(Por Yesenia Balza CNP 6590) El secretario general del MAS, Felipe Mujica, lamentó que la mesa de diálogo no se haya instalado y advirtió que los comunicados reflejan diferencias que generan dudas sobre el rumbo de la negociación.

El dirigente político hacía referencia a la reunión que habían previsto para el primero de agosto Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015 con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y Jorge Rodríguez en representación del interinato.

Mujica señaló que se desconocen las razones del desencuentro y contabilizó 18 intentos de negociación entre el gobierno y la oposición, sin acuerdos.

“Ojalá que esta vez prevalezca la voluntad de alcanzar acuerdos”, confió Mujica.

Comentó que mientras el gobierno habla de un diálogo con un sector de la oposición, el otro documento plantea que el objetivo es avanzar hacia una transición.

“La transición es un proceso que está en desarrollo y el gobierno no se ha pronunciado expresamente sobre esto sino sobre un conjunto de cambios”, indicó.

El dirigente del MAS insistió en que la negociación debe dar cabida a todos los sectores de la sociedad venezolana.

Mujica propuso mesas de trabajo para atender la situación social, las consecuencias del doble terremoto, la agenda institucional —incluida la liberación de los presos políticos— y la reinstitucionalización del Estado.

Precisó que este último punto debería abarcar la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y los demás poderes públicos, en estricto apego a la Constitución Nacional.

Defendió el restablecimiento de los derechos ciudadanos, lo que, a su juicio, implica permitir el regreso de la población migrante y garantizar el ejercicio pleno de la actividad pública.

Los líderes del partido político Unidad Democracia Renovadora (UDR) solicitan al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio medidas judiciales en contra de Delcy Rodríguez y de su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

También acciones judiciales contra Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz; y al exministro de la Defensa Vladimir Padrino López.

El petitorio fue dado a conocer por los dirigentes nacionales de la organización política, encabezados por su presidente, José Mejías; el secretario general, José Gregorio García Urquiola; y por la segunda vicepresidenta, Coromoto Ramos.

El TSJ en el exilio es un órgano judicial paralelo conformado por 33 magistrados, juramentados en 2017 por la Asamblea Nacional 2015, que opera desde el exterior.

La abogada Ramos informó que Democracia Renovadora pide al TSJ en el exilio cinco acciones judiciales en contra de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.

1. Prohibición de enajenar y gravar bienes nacionales e internacionales.
2. Embargo preventivo de cuentas y activos.
3. Prohibición de salida del país y oficiar a migración e Interpol.
4. Solicitud de alerta roja a Interpol.
5. Congelamiento de activos ante OFAC, UE, Reino Unido y Canadá.

La vicepresidenta de UDR indicó que la solicitud judicial se fundamenta en las denuncias en contra del régimen entre ellas “saqueo sistemático del patrimonio público mediante peculado, legitimación de capitales y delincuencia organizada”.

La abogada dijo que estas medidas son para “garantizar la repatriación de los bienes saqueados y que ninguna negociación se haga con impunidad”.

Ramos considera que en Venezuela no hay presidente, “el cargo está vacante” e indicó que Delcy Rodríguez ejerce una función ilegal, tutelada por el Gobierno de Estados Unidos.

El abogado internacionalista Leomagno Flores sostiene que la clave para devolver los partidos políticos secuestrados a sus legítimas autoridades es la realización de elecciones primarias, advirtiendo que los pactos políticos o fallos judiciales representan una “trampa de legitimidad”.

La propuesta surge en el marco de las discusiones entre la Asamblea Nacional de 2015 y el parlamento oficialista sobre la hoja de ruta para la estabilidad, fortalecimiento institucional y la democratización del país.

“En el marco del restablecimiento de las garantías para la participación política, la recuperación nacional y la reinstitucionalización del país, debería abordarse el tema de cómo resolver el secuestro de los partidos políticos venezolanos”, destacó Flores.

El especialista cuestionó la opción evaluada por sectores de la oposición, como la presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera, que plantea devolver las tarjetas electorales mediante acuerdos políticos o sentencias del Tribunal Supremo de Justicia.

Para Flores, quien promueve la reunificación de los partidos políticos judicializados, esta fórmula acarrea severos riesgos.

“En primer lugar, inseguridad jurídica: lo que hoy se devuelve por una contra sentencia, mañana se puede expropiar por otra”.

“Falta de respaldo popular: las directivas partidistas recibirán las organizaciones mediante negociaciones a puerta cerrada y no por el apoyo de sus bases”.

Frente al atajo jurídico o un acuerdo tutelado, Flores plantea que la clave es celebrar elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para todas las organizaciones intervenidas.

“No es un juez ni una comisión parlamentaria en el exilio los que deciden el liderazgo legítimo de un partido; son sus militantes a través del voto directo”. 

“Devolver las tarjetas por decreto es un analgésico temporal; la propuesta PASO es la cura definitiva”, sostiene el dirigente político.