El dirigente de Primero Justicia (PJ) Carlos Ocariz solicitará ante la Unión Europea (UE), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos una auditoría al registro electoral permanente (REP).

En rueda de prensa, indicó que la iniciativa lo hará conjuntamente con otras organizaciones especializadas y solicitará, además, fiscalizar el listado electoral sin tener que esperar el nombramiento de los nuevos rectores del CNE.

«El país sabe que vamos a un proceso electoral. Estamos luchando por esa elección presidencial para 2027 y no hay que esperar a que se nombren los nuevos miembros del CNE para comenzar la revisión del REP», afirmó Ocariz.

El dirigente político denunció que el padrón electoral venezolano no se audita de forma integral desde 2005 y señaló que entre las exigencias figura la inscripción e incorporación de los venezolanos en el exterior.

Ocariz sostuvo que la reforma electoral debe avanzar en paralelo a las negociaciones políticas y al respaldo internacional.

«Un CNE nuevo con un registro viejo no resuelve el problema. Si queremos una salida institucional y democrática, la auditoría del registro tiene que empezar ya».

La Organización Latinoamericana de Capellanes de los Derechos Humanos (Orgalatín) exige a la mesa de diálogo que decrete con urgencia un aumento salarial, así como el ajuste inmediato de los montos asignados a pensiones y jubilaciones en Venezuela.

La abogada Coromoto Ramos, integrante de la Comisión Jurídica de Orgalatín, advirtió que ante la crisis humanitaria no es posible postergar las soluciones económicas mientras se define el futuro político del país.

“Levantamos nuevamente la voz para hacer pública la grave situación en que vivimos los ciudadanos venezolanos. Respetamos todos los procesos políticos, pero el pueblo no puede esperar un año más. Pedimos un decreto de emergencia de aumento salarial ya”.

Ramos reiteró su posición en rechazo a los anuncios de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien informó que en el año 2027 están previstos incrementos salariales, señalando que la realidad diaria exige respuestas inmediatas.

“No podemos seguir pasando hambre y necesidad. Lo que ganamos no alcanza para la cesta básica alimentaria ni para comprar las medicinas que requieren los adultos mayores”.

Un reporte del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), para el mes de septiembre, la canasta alimentaria familiar de 60 productos supera los 761 dólares, una cifra inalcanzable para la mayoría.

“Pedimos a la mesa de diálogo y al Gobierno de los Estados Unidos que hoy tutela el país que, mientras se resuelve el futuro político, se decrete ese aumento de emergencia, porque con hambre no hay democracia ni progreso”.

Insistió en que los adultos mayores reclaman que se aumente el monto de las pensiones e igualmente el salario mínimo, congelado desde 2022.

Aclaró que no se trata de un aumento populista sino una medida de protección humanitaria, de emergencia y justicia social mientras se procuran acuerdos políticos en la mesa de diálogo.

El partido en formación Poder Ciudadano (PC), a través de su presidente, Ítalo Zapata, exigió al recién designado Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional la aplicación de un baremo en la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La exigencia surge tras las denuncias de sectores de la sociedad civil, entre ellas las emitidas por la abogada Raquel Sánchez, coordinadora de Foro Penal Táchira, sobre la anulación de 561 postulaciones del proceso anterior a raíz de las negociaciones en la mesa de diálogo.

Ante este escenario, Zapata se pronunció por la transparencia en la selección y composición del nuevo poder judicial, exigiendo la publicación de las calificaciones, las actas de las entrevistas y la aplicación de un baremo técnico a todos los aspirantes.

También exigió el cumplimiento de los lapsos y permitir a los gremios profesionales y organizaciones civiles consignar las impugnaciones.

«La selección de los miembros del TSJ no puede ser vista como un reparto de cuotas políticas. El país exige jueces probos, idóneos y de irreprochable solvencia moral que devuelvan la credibilidad a las instituciones», dijo el dirigente político.

Zapata reiteró que la legitimidad del nuevo TSJ dependerá de que el proceso sea abierto a la contraloría ciudadana y distanciado de pactos a puerta cerrada.