El coordinador de la asociación Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, denunció que la justicia internacional ha sido ineficaz contra el aparato represivo del Estado venezolano el cual se mantiene plenamente activo.

Narváez, miembro de la dirección nacional de Acción Democrática en Resistencia, fijó su posición a propósito de los recientes pronunciamientos de la ONU, y cuestionó la inacción de los organismos multilaterales ante la crisis humanitaria y jurídica del país.

“La comunidad internacional tiene pleno conocimiento de las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano desde 2014, 2017 y 2024”, precisó el abogado.

Criticó que los organismos internacionales solo han visibilizado lo ocurrido, “pero han sido ineficaces para hacer justicia y reparar el daño causado a las víctimas y sus familias».

El activista de derechos humanos detalló el incumplimiento de las instituciones internacionales:

• OEA y Sistema Interamericano: La Comisión y la Corte Interamericana cuentan con un expediente masivo de pruebas consignadas por víctimas y defensores, sin que esto se traduzca en medidas de protección efectivas.
• ONU: A través del Consejo de Derechos Humanos y la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, se han elaborado seis informes detallados que identifican a los responsables directos de los crímenes; sin embargo, las acciones no han ido más allá del papel.
• Corte Penal Internacional: calificó de «triste» el rol del organismo pese haber rechazado los recursos del Estado venezolano pero el proceso de investigación y procesamiento penal se encuentran paralizados sin justificación.

Narváez exhortó a la comunidad internacional a abandonar la neutralidad y activar de inmediato los mecanismos de sanción y juzgamiento para frenar la impunidad en Venezuela.

El partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) condenó la detención del exalcalde Javier Oropeza quien había regresado al país, al igual que otros dirigentes opositores, por el ofrecimiento de Delcy Rodríguez de garantizar el retorno seguro para los exiliados.

En un comunicado difundido por el líder y fundador de ABP, Antonio Ledezma, la organización política calificó el procedimiento de “arbitrario y violento”, y denunció que se vulneró la integridad física del dirigente durante el operativo policial.

Oropeza, exalcalde del Municipio Torres del Estado Lara, fue detenido por funcionarios del servicio de inteligencia el jueves 17 de septiembre momentos después de ofrecer una entrevista al diario El Informador. 

El dirigente tenía dos días de haber regresado al país tras dos años de exilio en España. 

Aunque fue excarcelado horas más tarde, el hecho generó el rechazo inmediato de diversos sectores políticos.

La detención ocurrió al inicio de la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la delegación opositora liderada por Dinorah Figuera, en un proceso auspiciado por EE. UU. para buscar una transición democrática.

ABP denunció que esta actuación reproduce el patrón de persecución documentado por la Misión Internacional Independiente de la ONU, cuyos informes ratifican la vigencia de estructuras estatales dedicadas a la represión.

Ante este escenario, la organización política demandó al gobierno de Donald Trump la excarcelación de 344 presos políticos civiles y militares contabilizados por Foro Penal.

También demandó el cese del hostigamiento a los medios digitales de noticias y el desbloqueo definitivo a todas las plataformas web parcialmente liberadas por Conatel.

ABP exigió el cierre de causas y el sobreseimiento definitivo para miles de ciudadanos sometidos a regímenes de presentación arbitrarios.

Para el ingeniero agrónomo Egildo Luján Venezuela atraviesa el peor momento en su producción agroalimentaria, que ni siquiera alcanza el 15 por ciento de sus mejores épocas.

Luján, coordinador nacional del partido Gente, dijo que aun cuando desde el Gobierno nacional puedan decir muchas cosas “Venezuela se ha constituido en una agricultura de puertos”.

“Aquí el sector agroalimentario se está muriendo, pero con mucha rapidez”.

El dirigente político reclamó respeto a la propiedad privada, seguridad física en el campo y denunció que regiones agrícolas “están invadidas por la guerrilla y por grupos delictivos”.

Con relación al apoyo gubernamental hacia los productores, considera que “el Estado no tiene porque intervenir para financiar al sector agroalimentario”.

“Tiene que ser a través de la banca privada para acabar con la vieja práctica de repartir créditos”.

Reveló que “los productores de arroz, tienen un problema enorme con la última cosecha. Están estancados y metidos en unos silos porque no hay nadie que se los quiera comprar”.

Luján cuestionó que en Venezuela la producción por hectárea sea menor que en otros países y criticó la importación de alimentos en detrimento del productor venezolano.