Política
Candidato a la Gobernación declina y hace llamado a la unidad y la reconciliación
Jesús Peña, Coordinador General del partido Confederación Nacional Democrática(CONDE), renuncia a sus aspiraciones y prioriza el bienestar colectivo del estado.
En una declaración sorpresiva que ha resonado hace más de dos días en el ámbito político estatal, Jesús Peña, Coordinador General del Partido Confederación Nacional Democrática(CONDE) quien se postulaba para la Gobernación del estado Trujillo y con el apoyo de otras organizaciones políticas como el Movimiento Republicano así como de empresarios del estado Trujillo, anunció su decisión de declinar su candidatura a favor del Dr. Francisco Montilla. Este inesperado giro en la carrera electoral ha generado diversas reacciones, pero el mensaje central del candidato se ha enfocado en la necesidad de unidad y reconciliación para el progreso de la región.
Peña explicó que su decisión, aunque difícil, está motivada por un profundo compromiso con el bienestar del estado Trujillo. “He visto de cerca la polarización que ha dividido a nuestro estado, y creo firmemente que en estos momentos, la unidad es crucial para superar los desafíos que enfrentamos”, declaró en un comunicado de prensa.
“No se trata de ambiciones personales, sino del futuro de nuestro estado y creemos firmemente que el Dr. Francisco Montilla es el candidato ideal con el apoyo de más de 15 organizaciones políticas y 5 alcaldes opositores. Es momento de dejar de lado las diferencias y trabajar juntos por un objetivo común: construir un Trujillo más próspero y equitativo para todos”, añadió.
El ex candidato hizo un llamado a la reflexión a los demás contendientes y a la ciudadanía en general, apoyar al Dr. Montilla ya que es el único candidato que tiene opción de ganar la gobernación instando a la búsqueda de consensos y a la construcción de puentes de diálogo. «La reconciliación no es una opción, es una necesidad imperante. Debemos aprender a escucharnos, a respetarnos y a trabajar juntos por el bien común», enfatizó.
Si bien ha expresado explícitamente su apoyo total al Dr. Francisco Montilla ha dejado claro que su prioridad es el bienestar del estado y que colaborará para que haya un cambio en la región. Sin embargo, el llamado a la unidad y la reconciliación ha resonado fuertemente, dejando una importante lección sobre la importancia de priorizar el bienestar colectivo por encima de las ambiciones personales.
Política
UDR exige aumento inmediato para los pensionados y jubilados
“No queremos más reuniones ni más anuncios. Aumento ya”, reclamó Coromoto Ramos de elevar los ingresos ante una canasta de 785 dólares
La vicepresidenta del partido Unidad Democracia Renovadora (UDR), Coromoto Ramos, se pronunció sobre el reciente encuentro entre representantes de pensionados y jubilados con Dinorah Figuera, pero advirtió que la tercera edad no necesita más promesas sino acciones concretas e inmediatas.
El pronunciamiento ocurre tras la reunión sostenida el pasado lunes 10 de agosto por el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores con Figuera, en la que se expuso la precaria situación económica del sector.
Aunque Figuera calificó en sus redes sociales las demandas como «justas y necesarias», Ramos insistió en que el compromiso debe traducirse en soluciones reales.
“No queremos más reuniones ni anuncios, queremos aumento ya”, reclamó la dirigente política al insistir que los jubilados y pensionados no pueden seguir esperando.
“Los adultos mayores reclaman que se ejecuten de inmediato acciones: un aumento de las pensiones e incremento del salario mínimo, el cual permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes a 0,10 centavos de dólar”, declaró la abogada.
Ramos criticó la asignación de bonificaciones a través del sistema Patria —que oscilan entre 70 dólares para pensionados y 150 dólares para jubilados— al denunciar que no constituyen un ingreso formal digno y generan exclusión.
“En ese programa gubernamental predomina la discriminación, puesto que no todos los beneficiarios reciben el pago y la población migrante ha sido totalmente excluida desde hace años”.
Para la vicepresidenta de UDR, el dramatismo de la crisis se evidencia en los reportes del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), los cuales ubican el costo de la canasta alimentaria familiar en más de $785 dólares.
“El aumento debe ser ahora” exigió la vicepresidenta de UDR.
Política
El CNP Caracas denuncia 134 agresiones a la prensa en 2026
23 detenciones arbitrarias y aumentan las amenazas contra los periodistas, alerta el secretario general del CNP Caracas, Edgar Cárdenas
Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) contabilizó 134 agresiones contra el ejercicio del periodismo libre en el país, consolidando un patrón sistemático de amedrentamiento y censura.
El secretario general del CNP Caracas, Edgar Cárdenas, calificó de grave las cifras al presentar el informe del Observatorio de Seguimiento de Agresiones.
“134 periodistas fueron agredidos, entre ellos 23 detenidos arbitrariamente”, alertó.
“El ejercicio periodístico en Venezuela está bajo constante amenaza mediante un marco punitivo que busca amedrentar y criminalizar la labor de quienes reportan la realidad”.
Cárdenas alertó sobre el acoso institucional y policial diseñado para frenar la cobertura de hechos de alto impacto público, como los sismos del 24 de junio, coyuntura en la que se registraron 9 vulneraciones a reporteros independientes y equipos de televisión en el área metropolitana y La Guaira.
Denunció que seis comunicadores previamente excarcelados siguen sometidos a medidas cautelares restrictivas que violan sus derechos fundamentales.
Balance de agresiones (Enero – Julio 2026):
Intimidación: 24
Impedimento de cobertura: 23
Detenciones arbitrarias: 23
Deportación de corresponsales extranjeros: 15
Ataques directos: 13
Borrado de material periodístico: 12
Hostigamiento: 12
Amenazas: 6
Cierre de emisoras de radio: 4
Decomiso de credencial: 1
Intento de robo de equipos: 1
“Informar no es un delito; es una garantía fundamental para la ciudadanía”, destacó el dirigente gremial.
Política
El MAS lamenta retraso del diálogo y exige una negociación sin exclusiones
Nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo de Justicia debe ser la prioridad, considera Felipe Mujica
(Por Yesenia Balza CNP 6590) El secretario general del MAS, Felipe Mujica, lamentó que la mesa de diálogo no se haya instalado y advirtió que los comunicados reflejan diferencias que generan dudas sobre el rumbo de la negociación.
El dirigente político hacía referencia a la reunión que habían previsto para el primero de agosto Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015 con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y Jorge Rodríguez en representación del interinato.
Mujica señaló que se desconocen las razones del desencuentro y contabilizó 18 intentos de negociación entre el gobierno y la oposición, sin acuerdos.
“Ojalá que esta vez prevalezca la voluntad de alcanzar acuerdos”, confió Mujica.
Comentó que mientras el gobierno habla de un diálogo con un sector de la oposición, el otro documento plantea que el objetivo es avanzar hacia una transición.
“La transición es un proceso que está en desarrollo y el gobierno no se ha pronunciado expresamente sobre esto sino sobre un conjunto de cambios”, indicó.
El dirigente del MAS insistió en que la negociación debe dar cabida a todos los sectores de la sociedad venezolana.
Mujica propuso mesas de trabajo para atender la situación social, las consecuencias del doble terremoto, la agenda institucional —incluida la liberación de los presos políticos— y la reinstitucionalización del Estado.
Precisó que este último punto debería abarcar la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y los demás poderes públicos, en estricto apego a la Constitución Nacional.
Defendió el restablecimiento de los derechos ciudadanos, lo que, a su juicio, implica permitir el regreso de la población migrante y garantizar el ejercicio pleno de la actividad pública.
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