El partido Unidad Democracia Renovadora (UDR), a través de su vicepresidenta, Coromoto Ramos, cuestionó la inacción de la mesa de diálogo —designada por el Gobierno de Estados Unidos— ante la falta de convocatoria a elecciones presidenciales en el país.

“Lo más importante es la voluntad de organizar las elecciones presidenciales en Venezuela; la población está lista para participar”, aseveró Ramos.

La abogada reiteró la exigencia de fijar una fecha para los comicios, habilitar formalmente a las organizaciones políticas intervenidas por el régimen y restituir sus tarjetas electorales. 

Remarcó que han transcurrido diez meses desde la captura de Nicolás Maduro sin que exista un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) ni un cronograma oficial.

Para Coromoto Ramos, la delegación de la mesa de diálogo —conformada por el gobierno tutelado y representantes de la Asamblea Nacional de 2015— opera con lentitud calculada.

“Avanzan a paso lento con la intención deliberada de retrasar, obstruir e impedir que haya elecciones en Venezuela”.

La vicepresidenta de UDR alertó sobre los intereses económicos de Estados Unidos que perpetúan esta parálisis institucional.

“El negocio es que no haya elecciones en Venezuela, porque EE. UU. tiene asegurado el suministro petrolero mediante contratos ilegales y sin garantía jurídica con el interinato de los hermanos Rodríguez”, afirmó.

Ramos advirtió que la mesa de diálogo intentará apaciguar el malestar social anunciando fechas tentativas para 2027 que luego se dilatarán con excusas técnicas hasta 2028.

“Inventarán cualquier pretexto para retrasar deliberadamente las presidenciales como que una de las maletas se extravió en Maiquetía o alguien suspendió su vuelo a Caracas”.

Ante este escenario, la dirigente política de UDR hizo un llamado a la población venezolana a ejercer presión en las calles para exigir de inmediato la convocatoria a comicios presidenciales.

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La Organización Latinoamericana de Capellanes de los Derechos Humanos (Orgalatín), encabezada por su presidente Marcelo Díaz Bracho, solicitó la asignación de un bono extraordinario de 500 dólares mensuales para los pensionados y jubilados de Venezuela.

Díaz Bracho señaló que esta compensación representa un alivio ante la crisis económica e inflación que afecta a más de cinco millones de adultos mayores en el país. 

El dirigente contrapuso el monto actual de la pensión —fijado en 130 bolívares, equivalente a 0,15 centavos de dólar según la tasa del Banco Central de Venezuela— frente al costo de la canasta básica alimentaria, en 750 dólares mensuales.

“El monto de las pensiones y jubilaciones se mantiene estancado desde hace cuatro años. Entrar en discusiones sobre un aumento salarial formal resulta un camino interminable e inútil para la urgencia de nuestros adultos mayores”, afirmó el jurista.

Además, criticó la inacción en los espacios de concertación política y la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, al remarcar que se omiten los reclamos de la tercera edad a pesar de los ingentes ingresos petroleros.

El presidente de Orgalatín respaldó las gestiones emprendidas por representantes del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores ante la comisionada de la mesa de diálogo Dinorah Figuera.

Díaz dijo, que luego del encuentro la doctora Figuera, designada por el presidente Donald Trump para el diálogo con el gobierno interino, calificó de justa las demandas de los jubilados y pensionados.

“Pero la inacción permanece; no hay nada para los adultos mayores y ante la precaria situación económica un beneficio económico directo de 500 dólares mensuales es justa, urgente e indispensable”, insistió el presidente de Orgalatín.

El coordinador de la asociación Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, denunció que la justicia internacional ha sido ineficaz contra el aparato represivo del Estado venezolano el cual se mantiene plenamente activo.

Narváez, miembro de la dirección nacional de Acción Democrática en Resistencia, fijó su posición a propósito de los recientes pronunciamientos de la ONU, y cuestionó la inacción de los organismos multilaterales ante la crisis humanitaria y jurídica del país.

“La comunidad internacional tiene pleno conocimiento de las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano desde 2014, 2017 y 2024”, precisó el abogado.

Criticó que los organismos internacionales solo han visibilizado lo ocurrido, “pero han sido ineficaces para hacer justicia y reparar el daño causado a las víctimas y sus familias».

El activista de derechos humanos detalló el incumplimiento de las instituciones internacionales:

• OEA y Sistema Interamericano: La Comisión y la Corte Interamericana cuentan con un expediente masivo de pruebas consignadas por víctimas y defensores, sin que esto se traduzca en medidas de protección efectivas.
• ONU: A través del Consejo de Derechos Humanos y la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, se han elaborado seis informes detallados que identifican a los responsables directos de los crímenes; sin embargo, las acciones no han ido más allá del papel.
• Corte Penal Internacional: calificó de «triste» el rol del organismo pese haber rechazado los recursos del Estado venezolano pero el proceso de investigación y procesamiento penal se encuentran paralizados sin justificación.

Narváez exhortó a la comunidad internacional a abandonar la neutralidad y activar de inmediato los mecanismos de sanción y juzgamiento para frenar la impunidad en Venezuela.