El presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, hizo un llamado urgente al gobierno por considerar que la crisis hospitalaria requiere atención inmediata.

“El 90 por ciento de los hospitales están desabastecidos y abandonados”, afirmó el galeno en rueda de prensa acompañado por el comité ejecutivo del gremio médico venezolano.

Indicó que un cinco por ciento son hospitales “vitrinas” que han sido mejorado en sus áreas de atención médica, aproximadamente unos 15 centros asistenciales, pero la mayoría de los 301 hospitales están abandonados”.

León Natera, médico cirujano y urólogo, comentó que la constitución establece el derecho a la salud y a la vida “pero eso es inexistente, es letra muerta por el incumplimiento del Ejecutivo nacional”.

Reclamo salarial

Pidió al recién nombrado nuevo ministro de Salud, Carlos Alvarado, “sentarse a dialogar” con el gremio médico venezolano en procura de firmar el contrato colectivo de sector salud que desde 2003 no ha sido posible renovarlo.

Indicó que los médicos venezolanos en su propuesta de la convención colectiva exigen un salario mínimo de 1.500 dólares básico de acuerdo a escalafón y horas de contratación para el médico rural e interno.

A partir de ese monto 1.600 dólares para el médico residente hasta una escala máxima entre 2.600 y 3.150 dólares para el personal de mayor rango.

Salario sancionado

Al ser consultado sobre las movilizaciones convocadas por el gobierno en contra de las sanciones económicas, el presidente de la FMV, dijo que ese es un derecho político.

Sin embargo, comentó que “el bolsillo de los venezolanos es el que está sancionado puesto que el salario mínimo, 130 bolívares, menos de 20 centavos de dólar al mes, está bloqueado desde hace cuatro años”.

“Ya no es ni sal ni agua, es solo agua. En Venezuela no hay salario mínimo”.

La activista por los derechos humanos Coromoto Ramos fue juramentada como segunda vicepresidenta de la Unidad Democracia Renovadora (UDR), organización política fundada hace 29 años y actualmente aliada de María Corina Machado.

El acto de juramentación estuvo encabezado por el presidente de UDR, José Mejías, acompañado por el vicepresidente, Carlos Camacho; el secretario general, José García Urquiola; José Díaz Acero y Nelson Brizuela por organización, entre otros.

Tras agradecer el nombramiento, Ramos abogó por la unidad de los venezolanos para restaurar la democracia y el estado de derecho en el país.

El presidente de UDR reiteró el compromiso de la organización política, fundada en 1997, por la incorporación de nuevos liderazgos para el trabajo político y social en Venezuela.

Lograr la reunificación y legitimación de las organizaciones políticas enfrentadas por estructuras paralelas es el proyecto denominado PASO que presentan a los venezolanos un grupo de dirigentes de Acción Democrática (AD).

“Presentamos a los venezolanos y a todos los partidos políticos judicializados, incluyendo aquellos en proceso de formación una hoja de ruta que permita su legitimación y cambio de autoridades internas”, explicó el abogado Leomagno Flores.

Para lograrlo proponemos un solo proceso de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) inmune a la manipulación oficialista o a vicios internos, con los siguientes protocolos de ejecución:

● Coordinación por órgano ad hoc independiente: la administración del proceso no podrá estar en manos de las directivas cuestionadas, sino de un ente autónomo creado exclusivamente para este fin.

● Supervisión internacional de alto nivel: acompañamiento técnico y la observación de la OEA, ONU y Centro Carter, asegurando estándares globales de transparencia.

● Asesoría técnica especializada: el diseño electoral será validado por una comisión de expertos electorales independientes, garantizando la inviolabilidad del voto.

● Reinscripción y depuración de padrones: Como acción simultánea fundamental, se hará la reinscripción masiva de ciudadanos como primer paso para la reinstitucionalización, permitiendo que la organización política recupere su enraizamiento social y que la base militante sea el único motor legítimo de la toma de decisiones.

Flores expresó que esta hoja de ruta denominada PASO la consideran como el camino viable hacia la legitimidad de las organizaciones políticas afectadas por procesos judiciales y enfrentadas por estructuras paralelas.