En La Cumbre de las Américas hay más oportunidades para la inmigración legal y, a cambio, compromiso para devolver a los inmigrantes irregulares a sus países de origen. Estados Unidos y los países que participan en la Cumbre de las Américas han plasmado este viernes en un documento común una realidad que se ha vivido en la región en los últimos años.

Es parte del contenido de la declaración de Los Ángeles sobre migración y protección que han firmado los líderes de 20 países americanos. Aunque el país anfitrión asegura que no quiere parar la inmigración, lo que sí pretende con la declaración que ha promovido es sentar unas nuevas reglas del juego sobre la base de lo que denomina “la responsabilidad compartida”, que es una moneda con dos caras.

El resto de naciones, que han dejado de ser solo emisoras para convertirse también en países de destino de inmigrantes, están de acuerdo con este nuevo sistema regional.

El primer compromiso es promover el desarrollo de los países de origen para desincentivar la migración. Casi todo el temario de la Cumbre de las Américas apunta, de un modo u otro, en esa dirección. Promover una democracia de calidad, evitando así refugiados y exiliados; cooperación económica para mejorar las oportunidades en los países más pobres; inversión privada y financiación de organismos multilaterales, mejora de los sistemas sanitarios; lucha contra el cambio climático y toda una serie de propuestas para que haya menos gente dispuesta a emigrar.

Estados Unidos quiere, además, apoyar a los países de la región que acojan refugiados para que la población se asiente y se reduzca la inmigración de segunda ronda, como está ocurriendo con numerosos acogidos venezolanos en Colombia que buscan continuar a Estados Unidos. “La necesidad de estabilización y apoyo económico es especialmente importante en los países que albergan a más de seis millones de refugiados y migrantes”, sostiene la Casa Blanca.

En ese capítulo llega el primer paquete de compromisos concretos. Colombia ha regularizado a más de 1,2 millones de refugiados y emigrantes venezolanos y reafirma su compromiso de elevar esa cifra a 1,5 millones para finales de agosto de 2022. Costa Rica planea renovar el régimen especial de protección temporal complementaria para los migrantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba que hayan llegado antes de marzo de 2020, siempre que se obtengan los recursos financieros necesarios. Ecuador asume también compromisos de extender la regularización de inmigrantes venezolanos. Belice pondrá en marcha en agosto de 2022 un programa para regularizar a los migrantes centroamericanos y de la Comunidad del Caribe (Caricom) que lleven un tiempo determinado viviendo en el país.

Estados Unidos destinará 314 millones de dólares (unos 298 millones de euros) a la asistencia de refugiados y migrantes vulnerables en todo el hemisferio, incluyendo ayuda para los más de seis millones de venezolanos que se han desplazado a 17 países de la región. Otros 25 millones de dólares serán para impulsar los procesos de registro, la ampliación de los servicios sociales y los programas de integración en países que asuman esos compromisos.

Junto a ese esfuerzo de regularización, para controlar los flujos, lo que prevé la cumbre de las Américas es, por un lado, facilitar vías de emigración legales y, por otro, frenar las ilegales. “El presidente [Joe] Biden pide a todos los Gobiernos que se encuentran en las rutas migratorias que faciliten la tramitación del asilo en sus países, reforzando de forma más eficaz sus fronteras, realizando controles y expulsando a aquellas personas que no reúnan los requisitos para el asilo”, explicó un alto cargo del Gobierno estadounidense. Junto a eso, Estados Unidos anuncia “una campaña sin precedentes para desarticular y desmantelar” las redes de tráfico de personas.

Esta declaración llega en un momento donde la propia Administración de Biden busca reinstaurar un sistema de asilo destruido en los cuatro años del Gobierno de Donald Trump. Washington anunció en marzo una iniciativa para reducir un proceso que hoy tarda en resolverse de unos seis meses a varios años. También se abrirán otras vías legales de migración y de acogida de refugiados y un compromiso para aumentar la protección de esos inmigrantes controlados. Esa iniciativa, en realidad ya aprobada, se incluye entre los compromisos.

Los Gobiernos que suscriben la declaración también deberán seguir la estela de Estados Unidos y Canadá, que han ampliado los programas de trabajadores temporales para hacer frente a la escasez de mano de obra, lo que está “haciendo subir los precios”, de acuerdo al alto cargo. “Esto es un win-win [en inglés, acuerdo beneficioso para ambas partes] para los países de Norteamérica”, añadió el funcionario.

Hace casi un mes, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Trabajo anunciaron 35.000 visados de este tipo para el segundo semestre del año. Un total de 23.500 eran para migrantes que ya se habían acogido al programa, pero los 11.500 restantes estaban reservados para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití, países que han incrementado la expulsión de migrantes al norte.

La declaración empaqueta algunos de esos compromisos previos e incluye nuevos. Los países más activos para facilitar vías de migración legal son Canadá, Estados Unidos y México. Canadá espera acoger a más de 50.000 trabajadores agrícolas de México, Guatemala y el Caribe en 2022, dentro de su esfuerzo por promover vías legales de migración, incluidos programas de trabajadores extranjeros temporales. México ampliará el actual programa de trabajadores fronterizos para incluir entre 10.000 y 20.000 beneficiarios adicionales y lanzará un nuevo programa de empleo temporal anual a entre 15.000 y 20.000 guatemaltecos. A medio plazo, pretende ampliar el programa a Honduras y El Salvador. Además, integrará a 20.000 refugiados en el mercado laboral mexicano durante los próximos tres años.

Hay, además, compromisos concretos de acogida de refugiados. Estados Unidos se comprometerá a reasentar a 20.000 refugiados de las Américas durante los años fiscales 2023 y 2024, triplicando el ritmo actual. Canadá aumentará el reasentamiento de refugiados y acogerá hasta 4.000 personas para 2028 y facilitará vías para la llegada de haitianos con formación. En el caso de España, según la información facilitada por la Casa Blanca, el compromiso es genérico y consiste en que “duplicará el número de vías laborales para que los hondureños participen en los programas de migración circular de España”, sin más concreciones. Fuentes gubernamentales españolas señalan que actualmente el programa incluye a unos 250 hondureños, por lo que la cifra se podría elevar a unos 500, aunque aún no se han cerrado los detalles concretos, informa Miguel González.

Cortesía: elpais.com