El presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, denunció graves vulneraciones técnicas, legales y éticas en el caso de Víctor Quero Navas, cuyo deceso bajo custodia estatal fue ocultado a sus familiares durante nueve meses.

El vocero calificó el hecho como una violación flagrante a los derechos humanos y un «peregrinaje de dolor» para su madre, Carmen Navas, de 81 años, quien recorrió cárceles, hospitales y morgues buscando información que le fue negada.

León Natera señaló que el Estado venezolano incumplió el artículo 43 de la Constitución, el cual lo obliga a garantizar la vida de los privados de libertad.

Afirmó que la ocultación del fallecimiento por casi un año configura una desaparición forzada, un trato cruel y una vulneración directa al derecho a la verdad.

En defensa de la ética profesional, la FMV exige la publicación inmediata del informe forense, el historial clínico y la cadena de custodia.

La institución gremial reclama transparencia total sobre el acta de defunción, demandando conocer la causa real del deceso, el lugar exacto del fallecimiento y la identidad del médico firmante.

“Es imperativo determinar si existieron diagnósticos previos o si la muerte derivó de la falta de tratamiento médico en el centro de reclusión”, fustigó el científico.

Asimismo, la federación solicita aclarar si el detenido recibió atención por parte de médicos colegiados o si estuvo bajo la asistencia exclusiva de los custodios.

Activación de protocolos internacionales

Ante la gravedad del caso, el presidente de la FMV instó a las autoridades nacionales a aplicar el Protocolo de Minnesota, estándar internacional diseñado para investigar muertes potencialmente ilícitas bajo custodia del Estado.

De igual forma, pidió ejecutar el Protocolo de Estambul ante posibles indicios de tortura previa.

«Es una tragedia que subraya la urgencia de justicia. El Estado está obligado a dar respuestas a quienes hoy transitan la incertidumbre y el trato inhumano», reclamó el representante gremial.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por Acción Democrática (AD) José Gregorio Correa defendió la decisión de llevar la controversia por la Guayana Esequiba ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pese a reconocer que el tribunal ha actuado de manera “parcializada” a favor de Guyana.

El parlamentario admitió que en un principio se oponía a esa vía, pero hoy considera que Venezuela “nunca debió dejar de acudir a todos los escenarios internacionales” para exponer sus argumentos históricos.

“Al principio estaba muy en contra, pero creo que hay que asistir a todos los organismos a exponer nuestra razón. Ese Esequibo es nuestro desde siempre, por decisión de Carlos III cuando se creó la Capitanía General de Venezuela”.

El diputado dijo que aunque la CIJ pueda ser hostil a los intereses nacionales, el país tiene la obligación de explicar su posición allí y en cualquier foro.

“Algo me hace pensar y creer que es bueno que vayamos, porque nunca debimos haber dejado de ir”, recalcó.

Para sustentar su postura, Correa evocó un pasaje histórico vinculado al Libertador.

“Simón Bolívar señaló, cuando la guerra de Independencia, que del margen oeste del río Esequibo hacia acá, todo el que estuviera viviendo tenía la obligación de defender el territorio venezolano, detalló.

¿Cómo no ir a La Haya y cómo no explicar allí y en todos los escenarios?”, se preguntó el parlamentario, quien insistió en que el diferendo territorial tiene un componente totalmente político y no jurídico, más allá de las argucias legales que pueda presentar Guyana.

“Creo que teníamos páginas oscuras y se pasan. Hay que buscar una Venezuela del futuro, con nuevas inversiones destinadas al gasto social”, afirmó.

El diputado concluyó con un mensaje de dimensión histórica: “Todas las generaciones que vienen, 500 años más, ese Esequibo será nuestro, y 500 años antes también era nuestro. Todos somos pasajeros”.

Yesenia Balza CNP 6590.- La vicepresidenta nacional del MAS, María Verdeal, cuestionó el reciente ajuste del ingreso integral anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al considerar que no representa un verdadero aumento salarial ni resuelve la grave crisis que enfrenta la clase trabajadora.

Aseveró que la medida solo se limitó al incremento en los bonos, sin incidencia en prestaciones sociales, vacaciones u otros beneficios contractuales, lo que a su juicio, mantiene intacta la precarización del ingreso.

«El esquema actual, sustentado en bonos, contraviene el marco constitucional y laboral. Todo este andamiaje construido con decretos y resoluciones ha devenido en una situación de miseria para los trabajadores; incapaz de cubrir la canasta básica alimentaria”, apuntó.

Verdeal recordó que han transcurrido más de 1.500 días sin aumento del salario mínimo contados desde el 15 de marzo de 2022 y que de actualizarse, debería impactar toda la tabla salarial de la administración pública.

Aunque reconoció que el acuerdo surgió de una comisión tripartita, pero calificó el anuncio como “frustrante” para los trabajadores. 

Verdeal también alertó sobre las distorsiones del modelo económico, marcadas por la dolarización informal y la coexistencia de múltiples tasas de cambio.

“Estas discrepancias podrían generar una inflación desbordada. No basta con ajustes parciales; el problema es estructural”, apuntó.

Insistió en que los trabajadores no pueden seguir esperando soluciones de largo plazo mientras se deteriora su calidad de vida.

Como medida paliativa, propuso extender el bono de corresponsabilidad que en algunos entes públicos alcanza hasta los 600 dólares, a jubilados y pensionados.

“No es salario pero podría aliviar parcialmente la situación mientras se corrige el desastre acumulado”, señaló.