El abogado y analista político Johel Orta ha señalado la posibilidad de una nueva postergación de las elecciones de gobernadores y legisladores nacionales y regionales, programadas para el próximo 25 de mayo, a consecuencia de la reciente reducción de la jornada laboral en la administración pública, que se implementará durante seis semanas debido a la crisis climática que vive el país actualmente.

Durante su participación en el programa Primera Página, conducido por el periodista Carlos Peñaloza, Orta expresó que esta medida gubernamental podría impactar el cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), dado que las instituciones estarán operando solo tres días a la semana, de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

“Además, enfrentamos dos escenarios. El primero es la posibilidad real de que el partido de gobierno implemente una política de evaluación de candidatos. El segundo es la dificultad que enfrenta la oposición para llegar a un acuerdo sobre candidaturas unitarias. Actualmente, solo hay cuatro candidatos que son los gobernadores en ejercicio, y otro candidato que cuenta con consenso es Octavio Orta en Guárico, quien tiene posibilidades de aglutinar a varios partidos. El resto presenta una fragmentación significativa, lo que podría replicar el panorama electoral del 2021”, afirmó.

Contradicciones
En otro orden de ideas, Orta calificó como contradictoria la decisión del gobierno estadounidense de extender por ocho semanas la licencia para que empresas norteamericanas y a Chevron operen en Venezuela, mientras amenaza con imponer un arancel del 25% a quienes compren petróleo venezolano.


El venezolano no es una mercancía
Respecto al proceso de deportación, el analista político subrayó que no se puede catalogar a más de 800 mil venezolanos en Estados Unidos como terroristas o miembros del tren de Aragua, ni aplicarles una ley del siglo XVIII. “Es una vergüenza para la humanidad que cualquier venezolano esté de acuerdo con el maltrato y la anulación de los derechos humanos de sus compatriotas, tratándolos como mercancías y castigándolos como delincuentes al ser enviados a El Salvador en lugar de su país de origen, esposados de manos y pies y encadenados. El gobierno estadounidense está pagando dos mil dólares anuales al gobierno salvadoreño por cada venezolano detenido”, enfatizó.

Finalmente, Orta hizo un llamado a la cancillería y al presidente Nicolás Maduro, como jefe de la política exterior, para que busquen mecanismos que mejoren las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y reduzcan el tono de confrontación.

Detenido un agresor en la comunidad de Niquitao, parroquia Monseñor Jáuregui del municipio Boconó, estado Trujillo, un hombre que agredía físicamente a su propia madre. Este acto de violencia doméstica, que ocurría con frecuencia en el sector Escorá, finalmente ha sido frenado gracias a la valiente denuncia de la prima del agresor y la propia víctima, quienes acudieron a la Fiscalía VI del Ministerio Público y a diversos medios de comunicación para visibilizar el caso.

La señora Rojo, una adulta mayor de la tercera edad con bajos recursos económicos, vivía bajo el constante temor de las agresiones de su hijo. Su sobrina, Francis Rojo, junto a otros miembros de la comunidad, temían que la violencia escalara y tuviera consecuencias fatales. La insistencia de ambas mujeres en buscar ayuda y la presión mediática ejercida sobre las autoridades fueron determinantes para lograr la detención de Henry D. por parte de la Policía del estado Trujillo.

Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los adultos mayores, especialmente aquellos que dependen de sus familiares y se encuentran en situaciones de desventaja económica. La violencia doméstica contra este grupo etario es un problema grave que requiere la atención y acción inmediata de las autoridades y de la sociedad en su conjunto. La denuncia de Francis Rojo y la cobertura mediática del caso demuestran la importancia de visibilizar estas situaciones y de no permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los más vulnerables.

Ahora, la comunidad espera que se haga justicia y que se tomen las medidas necesarias para proteger a la señora Rojo y garantizar su seguridad. Se plantea la interrogante de si Henry D. requiere ser internado en un centro psiquiátrico para recibir la atención médica necesaria. La evaluación de su estado mental y la determinación de las medidas a tomar serán cruciales para prevenir futuras agresiones y asegurar el bienestar tanto de la víctima como del agresor.

Este caso debe servir como un llamado a la reflexión sobre la importancia de la solidaridad, la denuncia y la protección de los adultos mayores. La violencia en cualquiera de sus formas es inaceptable, y es responsabilidad de todos crear un entorno seguro y respetuoso para quienes más lo necesitan. La justicia en Niquitao no solo significa la detención del agresor, sino también la garantía de una vida digna y libre de violencia para la señora Rojo.

En un acto de un padrastro que conmociona a la comunidad de Lagunillas, estado Zulia, la palabra clave horror describe el repugnante crimen cometido por Álvaro Segundo Villegas, de 46 años. Este individuo fue detenido en el sector El Danto, ubicado en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo (COL), por grabar y abusar sexualmente de su hijastra de 12 años. La denuncia, que destapó la pesadilla vivida por la menor, fue realizada por su propia madre ante el Servicio de Investigación Penal (SIP) de Polilagunillas.

El descubrimiento del aberrante acto se produjo gracias a un video de 16 segundos encontrado por la madre. En la grabación, se observa a Villegas tocando las partes íntimas de la niña mientras esta dormía, un acto que no solo constituye abuso sexual sin penetración, sino también pornografía infantil. Este video se convirtió en la pieza clave de la investigación y la prueba irrefutable de la depravación del detenido.

Tras la denuncia y la presentación del video como evidencia, los uniformados del SIP de Polilagunillas procedieron a la inmediata detención de Álvaro Segundo Villegas. La actuación rápida y eficiente de las autoridades fue crucial para poner fin al abuso y asegurar que el padrastro perpetrador enfrentara a la justicia. La niña, víctima de este terrible crimen, fue remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para realizarle los exámenes médicos correspondientes y obtener las pruebas necesarias para fortalecer el caso en su contra.

El caso, que ha generado indignación y repudio en la comunidad, fue puesto a la orden de la Fiscalía 43 del Ministerio Público (MP). Ahora, se espera que la justicia actúe con la severidad que este delito amerita y que Álvaro Segundo Villegas reciba la condena que corresponde por sus actos. La protección de la infancia y la erradicación de la violencia sexual contra menores son prioridades fundamentales, y este caso debe servir como ejemplo para que se refuercen las medidas de prevención y se aplique todo el peso de la ley a quienes atenten contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

La valentía de la madre al denunciar a su pareja y el trabajo diligente de Polilagunillas son fundamentales para que la víctima pueda recibir la atención y el apoyo que necesita para superar este trauma. Este caso nos recuerda la importancia de estar alerta ante cualquier señal de abuso y de promover una cultura de denuncia que proteja a los más vulnerables. La lucha contra la violencia sexual contra menores es una tarea de todos, y la justicia debe ser implacable con quienes cometen estos crímenes atroces. Esperamos que este caso marque un precedente y que se haga justicia para la víctima y su familia.