Detenidos en un golpe devastador a la confianza en el sistema judicial venezolano ha sido asestado con la revelación de un caso de corrupción judicial Venezuela que ha conmocionado al país. El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), a través de su GAES 42 Aragua, ha anunciado la detención de figuras clave dentro de la administración de justicia: el juez del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en materia de Violencia Contra la Mujer, José Alexander Infante Bolívar, junto a su secretaria Bárbara Flores y un alguacil adscrito al mismo tribunal. Esta acción, que ha sido recibida con una mezcla de indignación y esperanza, subraya la inquebrantable determinación de las autoridades en perseguir y desmantelar las redes criminales, sin importar cuán arraigadas o influyentes puedan parecer.

La detención de estas tres personas se produce tras exhaustivas labores de investigación que apuntan a la existencia de una presunta y perversa red de extorsión operada por los propios detenidos. La acusación que pesa sobre ellos es de una gravedad extrema, implicando no solo el abuso de poder, sino también una traición directa a la misión fundamental de la justicia. Serán presentados ante el Ministerio Público, enfrentando cargos por delitos que erosionan la base misma del estado de derecho: Retraso u omisión intencional de funciones, Utilidad ilegal por actos de la administración, Denegación de justicia, Abuso de poder y Agavillamiento. Estas imputaciones reflejan un patrón sistemático de manipulación judicial para beneficio personal, afectando directamente la vida y la seguridad de los ciudadanos más vulnerables.

El modus operandi de esta red criminal es particularmente repudiable. El procedimiento que llevó a su caída se inició cuando el ahora exfuncionario judicial intentó extorsionar directamente a una víctima de un caso de violencia de género. Presuntamente, el juez Infante Bolívar exigió una considerable «gran cantidad de dinero en dólares» para favorecer al victimario con una decisión judicial acordada, invirtiendo así la justicia y dejando a la víctima en una situación de indefensión absoluta. La audacia de la operación quedó en evidencia cuando la transacción del dinero, supuestamente extorsionado, fue ejecutada por la secretaria Bárbara Flores en plena vía pública, cerca de un reconocido centro comercial en la ciudad de Maracay, en un descarado despliegue de impunidad.

Entre las evidencias de los detenidos en un interés criminalístico fueron recuperadas, se destaca un vehículo Arauca color plateado, que presuntamente fue entregado por un victimario como forma de pago para obtener una sentencia favorable y así evadir las consecuencias de sus actos de violencia. Este hallazgo material refuerza las acusaciones y proporciona una prueba tangible de la corrupción. Los cuerpos de seguridad ciudadana han dejado claro que la investigación correspondiente continuará con rigurosidad, y no descartan la posibilidad de nuevas detenciones a medida que se profundice en esta red de ilícitos.

Este caso de corrupción judicial Venezuela no solo expone las debilidades dentro del sistema, sino que también refuerza la importancia de la denuncia ciudadana y la acción implacable de los organismos de seguridad. La detención de un juez, su secretaria y un alguacil por extorsión es un paso crucial en la lucha contra la impunidad y en la recuperación de la credibilidad de las instituciones. Es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley y que la justicia debe prevalecer, especialmente para aquellos que buscan protección ante la violencia. La sociedad venezolana espera que este proceso se complete con la máxima transparencia y que los responsables reciban una condena ejemplar, enviando un mensaje claro de que la integridad en el poder judicial no es negociable.

Una asesinato que ha sacudido la comunidad de Calabozo, en el estado Guárico, ha encontrado una respuesta contundente por parte de las autoridades venezolanas. El Ministerio Público (MP) ha formalizado la imputación y posterior privación de libertad de Rafael Albisinni Serrano, por los graves delitos de feminicidio en Guárico agravado y porte ilícito de arma de fuego. Este caso, que ha conmocionado al país por su crudeza, subraya la brutal realidad de la violencia de género y la inquebrantable determinación del Estado en perseguir y sancionar con todo el peso de la ley a los responsables de estos crímenes atroces. La celeridad de la actuación judicial es un mensaje claro: la impunidad no tendrá cabida frente a actos de esta magnitud que cercenan vidas jóvenes y siembran el terror en las familias y comunidades.

La impactante información fue revelada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de la cuenta oficial del organismo en Instagram. En su comunicado, el máximo representante del MP precisó que Rafael Albisinni Serrano es el presunto autor del disparo fatal que acabó con la vida de Daniela Hernández, una joven de apenas 18 años, sumiendo en el luto a su familia y a toda la localidad. La tragedia, que ha generado una ola de indignación, ocurrió en un lamentable incidente que pone de manifiesto los peligros del uso y manipulación irresponsable de armas de fuego, así como la urgente necesidad de erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas.

El fiscal Saab detalló las circunstancias del fatídico asesinato, que tuvo lugar específicamente en la avenida principal de Calabozo. Según la investigación preliminar, «dicho sujeto se encontraba dentro de su vehículo manipulando un arma de fuego impactando contra la humanidad de Hernández, quien falleció de manera inmediata a consecuencia de traumatismo craneoencefálico severo». Esta descripción del hecho, aunque sombría, enfatiza la gravedad de la negligencia o la intencionalidad que llevó a la muerte instantánea de la joven, un acto inaceptable que merece la condena social y legal más enérgica.

Para asegurar la rigurosidad de la investigación y la solidez de las pruebas que sustentan la imputación, el Ministerio Público designó de inmediato a expertos adscritos a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal. Estos profesionales de élite realizaron una serie de experticias forenses cruciales del asesinato, que incluyen: una exhaustiva trayectoria balística para determinar la dirección y el punto de impacto del proyectil; una planimetría detallada de la escena para reconstruir el escenario del crimen; una minuciosa inspección técnica del sitio del suceso en busca de cualquier indicio relevante; y un análisis de traza de disparo para identificar residuos y confirmar la participación del arma. Todos estos elementos técnicos son fundamentales para consolidar el caso y garantizar que se haga justicia en nombre de Daniela Hernández y de todas las víctimas de violencia machista.

La privación de libertad de Rafael Albisinni Serrano envía un fuerte mensaje de que el Estado venezolano no tolerará la violencia contra las mujeres. Este feminicidio en Guárico es un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad que muchas mujeres y jóvenes enfrentan diariamente y la imperiosa necesidad de seguir luchando por una sociedad libre de violencia de género. La comunidad clama por justicia y este avance judicial es un paso vital para asegurar que el responsable rinda cuentas por su crimen y que la memoria de Daniela Hernández sea honrada con la acción de la ley.

El país se estremece ante unos detenidos en una nueva revelación de violencia intrafamiliar que ha destapado un escalofriante caso de abuso sexual familiar en Venezuela. Funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos Contra la Mujer, Niño, Niña y Adolescente han logrado desarticular una red de horror que operaba en el propio seno de un hogar en el sector La Limonera, parroquia y municipio Baruta, estado Miranda. La aprehensión de Heliana Carlota Amador Polo (38), madre de la víctima, junto a sus hijos Adrián David Santaella Amador (20) y un adolescente de 17 años, ha puesto al descubierto un patrón de abusos sexuales sistemáticos que se extendieron por más de seis años contra una niña de apenas 10 años, su propia hija y hermana, en una historia que exige justicia y una profunda reflexión sobre la protección de la infancia.

Según la información detallada por Douglas Rico, director nacional del CICPC sobre los detenidos, la minuciosa labor de los pesquisas permitió reconstruir el aterrador modus operandi de los hermanos Santaella Amador. Estos, aprovechándose de su superioridad física y de la «inocencia y vulnerabilidad» de su pequeña hermana, la sometieron a continuos abusos sexuales durante un periodo prolongado, estimado en aproximadamente seis años. La crueldad se agudizaba con la constante amenaza de muerte si la víctima osaba revelar lo sucedido a alguien. La perversión de los agresores llegó al extremo de que Adrián David, el hermano mayor, no solo perpetraba el acto, sino que también obligaba al adolescente de 17 años a cometer el acto sexual contra la misma víctima, creando un círculo vicioso de terror y complicidad forzada dentro del hogar que nadie fuera del núcleo familiar parecía poder romper.

Lo más desolador sobre los detenidos de este caso es la implicación directa de la madre, Heliana Amador. Su aprehensión no se debe a su participación directa en los abusos físicos, sino a una omisión que raya en la complicidad criminal y la negligencia más grave. Las investigaciones revelaron que Heliana Amador tenía «pleno conocimiento» de los atroces abusos que sufría su hija a manos de sus propios hermanos. Sin embargo, no realizó «las diligencias necesarias y conducentes por algún organismo policial del Estado para que los actos cesaran». Esta inacción no solo la convierte en una figura cómplice por permitir que el infierno de su hija continuara, sino que agrava el trauma de la víctima, quien no encontró protección ni refugio en la persona que, por naturaleza y ley, debería haber sido su principal protectora, dejándola a merced de sus agresores.

Este escalofriante suceso en Baruta resalta la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de denuncia y protección para los niños, niñas y adolescentes en Venezuela. La persistencia de estos abusos durante tantos años, sin que la madre actuara, subraya la importancia de la vigilancia comunitaria y de campañas de concienciación que permitan a las víctimas y a sus entornos identificar y denunciar estas situaciones, rompiendo el círculo de silencio y miedo. La acción contundente del CICPC en este caso, al detener a todos los implicados en esta red de violencia intrafamiliar, envía un mensaje inequívoco de que estos crímenes no quedarán impunes. La sociedad exige que la justicia actúe con todo el peso de la ley para garantizar que la inocencia de la niña agredida sea reparada en la medida de lo posible y que los responsables enfrenten las más severas consecuencias de sus despreciables actos. La protección de la infancia debe ser una prioridad inquebrantable en cada hogar y cada comunidad.