Tras meses de silencio posterior a su excarcelación, el excandidato presidencial Enrique Márquez reapareció para presentar el Pacto por Venezuela, un plan orientado a canalizar la participación ciudadana hacia la transición política con el respaldo de EE. UU.

“Estamos de vuelta”, dijo al iniciar una rueda de prensa en un hotel capitalino. 

“Los venezolanos perciben a Estados Unidos como un aliado indispensable. Nuestra economía e instituciones necesitan ayuda técnica y financiera para ser reconstruidas con transparencia”, declaró.

Frente a las críticas sobre presuntas afecciones a la soberanía, el político rechazó los cuestionamientos argumentando que el proceso iniciado este año busca recuperar la soberanía popular confiscada por el régimen chavista. 

Defendió la cooperación de Washington para restaurar el control de la industria petrolera y la estabilidad institucional del país.

El dirigente dijo que el pacto busca complementar los esfuerzos de diálogo existentes y no competir con ellos, estructurados en cinco ejes estratégicos:

• Institucionalidad y democracia: reforma profunda del Poder Judicial, designación de un CNE, devolución de siglas partidistas y cese de inhabilitaciones políticas.
• Reforma electoral: eliminación de la reelección indefinida, adopción de segunda vuelta presidencial y restitución del congreso bicameral.
• Economía y propiedad: garantías para la inversión extranjera, respeto a la propiedad privada y restitución de bienes expropiados.
• Derechos y paz: Atención a la emergencia humanitaria y liberación plena de los presos políticos.

El excandidato presidencial defendió el papel de la administración de Donald Trump luego del 3 de enero cuando fuerzas militares estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro.

Márquez rechazó las críticas sobre pérdida de soberanía, concentración de recursos y el tutelaje de EEUU sobre Venezuela con el llamado plan de tres fases.

Reiteró que la prioridad actual es concentrarse en la estabilización del país y la reconstrucción institucional.

La vicepresidenta del partido Unidad Democracia Renovadora (UDR), Coromoto Ramos, se pronunció sobre el reciente encuentro entre representantes de pensionados y jubilados con Dinorah Figuera, pero advirtió que la tercera edad no necesita más promesas sino acciones concretas e inmediatas.

El pronunciamiento ocurre tras la reunión sostenida el pasado lunes 10 de agosto por el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores con Figuera, en la que se expuso la precaria situación económica del sector.

Aunque Figuera calificó en sus redes sociales las demandas como «justas y necesarias», Ramos insistió en que el compromiso debe traducirse en soluciones reales.

“No queremos más reuniones ni anuncios, queremos aumento ya”, reclamó la dirigente política al insistir que los jubilados y pensionados no pueden seguir esperando.

“Los adultos mayores reclaman que se ejecuten de inmediato acciones: un aumento de las pensiones e incremento del salario mínimo, el cual permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes a 0,10 centavos de dólar”, declaró la abogada.

Ramos criticó la asignación de bonificaciones a través del sistema Patria —que oscilan entre 70 dólares para pensionados y 150 dólares para jubilados— al denunciar que no constituyen un ingreso formal digno y generan exclusión.

“En ese programa gubernamental predomina la discriminación, puesto que no todos los beneficiarios reciben el pago y la población migrante ha sido totalmente excluida desde hace años”.

Para la vicepresidenta de UDR, el dramatismo de la crisis se evidencia en los reportes del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), los cuales ubican el costo de la canasta alimentaria familiar en más de $785 dólares.

“El aumento debe ser ahora” exigió la vicepresidenta de UDR.

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) contabilizó 134 agresiones contra el ejercicio del periodismo libre en el país, consolidando un patrón sistemático de amedrentamiento y censura.

El secretario general del CNP Caracas, Edgar Cárdenas, calificó de grave las cifras al presentar el informe del Observatorio de Seguimiento de Agresiones.

“134 periodistas fueron agredidos, entre ellos 23 detenidos arbitrariamente”, alertó.

“El ejercicio periodístico en Venezuela está bajo constante amenaza mediante un marco punitivo que busca amedrentar y criminalizar la labor de quienes reportan la realidad”.

Cárdenas alertó sobre el acoso institucional y policial diseñado para frenar la cobertura de hechos de alto impacto público, como los sismos del 24 de junio, coyuntura en la que se registraron 9 vulneraciones a reporteros independientes y equipos de televisión en el área metropolitana y La Guaira.

Denunció que seis comunicadores previamente excarcelados siguen sometidos a medidas cautelares restrictivas que violan sus derechos fundamentales.

Balance de agresiones (Enero – Julio 2026):

Intimidación: 24

Impedimento de cobertura: 23

Detenciones arbitrarias: 23

Deportación de corresponsales extranjeros: 15

Ataques directos: 13

Borrado de material periodístico: 12

Hostigamiento: 12

Amenazas: 6

Cierre de emisoras de radio: 4

Decomiso de credencial: 1

Intento de robo de equipos: 1

“Informar no es un delito; es una garantía fundamental para la ciudadanía”, destacó el dirigente gremial.