El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por Acción Democrática (AD) José Gregorio Correa defendió la decisión de llevar la controversia por la Guayana Esequiba ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pese a reconocer que el tribunal ha actuado de manera “parcializada” a favor de Guyana.

El parlamentario admitió que en un principio se oponía a esa vía, pero hoy considera que Venezuela “nunca debió dejar de acudir a todos los escenarios internacionales” para exponer sus argumentos históricos.

“Al principio estaba muy en contra, pero creo que hay que asistir a todos los organismos a exponer nuestra razón. Ese Esequibo es nuestro desde siempre, por decisión de Carlos III cuando se creó la Capitanía General de Venezuela”.

El diputado dijo que aunque la CIJ pueda ser hostil a los intereses nacionales, el país tiene la obligación de explicar su posición allí y en cualquier foro.

“Algo me hace pensar y creer que es bueno que vayamos, porque nunca debimos haber dejado de ir”, recalcó.

Para sustentar su postura, Correa evocó un pasaje histórico vinculado al Libertador.

“Simón Bolívar señaló, cuando la guerra de Independencia, que del margen oeste del río Esequibo hacia acá, todo el que estuviera viviendo tenía la obligación de defender el territorio venezolano, detalló.

¿Cómo no ir a La Haya y cómo no explicar allí y en todos los escenarios?”, se preguntó el parlamentario, quien insistió en que el diferendo territorial tiene un componente totalmente político y no jurídico, más allá de las argucias legales que pueda presentar Guyana.

“Creo que teníamos páginas oscuras y se pasan. Hay que buscar una Venezuela del futuro, con nuevas inversiones destinadas al gasto social”, afirmó.

El diputado concluyó con un mensaje de dimensión histórica: “Todas las generaciones que vienen, 500 años más, ese Esequibo será nuestro, y 500 años antes también era nuestro. Todos somos pasajeros”.

Yesenia Balza CNP 6590.- La vicepresidenta nacional del MAS, María Verdeal, cuestionó el reciente ajuste del ingreso integral anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al considerar que no representa un verdadero aumento salarial ni resuelve la grave crisis que enfrenta la clase trabajadora.

Aseveró que la medida solo se limitó al incremento en los bonos, sin incidencia en prestaciones sociales, vacaciones u otros beneficios contractuales, lo que a su juicio, mantiene intacta la precarización del ingreso.

«El esquema actual, sustentado en bonos, contraviene el marco constitucional y laboral. Todo este andamiaje construido con decretos y resoluciones ha devenido en una situación de miseria para los trabajadores; incapaz de cubrir la canasta básica alimentaria”, apuntó.

Verdeal recordó que han transcurrido más de 1.500 días sin aumento del salario mínimo contados desde el 15 de marzo de 2022 y que de actualizarse, debería impactar toda la tabla salarial de la administración pública.

Aunque reconoció que el acuerdo surgió de una comisión tripartita, pero calificó el anuncio como “frustrante” para los trabajadores. 

Verdeal también alertó sobre las distorsiones del modelo económico, marcadas por la dolarización informal y la coexistencia de múltiples tasas de cambio.

“Estas discrepancias podrían generar una inflación desbordada. No basta con ajustes parciales; el problema es estructural”, apuntó.

Insistió en que los trabajadores no pueden seguir esperando soluciones de largo plazo mientras se deteriora su calidad de vida.

Como medida paliativa, propuso extender el bono de corresponsabilidad que en algunos entes públicos alcanza hasta los 600 dólares, a jubilados y pensionados.

“No es salario pero podría aliviar parcialmente la situación mientras se corrige el desastre acumulado”, señaló.

La abogada Coromoto Ramos, segunda vicepresidenta del partido Unidad Democracia Renovadora (UDR), se pronunció a favor de la designación inmediata de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). 

La propuesta busca evitar la repetición de las irregularidades registradas el pasado 28 de julio de 2024 y garantizar un proceso transparente.

​Ramos respaldó la postura de la líder opositora María Corina Machado, subrayando que la renovación del ente comicial es un paso urgente para cumplir con el mandato constitucional.

Propuso una junta electoral ad hoc integrada por universidades, gremios profesionales, iglesias y sociedad civil organizada. 

“Su misión inmediata es abrir el registro electoral e incluye a ocho millones de venezolanos en el exterior”. 

Ramos pidió que el nuevo CNE debe autorizar la inscripción de nuevos partidos políticos sin trabas ni inhabilitaciones políticas que han asfixiado la participación. 

También pidió devolver las tarjetas electorales a sus autoridades legítimas y denunció que las principales organizaciones de la Plataforma Unitaria Democrática (Acción Democrática, Copei, Primero Justicia y Voluntad Popular) permanecen bajo intervención judicial.

​Asimismo, hizo un llamado a favor de las organizaciones de la alianza Todos Somos Unidad, entre las que mencionó a Unidad NOE, Movimiento Ecológico, Parlinve, Sociedad Indígena, Movimiento Republicano, Nuvipa, Unparve y Moverse. 

​Ramos instó a anular las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que permitieron lo que calificó como el «secuestro» de las siglas antichavistas.

Elecciones en 180 días

Dijo que el objetivo del nuevo CNE es convocar elecciones presidenciales y parlamentarias en un plazo de 180 días. 

“Con observación internacional de la OEA, UE y Centro Carter”, agregó la abogada que pidió desmontar la estructura represiva del gobierno y liberar a todos los presos políticos.