enfáticas: faltan piezas clave en este rompecabezas de violencia.

Prófugos identificados: La búsqueda continúa

El despliegue de seguridad en el estado Táchira se mantiene activo y con un enfoque riguroso. El Ministerio Público ya tiene bajo su jurisdicción al detenido de 19 años, pero los organismos de seguridad han emitido una alerta nacional para localizar a dos sujetos plenamente identificados como coautores del crimen:

• Jorge Emiro Chacón Mendoza (38 años): Actualmente prófugo y buscado por las comisiones policiales.
• José Octavio Briceño Pérez (35 años): Conocido bajo el alias de «Corneta», quien también posee orden de captura inmediata.

Un compromiso con la justicia

El Cicpc ha reafirmado su compromiso de no descansar hasta que todos los involucrados enfrenten la ley. Este proceso judicial, que ahora queda en manos del Ministerio Público, busca sentar un precedente contra la criminalidad en la región andina. La colaboración ciudadana y la efectividad de los cuerpos de seguridad son los pilares para erradicar la impunidad en estos casos de extrema gravedad.

Dictan 25 años de prisión a exalcaldesa y a una exdiputada, marcando un precedente en la lucha contra la criminalidad dentro de las filas del poder político regional. El Tribunal de Caracas dictó finalmente la sentencia definitiva contra Keyrineth Fernández, quien fuera la máxima autoridad del municipio Jesús María Semprún (estado Zulia), y Taina González, exintegrante de la Asamblea Nacional. Ambas fueron halladas culpables por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tras un proceso judicial que ha mantenido en vilo a la opinión pública desde principios de 2022.

Los detalles de la condena y el operativo en Falcón

La decisión judicial, confirmada este miércoles 15 de abril por familiares y la defensa técnica, pone fin a un capítulo de impunidad. La captura original se produjo el 27 de enero de 2022, cuando efectivos de la Policía Nacional Bolivariana interceptaron un convoy en una alcabala del estado Falcón. En los vehículos inspeccionados, las autoridades hallaron seis envoltorios rectangulares (panelas) con un peso superior a los 7 kilogramos de droga.

Lo que comenzó como una detención de rutina se transformó rápidamente en un escándalo de proporciones nacionales al confirmarse que las cabecillas del traslado eran funcionarias en ejercicio.

Un entorno familiar tras las rejas

La justicia no solo alcanzó a las figuras políticas. El tribunal impuso penas aún más severas para el círculo íntimo de la exalcaldesa, debido a cargos adicionales:

• Kender José Villalobos Epieyu (hermano): 27 años de prisión.
• Kevin Epieyu Machado (tío): 27 años de prisión.
• Gregorio Francisco Amaris (cuñado): 27 años de prisión.

Estas tres personas recibieron dos años adicionales de condena en comparación con Fernández y González, al ser hallados culpables no solo de narcotráfico, sino también de porte ilícito de armas de fuego, agravando su situación procesal.

Impacto y transparencia judicial

Este caso ha sido emblemático por la velocidad y la contundencia de las pruebas. La madre de la exalcaldesa, Idalina Epiayu, y el abogado defensor, Noviz Jiménez, confirmaron la sentencia en una entrevista reciente, subrayando que el sistema judicial ha mantenido una postura firme contra el tráfico de sustancias en la zona fronteriza y costera del país.

La condena de 25 años para Keyrineth Fernández envía un mensaje claro sobre las consecuencias de utilizar cargos de elección popular para facilitar actividades delictivas. Con esta resolución, se cierra un ciclo de investigaciones que involucró a más de ocho personas y que desmanteló una red de distribución que operaba entre los estados Zulia y Falcón.