La reciente marcha en Lima contra Keiko Fujimori ha encendido las alarmas en el tramo final de la campaña presidencial peruana. A solo ocho días de la crucial segunda vuelta electoral, cientos de ciudadanos, colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos se movilizaron de manera pacífica por el centro histórico de la capital. Bajo las consignas «Keiko no va» y «Fujimori nunca más», la protesta refleja la profunda polarización de un país que se debate una vez más entre el fujimorismo y la izquierda, reviviendo fantasmas del pasado y tensiones que parecían latentes.

El protagonismo de la movilización lo asumieron los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). Su presencia en la primera fila de la marcha inyectó una fuerte carga emocional y política a la jornada, recordando las heridas aún abiertas de la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso. A ellos se sumaron parientes de los fallecidos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y miles de jóvenes que asocian al fujimorismo con la corrupción institucional.

«Keiko representa la injusticia y el temor. No debe llegar a la presidencia porque es un peligro», manifestó Irma Cayó, manifestante proveniente de Puno, resumiendo el sentir de indignación que recorrió la emblemática Plaza San Martín.

Esta movilización, que también se replicó en ciudades clave como Arequipa y Huancayo, marca un punto de inflexión en la cuarta postulación presidencial de la líder de Fuerza Popular. Tras ganar la primera vuelta con el 17.1% de los votos, Keiko Fujimori se enfrenta en un reñido balotaje a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien alcanzó el 12% y busca capitalizar el antivoto fujimorista a pesar de sus pasados vínculos como ministro del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

Con un panorama electoral que evoca la extrema polarización del 2021, esta marcha no solo es un termómetro del rechazo hacia una de las figuras más divisorias del país, sino también un recordatorio de que las calles de Perú siguen siendo el principal escenario donde se disputa el futuro de su democracia.

La flotilla para Gaza y el trato recibido por sus activistas han desatado una tormenta diplomática de escala internacional. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó de «inaceptable» y «escandaloso» el proceder de las autoridades israelíes hacia los integrantes de la misión humanitaria, entre los cuales se encontraban 12 ciudadanos canadienses. Durante una tensa llamada telefónica con el presidente israelí, Isaac Herzog, el mandatario canadiense no se guardó nada: exigió una investigación independiente y condenó con firmeza las acciones que han encendido las alarmas en la comunidad global.

El foco del conflicto se intensificó tras las provocadoras declaraciones y publicaciones de Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional israelí de extrema derecha. Ben-Gvir, de 50 años, desató un fuerte rechazo tanto a nivel internacional como dentro de su propio gobierno al difundir un video que mostraba a decenas de activistas arrodillados y con las manos atadas. Con un tono desafiante, el ministro les espetó: «Bienvenidos a Israel, esta es nuestra casa».

Esta acción fue la gota que derramó el vaso para el gobierno canadiense. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, ya había calificado la situación como un «trato deplorable», anunciando que el país llamaría a consultas al embajador israelí para exigir explicaciones formales por violar la dignidad de sus compatriotas.

Tras ser expulsados de Israel, los activistas llegaron el pasado 21 de mayo a Estambul, Turquía, donde finalmente pudieron alzar la voz. Los testimonios son desgarradores y apuntan a una campaña de hostigamiento psicológico y físico. «Estuvimos bajo constante amenaza», relató Safa Chebbi, uno de los activistas canadienses que ya se encuentra a salvo en su país, en declaraciones a la agencia AFP. Las denuncias por humillaciones constantes abren ahora un complejo escenario de exigencias internacionales donde Canadá lidera la postura de no dejar impune el abuso contra sus ciudadanos.

Corea del Norte lanza misiles hacia el mar Amarillo nuevamente, encendiendo las alarmas de la comunidad internacional en un momento de máxima sensibilidad geopolítica. Este martes, el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur detectó el disparo de múltiples misiles balísticos de corto alcance alrededor de las 13:00 hora local (4:00 GMT). Los proyectiles fueron eyectados desde la zona de Jongju, en la provincia de Pyongan Norte, impactando directamente en las aguas de su costa occidental.

Este movimiento estratégico rompe un periodo de relativa calma desde el pasado 19 de abril, cuando el líder norcoreano Kim Jong-un supervisó personalmente el ensayo del misil táctico tierra-tierra Hwasong-11 Ra. Aquella prueba, que incluyó tecnología de ojivas de racimo y minas de fragmentación, ya había dejado clara la intención del régimen de seguir sofisticando su arsenal. Sin embargo, la acción de hoy no es un ejercicio militar más; el timing elegido por Pionyang parece fríamente calculado.

¿Provocación militar o estrategia geopolítica?

El lanzamiento coincide con fuertes rumores diplomáticos: la posible e inminente visita del presidente de China, Xi Jinping, a territorio norcoreano esta misma semana. Aunque la portavoz de Exteriores china, Mao Ning, ha preferido mantener la cautela declarando que no hay «información que ofrecer por el momento», los analistas sugieren que Corea del Norte busca demostrar músculo y reforzar su posición de fuerza ante su principal aliado comercial y político.

Por otro lado, este despliegue de fuerza es un portazo directo a los esfuerzos de paz. La administración surcoreana del presidente Lee Jae-myung ha intentado tender puentes de manera insistente a través de gestos conciliatorios y ofertas para reactivar el contacto bilateral. La respuesta de Pionyang ha sido un no rotundo y ensordecedor, medido en fuego y acero sobre el mar Amarillo.

El dato clave: Con este ensayo, Corea del Norte no solo desafía las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sino que envía un mensaje contundente: no tienen ninguna intención de sentarse a negociar, ni con Seúl ni con Occidente, mientras continúan perfeccionando su capacidad de ataque a corto y mediano alcance. La tensión en la península coreana vuelve a entrar en zona roja.