Elecciones en Brasil entra en su fase más crítica. A solo tres semanas de los comicios fijados para el próximo 4 de octubre, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva moviliza masivamente a sus bases en las calles de todo el país mientras busca consolidar su ventaja frente al senador Flávio Bolsonaro.

La última encuesta de la firma Datafolha otorga a Lula el 39% de la intención de voto para la primera vuelta, situándolo cuatro puntos por encima del primogénito del exmandatario ultraderechista, quien registra un 35%. A pesar de esta ventaja inicial, los sondeos pronostican un empate técnico de cara a un eventual balotaje el 25 de octubre, reflejando el clima de alta polarización política que atraviesa a la mayor economía de América Latina.

El escenario electoral ha dado un giro dramático impulsado por la megacausa del Banco Master, cuyo secreto de sumario fue levantado por el juez de la Corte Suprema André Mendonça. Las revelaciones judiciales destaparon supuestos esquemas de corrupción y tráfico de influencias que salpican tanto a altas esferas del poder en Brasilia —incluidos miembros del Banco Central y magistrados del Tribunal Supremo como Alexandre de Moraes— como al propio entorno de la oposición.

Investigaciones de la Policía Federal vinculan a Flávio Bolsonaro con delitos de corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas. Las pesquisas apuntan al presunto desvío de entre 10 y 12 millones de dólares (unos 61 millones de reales) solicitados al exdueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, con el pretexto de financiar una película biográfica sobre Jair Bolsonaro, fondos que habrían terminado en estructuras offshore en Estados Unidos.

Mientras la oposición acusa un uso político de la justicia, el equipo de campaña del PT enfoca su estrategia final en capitalizar las sospechas de corrupción contra la familia Bolsonaro, al tiempo que promociona los datos macroeconómicos de la actual gestión, destacando los niveles mínimos de desempleo y la estabilidad de la inflación frente al reto fiscal de la deuda pública. Con las fuerzas volcadas a las calles y la justicia marcando la agenda, la presidencia brasileña vivirá una definición voto a voto.

La ofensiva hutí en Yemen ha alcanzado su punto más crítico en años, desencadenando una sangrienta ola de violencia que deja cientos de bajas y miles de civiles atrapados en una emergencia humanitaria sin precedentes. Durante el último mes, la costa meridional del Mar Rojo se ha convertido en el epicentro de fieros combates entre los rebeldes chiíes y las Fuerzas de Resistencia Nacional (FRN), un bando leal al Gobierno internacionalmente reconocido. El saldo es devastador: las FRN confirman la muerte de más de 500 de sus soldados y cerca de 1.500 heridos en tan solo 30 días, asegurando además que las filas insurgentes habrían sufrido más de mil bajas mortales.

La contundencia del avance rebelde ha cambiado violentamente el tablero geopolítico en la región. En una rápida maniobra táctica, las fuerzas hutíes tomaron el control de puntos estratégicos cruciales para el comercio marítimo mundial, como las ciudades portuarias de Moca y Dhubab. Estos avances les otorgan un dominio directo sobre el acceso clave al Mar Rojo, consolidando su presencia más allá de Saná y el puerto de Al Hudeida. A pesar del repliegue obligado de las tropas gubernamentales hacia nuevas posiciones defensivas, los mandos del ejército aseguran que la campaña para restaurar la unidad del país y reconquistar la capital continuará activa.

Sin embargo, el impacto más brutal de este conflicto recae directamente sobre la población civil. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas ha encendido todas las alarmas ante el flujo incesante de familias que lo han perdido todo. Más de 76.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares desde julio, concentrándose la mayor parte de los desplazamientos en provincias devastadas como Taiz, Lahj y Al Hudeida. La desesperación ha cruzado fronteras: en cuestión de días, más de 2.000 yemeníes han cruzado el mar buscando refugio desesperado en Yibuti. La OIM despliega asistencia de emergencia en la región de Obock, pero advierte que el apoyo internacional es insuficiente ante una tragedia que no deja de agravarse.

La pausa de ataques a Kiev decretada por Vladimir Putin marca un giro inesperado en la dinámica del conflicto en Europa del Este. Esta suspensión temporal de las hostilidades, fijada por un periodo inicial de tres días, responde de manera directa a la llegada de Steve Witkoff y Jared Kushner, emisarios especiales enviados por Washington para intentar destrabar la vía diplomática. La medida, confirmada oficialmente por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, busca garantizar la seguridad de los mediadores estadounidenses durante sus encuentros de alto nivel tanto en Rusia como en la capital ucraniana.

Esta tregua de 72 horas no es un hecho aislado. En una muestra de reciprocidad diplomática exigida por la Casa Blanca, el presidente Volodímir Zelenski confirmó que Ucrania también suspenderá sus ataques con drones en territorio ruso mientras los delegados permanezcan en la región. Aunque ambas partes han mostrado voluntad de mantener los canales abiertos para que las conversaciones sean constructivas, los analistas sugieren mantener la cautela. Desde la perspectiva de Moscú, este cese de operaciones no equivale a un alto el fuego permanente ni implica una aceptación inmediata de los términos planteados por la administración norteamericana.

La misión diplomática llega en un punto crítico de máxima tensión militar. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas habían logrado impactar infraestructuras estratégicas como refinerías y centros logísticos en la retaguardia rusa, mientras que las tropas de Moscú intensificaron sus ofensivas con misiles sobre Kiev y los puertos clave del Mar Negro. Además, la atención geopolítica global se ha visto fragmentada desde febrero tras el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que contribuyó a congelar el proceso de paz ruso-ucraniano.

Aunque Putin recibirá a Witkoff y Kushner en el Kremlin para reuniones que se prevén complejas y extensas, la postura rusa se mantiene firme: Moscú rechaza un alto el fuego prolongado o cumbres tripartitas a menos que sea para firmar un acuerdo definitivo. La visita representa un intento de alto riesgo para reabrir el diálogo, pero el verdadero impacto de esta pausa estratégica solo se conocerá cuando los emisarios concluyan su itinerario.