El Estado Barinas, pilar de la producción de carne y queso en Venezuela, enfrenta una crisis sin precedentes que amenaza con paralizar el suministro de alimentos a nivel nacional por el deterioro de las vías y la falta de insumos.

El secretario general regional del partido Democracia Renovadora, Óscar José Pérez, alertó sobre un colapso agropecuario por el abandono de las vías, obsolescencia de la maquinaria y la crítica escasez de insumos que asfixia a miles de familias productoras.

La llegada del invierno ha agravado el panorama. Las fuertes lluvias ya provocan desbordamientos de ríos y deslizamientos, dejando intransitables las rutas de acceso en los 12 municipios del estado, desde Alberto Arvelo, Obispos hasta Arismendi, Pedraza y Rojas.

Esta situación impide que camiones, tractores y góndolas trasladen cosechas de cereales, hortalizas y ganado hacia los centros de acopio.

“No hemos recibido respuesta del Ministerio de Agricultura ni de las autoridades regionales. Estamos perdiendo cosechas enteras porque no hay forma de sacarlas de las fincas. La rentabilidad del campo ha desaparecido bajo el lodo de caminos olvidados”, dijo Pérez.

A la crisis logística se suma un parque automotor paralizado. La falta de repuestos, lubricantes y neumáticos mantiene fuera de servicio a gran parte de la maquinaria necesaria para la preparación de tierras y fumigación.

Asimismo, el alto costo de semillas y fertilizantes ha obligado a los pequeños productores a reducir drásticamente las áreas de siembra.

Pérez hizo un llamado al Ejecutivo nacional para que declare la emergencia productiva en la entidad por la inacción del Ministerio de Agricultura, advirtiendo que la soberanía alimentaria del país está en juego.

Imágenes del Municipio Rojas, una muestra del estado en que se encuentran las vías agrícolas en Barinas (Cortesía)

“Sin inversión en vialidad, dotación de insumos, solucionar la crisis eléctrica y atender los servicios públicos, Barinas dejará de ser el motor agropecuario del país”, alertó el abogado.

El presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, denunció graves vulneraciones técnicas, legales y éticas en el caso de Víctor Quero Navas, cuyo deceso bajo custodia estatal fue ocultado a sus familiares durante nueve meses.

El vocero calificó el hecho como una violación flagrante a los derechos humanos y un «peregrinaje de dolor» para su madre, Carmen Navas, de 81 años, quien recorrió cárceles, hospitales y morgues buscando información que le fue negada.

León Natera señaló que el Estado venezolano incumplió el artículo 43 de la Constitución, el cual lo obliga a garantizar la vida de los privados de libertad.

Afirmó que la ocultación del fallecimiento por casi un año configura una desaparición forzada, un trato cruel y una vulneración directa al derecho a la verdad.

En defensa de la ética profesional, la FMV exige la publicación inmediata del informe forense, el historial clínico y la cadena de custodia.

La institución gremial reclama transparencia total sobre el acta de defunción, demandando conocer la causa real del deceso, el lugar exacto del fallecimiento y la identidad del médico firmante.

“Es imperativo determinar si existieron diagnósticos previos o si la muerte derivó de la falta de tratamiento médico en el centro de reclusión”, fustigó el científico.

Asimismo, la federación solicita aclarar si el detenido recibió atención por parte de médicos colegiados o si estuvo bajo la asistencia exclusiva de los custodios.

Activación de protocolos internacionales

Ante la gravedad del caso, el presidente de la FMV instó a las autoridades nacionales a aplicar el Protocolo de Minnesota, estándar internacional diseñado para investigar muertes potencialmente ilícitas bajo custodia del Estado.

De igual forma, pidió ejecutar el Protocolo de Estambul ante posibles indicios de tortura previa.

«Es una tragedia que subraya la urgencia de justicia. El Estado está obligado a dar respuestas a quienes hoy transitan la incertidumbre y el trato inhumano», reclamó el representante gremial.

El presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, solicitó al embajador de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, una investigación sobre el destino de un cargamento de 71 toneladas de medicinas enviado por el gobierno estadounidense.

La petición fue entregada mediante un documento de dos páginas durante un encuentro bilateral celebrado el pasado jueves 7 de mayo.

El texto, respaldado también por el secretario general de la FMV, Rafael Belmonte, insta a la administración del presidente Donald Trump a intermediar en la búsqueda de soluciones a la crisis humanitaria que afecta al sector salud en Venezuela.

La FMV solicita “esclarecer el destino y paradero del cargamento enviado por Estados Unidos en febrero pasado, que a la fecha no ha llegado a los hospitales”.

Ante la opacidad en la distribución de los insumos, el gremio médico venezolano planteó formalmente a la delegación diplomática la necesidad de «gestionar mecanismos de veedurías».

El objetivo es garantizar que la asistencia humanitaria llegue de forma directa a los pacientes y establecer, paralelamente, un canal de dotación permanente y frecuente para los centros asistenciales.

Además de las exigencias en materia de insumos, León Natera expuso la gravedad de la crisis salarial que atraviesa el sector profesional del país. 

Calificó de «indignante» la remuneración actual del trabajador venezolano, la cual oscila entre los 3 y los 60 dólares mensuales, ingresos que impiden cubrir la canasta básica alimentaria.

En el plano político y de derechos humanos, el portavoz gremial exigió verbalmente ante el embajador Barrett la liberación de todos los presos políticos en el país, cuya cifra estimada se sitúa en 647 personas.

El dirigente médico urgió de manera particular las excarcelaciones de los galenos José Villegas Jiménez y Tony Espinoza.

Por su parte, el embajador John Barrett se comprometió a procesar y tramitar cada una de las denuncias presentadas por la representación de la FMV ante las instancias correspondientes de su gobierno.