La magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol, solicitó al gobierno de Donald Trump que rectifique su apoyo al interinato de Delcy Rodríguez y respalde, en su lugar, la instalación de una junta de gobierno como la auténtica «llave constitucional» para resolver la crisis venezolana.

La abogada en ciencias penales y criminológicas expresó sus exigencias en rueda de prensa desde las adyacencias de la embajada estadounidense en Caracas.

Mármol rechazó la continuidad de la Asamblea Nacional de 2015 por considerar que su período constitucional expiró en 2021.

“La llave constitucional para resolver la crisis política en Venezuela es a través de la instalación de una junta de gobierno y hacemos esa solicitud formal al representante del Gobierno de Estados Unidos en nuestro país”.

La magistrada aclaró que esta iniciativa no busca la perpetuación en el poder ni responde a componendas políticas. Las funciones medulares de la propuesta junta de gobierno contemplan:

Asumir la transición institucional del país, designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y convocar a elecciones generales presidenciales y parlamentarias en un lapso perentorio de dos meses.

Al ser consultada sobre el mecanismo de legitimación de esta junta, Mármol precisó que su designación no dependerá de cúpulas partidistas, sino que se articulará directamente a través de asambleas de ciudadanos en todos los estados y municipios de Venezuela.

“La junta de gobierno será elegida por la ciudadanía porque finalizó el interinato. En Venezuela no hay presidente ni gobierno”.

La jurista aprovechó el encuentro con los medios para hacer un llamado a la líder opositora María Corina Machado a regresar al país, al tiempo que exhortó a la Plataforma Unitaria a reflexionar profundamente sobre sus actuales métodos de negociación.

El dirigente político Ítalo Zapata, presidente del movimiento en formación Poder Ciudadano (PC), solicitó que la despartidización de los consejos comunales sea incorporada en la agenda del diálogo que sostendrán las delegaciones de Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez.

Zapata alertó que estas organizaciones comunitarias, diseñadas originalmente para la participación ciudadana, han sido desvirtuadas por el oficialismo para ser utilizadas como mecanismos de coacción.

“En cada proceso electoral, los consejos comunales son instrumentalizados para instalar puntos de control político frente a los centros de votación. Debemos liberarlos de la tutela partidista y devolverlos a los vecinos”, instó el vocero.

Indicó que en Venezuela existen cerca de 50 mil consejos comunales, controlados  a discreción por el gobierno chavista.

Zapata planteó que la solución a la crisis de los servicios públicos en las regiones pasa por rescatar la autonomía local. 

Para ello, propuso reactivar las juntas parroquiales, figuras auxiliares del municipio eliminadas en diciembre de 2010 mediante la reforma a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM).

“El binomio de gestión entre la parroquia y un consejo comunal libre de ideologías es la verdadera base de la descentralización y la vía más rápida para resolver los problemas cotidianos de la gente”.

El presidente de Poder Ciudadano también criticó que el acceso a programas de alimentación, como la distribución de las bolsas CLAP, esté condicionado por criterios político-partidistas aplicados por los llamados “jefes de calle”, quienes deciden de forma discrecional a quiénes aceptar o rechazar.

Ante el inminente proceso de negociación respaldado por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, Zapata insistió en que el bienestar social de los sectores vecinales debe ser incluido en la agenda de diálogo.

Ante la vacante del cargo presidencial por la captura de Nicolás Maduro, la Organización Latinoamericana de Capellanes de los Derechos Humanos (Orgalatín) propone una hoja de ruta institucional para restituir la democracia en Venezuela.

La propuesta, estructurada en cuatro pasos, fue presentada por la comisionada jurídica de Orgalatín, Coromoto Ramos.

1. Conformación de una junta de gobierno.

2. Nombramiento urgente de un órgano electoral.

3. Cronograma electoral inmediato.

4. Convocar a elecciones presidenciales.

Ramos propuso, además, la devolución de las tarjetas electorales que le fueron despojadas a sus legítimas autoridades de los partidos políticos de la oposición e informar a la comunidad internacional de esta iniciativa.

“Orgalatín rechaza la pretensión del interinato de permanecer indefinidamente en el poder bajo la sombra de la catástrofe nacional provocada por los devastadores terremotos del 24 de junio”, dijo la activista de los derechos humanos.

Recordó que el pasado 3 de julio se venció el plazo constitucional de 180 días que declara la falta absoluta del presidente.

“Delcy Rodríguez no es presidente ni fue electa y usurpa un cargo de elección popular”.

“Venezuela no puede permanecer en un vacío de poder ni en una prórroga de facto. La única vía legítima para restituir la institucionalidad es a través del sufragio”.

La abogada sentenció que Venezuela no tiene presidente. “El cargo ha quedado vacante o falta absoluta como dice la Constitución”.

Ante esa situación, Ramos pide declarar la emergencia nacional y estructurar una hoja de ruta a través de una junta de gobierno amplia, mientras se convocan a elecciones.