Militantes de Acción Democrática se reunirán este fin de semana en busca de resolver las divisiones internas provocadas por la judicialización que afectan actualmente a los partidos políticos de la oposición venezolana. 

El encuentro, denominado Pleno Zonal de Oriente, se celebrará en la ciudad de Barcelona y sumará a líderes de Caracas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Monagas y Nueva Esparta.

La cita busca dar continuidad a los planes de reunificación de las distintas estructuras partidistas afectadas actualmente por constantes intervenciones de origen judicial, impulsadas por el gobierno chavista.

Leomagno Flores, abogado y promotor por la “reunificación” de Acción Democrática, lidera esta iniciativa nacional. 

El vocero explicó que en el Pleno Zonal de Oriente se evaluará la crisis operativa que sufren las organizaciones políticas debido a las medidas intervencionistas impuestas por el gobierno chavista a través del Tribunal Supremo de Justicia.

“El objetivo es proponer un mecanismo técnico, viable y rápido frente a la crisis divisionista. Creemos que la solución definitiva a este conflicto institucional debe alcanzarse mediante la ejecución de elecciones internas”, dijo Flores.

El portavoz señaló que la alternativa para renovar las autoridades partidistas y reunificar a su militancia es implementar Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Flores dijo que el proceso requiere obligatoriamente tres garantías institucionales clave para asegurar su transparencia: primero, soporte técnico de expertos electorales, segundo, total coordinación a cargo de un equipo independiente ad hoc.

Por último, el plan contempla la supervisión internacional de organismos como el Centro Carter, la OEA y la ONU.

Una fórmula técnica para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que garantice la celebración de la elección presidencial este año, sin dilaciones políticas ni esperas burocráticas, propone a los venezolanos el movimiento político Poder Ciudadano (PC).

El movimiento en formación presenta un mecanismo constitucional orientado a destrabar el proceso electoral y restituir la ausencia del cargo presidencial tras la captura de Nicolás Maduro.

Ítalo Zapata, presidente de PC y egresado de la UCV, afirmó que los plazos de 7 a 8 meses para una solución electoral son inaceptables y que la urgencia exige decisiones técnicas y transparentes desde la sociedad civil.

“La elección presidencial no puede postergarse por negociaciones que prolonguen la crisis institucional”, subrayó Zapata.

Indicó que la propuesta técnica que presenta el movimiento político que dirige plantea tres condiciones para la nueva autoridad electoral que permitan confianza y rapidez en la organización comicial.

Primero, un CNE transitorio conformado por miembros ad honorem con independencia en sus actuaciones y reducir costos.

Segundo, la postulación debe hacerse desde las universidades nacionales y colegios profesionales para asegurar criterios técnicos y académicos.

Y por último, garantía de participación sin inhabilitaciones políticas y la restitución de tarjetas electorales a las organizaciones afectadas por intervenciones judiciales.

“Poder Ciudadano llama a la comunidad universitaria, colegios profesionales y actores políticos a respaldar el procedimiento constitucional propuesto para nombrar un CNE de emergencia y así convocar la elección presidencial este año”.

El movimiento insiste en que la restitución del poder presidencial debe ejecutarse con celeridad y conforme a la Constitución, evitando vacíos que prolonguen la inestabilidad política en el país.

La Federación Médica Venezolana (FMV) exigió al Gobierno nacional activar los protocolos de Minnesota y de Estambul tras el fallecimiento de Carmen Navas, diez días después de enterarse, tras un doloroso peregrinaje, del deceso de su hijo bajo custodia estatal.

Ambos instrumentos son dos manuales jurídicos y forenses internacionales de Naciones Unidas, fundamentales para investigar violaciones graves a los derechos humanos y proteger el derecho a la vida e integridad personal.

El presidente de la FMV, Douglas León Natera, informó que el caso de Víctor Hugo Quero configura severas violaciones a los derechos humanos luego que las autoridades ocultaron el fallecimiento del ciudadano a sus familiares durante nueve meses.

Doña Carmen no resistió el impacto físico y falleció diez días después de recibir la infausta noticia del deceso de su hijo.

León Natera calificó el hecho como un trato inhumano que vulnera el derecho a la verdad y recordó que el Estado es el garante constitucional de la vida y la salud de toda persona privada de libertad.

Ante la existencia de un acta de defunción cuya pericia técnica se desconoce, el galeno exigió al gobierno transparencia institucional y demanda el estricto cumplimiento de la ética médica en este caso.

Desde la perspectiva forense, la FMV exige aclarar de inmediato si existió un historial clínico en el centro de reclusión; la identificación del médico que certificó la muerte, así como precisar el lugar y la fecha real del deceso.

El representante gremial dijo que la gravedad del caso obliga a activar el Protocolo de Minnesota para la investigación de muertes bajo custodia estatal, así como el Protocolo de Estambul si se confirman indicios de tortura. 

León Natera afirmó que el Estado venezolano está obligado a dar respuestas claras ante este tipo de tragedias que enlutan al país. 

“Hoy Venezuela está de luto”, expresó el galeno.