Cicpc contabiliza 643 asesinatos en el país en lo que va de 2026, una cifra revelada por el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, durante su habitual emisión radial. Este reporte refleja una reducción estadística si se compara con el mismo periodo del año 2025, cuando la institución contabilizó 747 casos en el territorio nacional.

Según las declaraciones del máximo jefe policial, la tasa actual de homicidios se sitúa en 1,85 por cada 100.000 habitantes. Durante su intervención, Rico enfatizó el contraste entre la situación de seguridad del país en el presente y la violencia registrada en años anteriores, afirmando que los delitos de alto impacto han sufrido un freno drástico en su frecuencia.

«Aquí no hay mentiras. Hablar de los homicidios en 2008 era horrible, mataban para robar un teléfono o un carro, o por un secuestro», sostuvo Rico.

El vocero oficial insistió en que el comportamiento del delito en Venezuela muestra una clara tendencia a la baja, argumentando que la dinámica criminal de la última década ha cambiado sustancialmente a favor del orden público.

La controversia por la opacidad de los datos

A pesar del optimismo reflejado en los índices numéricos, la presentación de este balance ha reavivado las alarmas entre analistas, organizaciones no gubernamentales y expertos en criminología debido a la ausencia de contexto. Durante su alocución, la máxima autoridad del organismo detectivesco omitió datos cruciales para la comprensión integral del fenómeno delictivo en el país:

• Demografía de las víctimas: No se desglosó el género ni los rangos de edad de los fallecidos.
• Geolocalización del delito: Se omitieron los estados o municipios con mayor incidencia de casos.
• Móvil y modalidad: No se detallaron los mecanismos empleados ni las circunstancias de los sucesos.

Especialistas destacan que la ausencia de registros sistemáticos y desglosados dificulta la elaboración de análisis criminológicos independientes y la evaluación real del impacto de las políticas públicas de seguridad. Sin indicadores clave sobre el perfil de los hechos violento, la cifra total queda relegada a un dato aislado que impide verificar objetivamente el alcance de la reducción delictiva.

Representantes laborales de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y de diversos sectores productivos del oriente del país se reunieron en Caracas con el objetivo de consolidar un espacio de diálogo y presentar planteamientos orientados a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la fuerza laboral.

El encuentro contó con la participación de delegados de los estados Bolívar, Anzoátegui y Monagas pertenecientes a 25 áreas industriales. Entre las prioridades planteadas en el documento central, los asistentes señalaron la importancia de avanzar hacia una recuperación del ingreso que garantice un salario equivalente al estándar profesional de la región y ajustado a la realidad económica actual.

Asimismo, abogaron por que las propuestas formuladas desde las bases industriales sean tomadas en cuenta en las políticas de recuperación económica, solicitando una renovación en los espacios de vocería para que respondan efectivamente a las necesidades inmediatas de los trabajadores.

Durante la jornada, el dirigente obrero de Sidor, José Meléndez, destacó la necesidad de abrir canales de participación directos para el sector productivo y señaló que “no estamos contra nadie, estamos a favor de la gente”, al tiempo que resaltó el compromiso de la clase trabajadora con el bienestar colectivo.

Por su parte, el dirigente petrolero Robert González indicó que bajo la premisa de impulsar un diálogo nacional, la iniciativa contempla realizar recorridos por distintas regiones del país para continuar escuchando las solicitudes de las distintas ramas industriales.

González afirmó que “estamos construyendo la organización política de los trabajadores por sus derechos”, enfocados en mantener una agenda de consulta permanente que contribuya al fortalecimiento del sector productivo nacional.

Hurto de tuberías de PDVSA en Lagunillas ha generado una contundente respuesta por parte de los organismos de seguridad del estado Zulia, marcando un hito en la protección de la infraestructura energética nacional. Funcionarios adscritos a la Delegación Municipal Ciudad Ojeda del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la aprehensión de Ronald José Estrada Rondón, de 34 años de edad, en el sector Las Granjas, ubicado en la avenida principal de la parroquia Libertad, municipio Lagunillas.

El operativo, liderado por la policía científica, desmanteló una operación delictiva que afectaba de manera directa a los equipos de extracción de hidrocarburos. Según las declaraciones emitidas por el Comisario General Douglas Rico, director del Cicpc, el sujeto utilizaba habilidades técnicas para sustraer de manera sistemática los tubos de bombeo mecánico instalados en las unidades operativas de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Esta modalidad delictiva buscaba alimentar un mercado negro de metales y materiales estratégicos, donde las piezas extraídas eran comercializadas de forma ilegal para el beneficio económico personal del implicado. Este tipo de actos no solo representa una pérdida material considerable, sino que paraliza la producción petrolera en zonas clave de la Costa Oriental del Lago, dañando la economía regional y afectando el suministro operativo de la nación.

Gracias a las denuncias comunitarias y a un minucioso trabajo de inteligencia de campo, las comisiones del Cicpc lograron rastrear la ubicación del sospechoso, deteniéndolo en flagrancia con evidencias que lo vinculan directamente con el delito contra la propiedad estatal. El ciudadano detenido ya fue puesto de manera formal a la orden del Ministerio Público, organismo encargado de imputar los cargos correspondientes por los delitos cometidos contra el patrimonio público y materiales estratégicos del Estado venezolano.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo los bienes nacionales y la tranquilidad de las comunidades en el estado Zulia.