El dirigente de Voluntad Popular Lawrence Castro regresó del exilio tras más de un año y medio, debido a riesgo de detención, y desde Mérida, exigió la libertad de todos los presos políticos.

Castro es un joven dirigente político venezolano, politólogo, experto en campañas electorales, egresado de la Universidad de Los Andes y miembro de la dirección nacional del partido Voluntad Popular.

“El reclamo sigue siendo el mismo: democracia, libertad, convivencia real y garantías para poder desarrollarnos libremente como sociedad”, dijo durante un acto con estudiantes de la Universidad de los Andes (ULA).

Castro expresó que si bien hoy la oposición democrática tiene la posibilidad de reunirse, a diferencia del año pasado marcado por la persecución, aún quedan cientos de presos políticos tras las rejas. 

“No es sentir algunos espacios de libertad, sino dejar atrás el goteo de excarcelaciones y que liberen a todos los presos políticos de inmediato. Además, y que se cumpla la Constitución”, subrayó.

Reconoció la lucha de los merideños por la restitución de la democracia en el país y los instó a seguir reclamando por sus derechos. 

“Venezuela necesita reconciliación y justicia sin venganza. No pueden seguir con el garrote en la mano quienes hoy controlan el poder y deben entrar por el carril del entendimiento por el bien del país”, dijo el dirigente político.

La resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), dictada a finales de enero, suspendiendo la inscripción de nuevas organizaciones partidistas debe cesar porque viola el derecho a la participación política, considera la abogada Coromoto Ramos.

La activista de los derechos humanos hacía referencia a la resolución N° 260128-004, aprobada el 28 de enero de 2026 por el CNE, que suspendió de forma temporal la constitución, inscripción y registro de nuevas organizaciones políticas.

“El sufragio y la participación política son derechos constitucionales por lo que el CNE debe desbloquear el registro de partidos políticos”, dijo la abogada.

Ramos, miembro de la Comisión Jurídica de la Organización Latinoamericana de Capellanes de los Derechos Humanos (Orgalatín), incorporada a la OEA, se pronunció por un organismo electoral “independiente, imparcial, confiable y transparente”.

La decisión fue difundida, en los canales oficiales del Poder Electoral, “sin ofrecer explicaciones sobre los motivos que llevaron a esta determinación” de aplazar el procedimiento de promoción, constitución, inscripción y registro de organizaciones con fines políticos.

Comentó que desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos, el 3 de enero, en Venezuela soplan vientos de “cambios” para todos los cargos de elección popular.

“Exigimos el saneamiento total del CNE y el nombramiento de nuevos rectores que garanticen la participación ciudadana y la transparencia de los procesos de elección”.

Ramos hizo un llamado a la sociedad venezolana a participar activamente en el respeto de los derechos políticos y acompañar a las voces que reclaman por un cambio de autoridades electorales.

“El CNE debe reanudar el proceso de actualización, constitución, inscripción y registro de nuevas organizaciones políticas por ser un derecho constitucional y necesario para la elección de los cargos públicos”.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron este miércoles 25 de febrero sus respectivas renuncias a la Asamblea Nacional (AN).

La información fue oficializada en la página web del Parlamento en la que se indica que el Poder Legislativo recibió las comunicaciones de ambos funcionarios.

https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/an-recibe-renuncia-del-fiscal-general-y-del-defensor-del-pueblo

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el legislativo debe convocar al comité de evaluación de postulaciones para llenar las vacantes del Poder Ciudadano, que integra, además, el contralor general.

De acuerdo con el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano”.

El artículo establece que esa instancia estará integrada por representantes de diversos sectores de la sociedad; adelantará un proceso público cuyo resultado será sometido a la AN.

El exfiscal Zair Mundaray fue uno de los primeros en mencionar la salida del funcionario chavista del Ministerio Público.

“Es insostenible su aparato de terror y crimen organizado. Hay miles de presos por no pagar vacunas, gente despojada de sus bienes y montajes de todo tipo. Esto está en desarrollo. En las próximas horas debería materializarse”, escribió Mundaray en su cuenta X.

“Sale del cargo Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo. Jamás hizo nada a favor de ningún venezolano. Permitió torturas, desapariciones, asesinatos y todo tipo de persecución”, expresó el exfiscal en otro escrito.