La Organización Latinoamericana de Capellanes de los Derechos Humanos (Orgalatín), representada por la abogada Coromoto Ramos, afirmó que nueve procesos de diálogo celebrados entre el gobierno y la oposición han resultado totalmente inútiles para la población venezolana.

Ramos alzó la voz en nombre de la organización inscrita en la OEA para denunciar la persistente violación de los derechos humanos en el país.

“Nos preguntamos: ¿de qué han servido 27 años de diálogos en Venezuela? Barbados, República Dominicana, Panamá, México, mediación internacional de la OEA, el Vaticano, Centro Carter sin que haya respuesta a los problemas políticos y económicos del país”.

“Con ninguno de esos procesos el venezolano va al supermercado o el pensionado vive en paz. El país sufre una severa crisis económica, sin energía eléctrica, agua potable y la situación hospitalaria es cada día peor”, dijo la abogada.

La activista por los derechos humanos expresó que la falta de atención a la educación y a los adultos mayores agrava el panorama nacional.

“Sin educación no hay futuro! Nuestros docentes y jubilados están pasando necesidad. No podemos seguir pretendiendo que el pueblo coma con diálogos”.

“No existe hoy un ente que vele por los verdaderos intereses del ciudadano, ni siquiera las organizaciones políticas se ponen de acuerdo para resolver lo esencial: luz, agua, gas, alimentos y salud”.

Ramos exigió que la agenda política sea de la gente y no de los pactos políticos en referencia a la mesa de diálogo que actualmente integra el gobierno tutelado y representantes de la Asamblea Nacional de 2015.

Denunció que el aparato represivo del gobierno chavista sigue intacto agrediendo a dirigentes sindicales y a manifestantes opositores que reclaman por nuevas elecciones presidenciales ante el vacío de poder en Venezuela.

El Movimiento al Socialismo (MAS), a través de su vicepresidenta, María Verdeal, exigió a la Asamblea Nacional derogar nueve leyes por considerar que violan los derechos humanos, restringen la libertad de expresión y profundizan la inseguridad jurídica en el país.

Verdeal cuestionó la propuesta de reforma parcial a la Ley contra el Odio planteada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, advirtiendo que el texto debe ser anulado en su totalidad.

«La Ley contra el Odio es incompatible con una sociedad democrática y libre, pues contempla penas de hasta 20 años de prisión y permite interpretaciones subjetivas para perseguir a la disidencia».

Asimismo, la dirigencia del MAS demandó la eliminación de las siguientes instrumentaciones legales:

• Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar: Penaliza con hasta 30 años de cárcel e inhabilitaciones de 60 años por razones políticas.
• Ley Resorte (Medios Electrónicos): Cercena el derecho a la información y restringe el ejercicio del periodismo.
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información: Obstruye el control ciudadano sobre la gestión pública.
• Ley Antibloqueo: Oculta datos económicos e institucionales y otorga facultades discrecionales al Ejecutivo.
• Ley de ONG y Ley Orgánica de Seguridad de la Nación: Asfixia el funcionamiento de la sociedad civil organizada.
• Ley de Extinción de Dominio: Permite la confiscación de bienes privados sin contar con una sentencia judicial definitiva.
• Ley IGTF: Impacta negativamente las transacciones en divisas y encarece el costo de vida de los ciudadanos.

Verdeal alertó que la vigencia de estas legislaciones atenta contra las garantías constitucionales y la reconstrucción institucional de Venezuela.

El partido Unidad Democracia Renovadora (UDR), a través de su vicepresidenta, Coromoto Ramos, cuestionó la inacción de la mesa de diálogo —designada por el Gobierno de Estados Unidos— ante la falta de convocatoria a elecciones presidenciales en el país.

“Lo más importante es la voluntad de organizar las elecciones presidenciales en Venezuela; la población está lista para participar”, aseveró Ramos.

La abogada reiteró la exigencia de fijar una fecha para los comicios, habilitar formalmente a las organizaciones políticas intervenidas por el régimen y restituir sus tarjetas electorales. 

Remarcó que han transcurrido diez meses desde la captura de Nicolás Maduro sin que exista un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) ni un cronograma oficial.

Para Coromoto Ramos, la delegación de la mesa de diálogo —conformada por el gobierno tutelado y representantes de la Asamblea Nacional de 2015— opera con lentitud calculada.

“Avanzan a paso lento con la intención deliberada de retrasar, obstruir e impedir que haya elecciones en Venezuela”.

La vicepresidenta de UDR alertó sobre los intereses económicos de Estados Unidos que perpetúan esta parálisis institucional.

“El negocio es que no haya elecciones en Venezuela, porque EE. UU. tiene asegurado el suministro petrolero mediante contratos ilegales y sin garantía jurídica con el interinato de los hermanos Rodríguez”, afirmó.

Ramos advirtió que la mesa de diálogo intentará apaciguar el malestar social anunciando fechas tentativas para 2027 que luego se dilatarán con excusas técnicas hasta 2028.

“Inventarán cualquier pretexto para retrasar deliberadamente las presidenciales como que una de las maletas se extravió en Maiquetía o alguien suspendió su vuelo a Caracas”.

Ante este escenario, la dirigente política de UDR hizo un llamado a la población venezolana a ejercer presión en las calles para exigir de inmediato la convocatoria a comicios presidenciales.

https://youtu.be/aI3sLFIeJ8o?si=SPj49foiN-7PN6bc