Con las credenciales de doctor en derecho constitucional y un doctorado en economía y administración, el abogado Luis Alberto Martínez anunció oficialmente su postulación como candidato a magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Martínez fundamenta su aspiración en la necesidad de transformar el rumbo institucional y financiero del país y así lo planea en su libro “Reforma Constitucional para un nuevo sistema de Gobierno en Venezuela y un proyecto país”.

Explicó que su propuesta busca cambiar el modelo político y económico actual por un sistema parlamentario bicameral y una estructura de libre mercado, bajo la premisa de que el Estado debe dejar de intervenir en todos los sectores.

«Venezuela requiere el fortalecimiento de sus instituciones y un sistema de justicia que genere confianza y seguridad jurídica», dijo.

Martínez promueve la simplificación de los trámites judiciales para acelerar la toma de decisiones y atraer inversiones que impulsen el bienestar colectivo.

De formar parte de la nueva composición del TSJ, el candidato ratificó su compromiso de servir a la nación con total independencia, equilibrio y transparencia.

A su juicio, el máximo tribunal debe ser el garante de la paz social, el estado de derecho y el progreso económico de los venezolanos.

El movimiento político en formación Poder Ciudadano presentó una propuesta institucional para destrabar la crisis política que atraviesa Venezuela, enfocada en la urgencia de renovar el Poder Electoral de forma transitoria.

La iniciativa surge ante lo que la organización califica como un vacío institucional crítico que busca devolver la estabilidad democrática mediante un mecanismo transparente, consensuado y de ejecución inmediata.

El proyecto consiste en la creación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) provisional cuya tarea exclusiva sería diseñar un cronograma urgente para convocar a nuevas elecciones presidenciales durante el año 2026.

La propuesta se fundamenta en un reglamento electoral especial de seis artículos transitorios que regulan la constitución, organización y funcionamiento de este ente para iniciar la reconstrucción democrática del país.

«Venezuela vive una ausencia absoluta en el cargo presidencial», afirmó Ítalo Zapata, presidente del movimiento Poder Ciudadano.

«El próximo 3 de julio se cumplen seis meses de la captura de Nicolás Maduro, provocando una crisis que urge resolver».

Indicó que este CNE transitorio no busca perpetuarse en el poder puesto que su mandato expirará una vez proclamadas las nuevas autoridades electas y asumidos sus cargos.

«La permanencia de los rectores debe estar orientada al rescate de la confianza ciudadana en el voto», agregó Zapata.

Para garantizar la autonomía operativa del nuevo ente, dijo que los recursos financieros serán asignados directamente por el tesoro nacional.

“Esto evitará dependencias políticas o presiones externas que puedan comprometer la imparcialidad del proceso electoral”, agregó.

El proyecto prevé que el consejo electoral provisional estará sujeto a estrictas auditorías con la participación de técnicos de partidos políticos, universidades, organizaciones de la sociedad civil y expertos internacionales.

La abogada y doctora en Ciencias Políticas María Elena Cabrera Armas presentará su candidatura ante el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, con la aspiración de ocupar un cargo de magistrada en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La aspirante cuenta con un doctorado de la Universidad Simón Bolívar y más de 15 años de experiencia en la docencia universitaria.

Cabrera posee una sólida trayectoria en derecho laboral, derecho mercantil y litigio profesional, además de haber representado a Venezuela ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al anunciar su postulación, Cabrera compartió su visión sobre el sistema judicial del país.

«La justicia venezolana debe ser un sistema robusto, fundamentado en la equidad y la transparencia, que garantice el estricto cumplimiento de los derechos ciudadanos», afirmó.

«El TSJ debe consolidarse como el pilar fundamental de la institucionalidad democrática», aseguró la jurista.

«El máximo tribunal tiene el deber ineludible de asegurar la paz social, la seguridad jurídica y el apego absoluto a la Constitución», concluyó.