El Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC), a través de su representante en Venezuela, el ingeniero agrónomo Saúl Elías López, lanzó un SOS solicitando la activación urgente de un “mecanismo internacional de respuesta rápida” ante la crisis humanitaria que azota al país.

Indicó que informes refieren de severos daños en la Gran Caracas y La Guaira provocados por los devastadores sismos del 24 de junio.

Alertó que el sistema sanitario está colapsado y la población padece de fallas críticas en refugio, agua y servicios esenciales.

“La emergencia que afecta a Venezuela ha generado una situación de extrema gravedad humanitaria, con severas afectaciones sobre la vida, la salud, la integridad física y emocional, la vivienda, acceso a alimentos, agua, saneamiento y la continuidad de servicios esenciales”.

Urge atender necesidades de albergue, asistencia médica, apoyo psicosocial, agua, artículos esenciales y mecanismos de reunificación familiar.

“La afectación a la cadena de abastecimiento alimentario —por daños en transporte e infraestructura, interrupción de mercados locales— es una amenaza directa a la disponibilidad de comida para los venezolanos”, alertó López.

El representante de ODA-ALC en Venezuela hizo un llamado a la gobernanza regional a actuar sin trabas y expresó que la asistencia debe ser transparente, equitativa ni estar condicionada por intereses políticos, económicos o trabas burocráticas.

Explicó que se requiere un instrumento internacional que articule financiamiento, ayuda alimentaria, atención sanitaria, refugio, agua y saneamiento, mecanismos de protección social y coordinación para la recuperación temprana.

“El éxito de este mecanismo dependerá de la coordinación inmediata entre agencias multilaterales, sociedad civil y el Estado, priorizando a niños, embarazadas y ancianos”, dijo el ingeniero agrónomo.

La inflación en Venezuela ha dado un giro histórico que está captando la mirada de la comunidad internacional. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, destacó este lunes un descenso crucial en el costo de vida del país: la inflación mensual se desplomó al 6,3% durante el mes de mayo. Este indicador no solo representa un alivio para el bolsillo de los ciudadanos, sino que marca el regreso de la cifra a un solo dígito por primera vez en más de un año, un hito que la diplomacia estadounidense califica como un logro significativo hacia la estabilidad financiera.

De acuerdo con las declaraciones de Barrett, este avance no es una casualidad, sino el reflejo directo de que la fase de recuperación económica —contemplada en un plan de tres fases— está entregando resultados tangibles. El diplomático fue enfático al señalar que sostener el ritmo de estas reformas será el factor determinante para consolidar la confianza de los mercados, atraer nuevas inversiones extranjeras y construir una prosperidad que sea duradera para todos los venezolanos.

«Este avance demuestra que la fase de recuperación económica está dando resultados concretos», sostuvo Barrett.

El éxito de esta desaceleración en los precios se atribuye directamente a la ejecución de la segunda etapa de la estrategia norteamericana diseñada para la nación. Este enfoque estratégico se centra en la reactivación productiva de la mano con el sector privado, operando en estricta coordinación con la administración de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

Este nuevo escenario abre una ventana de oportunidad crucial. Al volver a niveles inflacionarios de un solo dígito, las autoridades y los actores económicos buscan consolidar una senda de crecimiento mucho más amplia, predecible y sostenida. En un entorno global complejo, el dato de mayo se convierte en la prueba de que los consensos y las reformas estructurales son el único camino viable para sanear la economía venezolana.

El sector cañicultor venezolano se declaró en emergencia ante los prolongados racionamientos eléctricos y advierte que la crisis provocada por los apagones compromete severamente el ciclo de riego y el procesamiento industrial de la caña de azúcar.

En rueda de prensa desde Carora, capital del Municipio Autónomo Torres, el más grande del Estado Lara, el Ing. Ricardo Álvarez Zubillaga, presidente de Socatorres, denunció que la imprevisibilidad de los cortes de energía eléctrica pone en riesgo inminente la seguridad alimentaria del país y el sustento de miles de familias agrícolas.

Armando Suárez, gerente de Agronomía del Central La Pastora, detalló que, aunque registraban una molienda de 398.617 toneladas de caña, la falta de bombeo constante en los acuíferos paraliza el riego estratégico.

Suárez alertó que las metas de abastecimiento de las principales centrales azucareras del país (Portuguesa, El Palmar y La Pastora) sufren hoy una desaceleración preocupante que mermará drásticamente el rendimiento por hectárea.

José Ricardo Álvarez, presidente de Fesoca, calificó la situación de «panorama dantesco».

Criticó que Corpoelec aplique tarifas excesivas e inviables para activar pozos de riego, demostrando una absoluta pérdida de su capacidad operativa institucional.

El líder de Fesoca expresó que los apagones de hasta cinco horas causan daños económicos descomunales e interrumpen procesos químicos irreversibles.

“El gremio de los productores de la caña de azúcar exige respuestas, pues paga puntualmente un servicio deficiente que destruye sus equipos industriales”, dijo.

Finalmente, Pablo González, directivo de Socatorres, aclaró que migrar a energía solar es inviable por los altos costos y la falta de regulación.

“El sector urge al Ejecutivo Nacional soluciones reales ante un colapso azucarero inevitable”, advirtió.