La magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol, dijo que es “ahora o nunca sacar el interinato” e instó a los venezolanos a estar pendiente de las convocatorias para salir y hacer presión en las calles.

La juez penal dió declaraciones durante una concentración en la plaza Brión de Chacaíto con dirigentes de la Coalición Sindical, gremios profesionales y académicos con quienes se movilizó hacia los alrededores de la embajada de Estados Unidos en Caracas.

“Qué venga María Corina Machado, por tierra, agua o cualquier vía. Su presencia en el país es conveniente para instalar una junta de gobierno”, instó Blanca Rosa a la líder de la oposición venezolana.

Explicó que una junta de gobierno es con el propósito de organizar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y convocar a nuevas elecciones por mandato constitucional tras cumplirse el lapso de 180 días que declara la falta absoluta del cargo presidencial.

“Se terminó el gobierno de Delcy Rodríguez, el llamado interinato que nunca existió y que ellos hicieron valer”.

Indicó que a partir de ahora en adelante toma el mando la ciudadanía y la primera acción será una junta de gobierno sin dar mayores detalles sobre quiénes integrarán ese poder público.

“El llamado a Estados Unidos es que debe dejar de apoyar el interinato que nunca existió y a respaldar a los demócratas que están luchando por el ejercicio de los derechos constitucionales”, exhortó la abogada.

El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) activó un plan de capacitación dirigido al gremio profesional de la industria de la construcción, tras los terremotos en Caracas y La Guaira.

El objetivo es conformar las brigadas técnicas del CIV encargados de evaluar los daños en las edificaciones afectadas por los dos terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio.

El arquitecto José Gregorio Chacón, directivo del CIV, informó que esta institución fue designada como miembro de la Comisión Presidencial encargada de atender la emergencia, provocada por los devastadores terremotos.

«Estamos haciendo lo que nos corresponde: brindar capacitación urgente en nuestra sede para que los profesionales obtengan las herramientas necesarias para inspeccionar estructuras en escenarios post-sísmicos de manera eficaz».

Las jornadas de capacitación se realizan a tiempo completo los días jueves, viernes y sábados, dirigidas tanto a profesionales graduados como a técnicos medios y estudiantes de los últimos años de carreras afines.

El alcance proyectado para esta primera etapa destaca por las siguientes cifras:

• Capacidad diaria: entre 320 y 480 personas (distribuidas en 5 o 6 eventos diarios de 80 participantes cada uno).
• Meta de la jornada: Entre 1.400 y 1.500 profesionales formados al concluir el ciclo actual.
• Se han recibido más de 2.000 nuevas solicitudes de inscripción.

Debido a la alta demanda, se evalúa una segunda convocatoria, ya que se estima que entre 500 y 600 aspirantes podrían quedar a la espera de cupo en esta primera fase.

Aunque el programa inició como un plan piloto en Caracas y La Guaira, el CIV extendió un llamado a las juntas directivas regionales de ingenieros en los estados del país.

El directivo hizo especial referencia a los Estados Yaracuy, Aragua, Carabobo, Miranda, Anzoátegui y Sucre, que también resultaron afectados por los devastadores sismos.

Chacón dijo que el plan de capacitación tiene como objetivo consolidar una cultura de prevención y resguardo de la seguridad ciudadana ante eventos sísmicos.

La Organización Latinoamericana de Capellanes de los Derechos Humanos (Orgalatín) fijó posición ante lo que considera un hecho constitucional impostergable: el vencimiento del plazo legal para declarar la vacante en la jefatura del Estado venezolano.

Coromoto Ramos, dirigente de la organización, advirtió que el país no puede permanecer en la incertidumbre institucional ni someterse a extensiones al margen de la ley.

La abogada, miembro de la comisión jurídica de Orgalatín, indicó que este 3 de julio se cumplen 180 días de falta absoluta tras la captura de Nicolás Maduro, preso en una prisión federal del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 233, establece con absoluta claridad las causales de falta absoluta, la encargaduría y la obligación de convocar de inmediato a elecciones libres, transparentes y verificables, indicó Ramos.

“Venezuela no puede permanecer en un vacío de poder ni en una prórroga de facto. La única vía legítima para restituir la institucionalidad y la dignidad ciudadana es el voto”.

Ramos, en representación de la comisión jurídica del organismo internacional, expresó que la omisión de este mandato no solo pasa por encima de la legislación nacional, sino que vulnera acuerdos internacionales en materia de derechos políticos.

“Como organización de derechos humanos para toda Latinoamérica, exigimos que se respete el derecho del pueblo venezolano a elegir y a ser elegido”.

“Negar ese derecho es ir en contra de la democracia y constituye una violación a las garantías fundamentales consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales. El mundo nos está mirando, y los derechos humanos no se negocian”, agregó la jurista.

Orgalatín hizo un llamado al poder electoral y a las instituciones del Estado venezolano a activar los mecanismos que destraben la crisis política de forma inmediata.