Política
Nueva Ley Orgánica Simón Bolívar: Sanciones Severas para Proteger la Soberanía Venezolana
La Asamblea Nacional aprueba un marco legal que castiga la traición y la injerencia extranjera en Venezuela.
La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, donde la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ha dado un paso significativo en la defensa de la soberanía del país al aprobar, por unanimidad y en segunda discusión, Esta ley establece sanciones severas para aquellos considerados traidores a la patria y se enviará a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para evaluar su constitucionalidad, conforme al artículo 203 de la Constitución Bolivariana. Jorge Rodríguez, presidente de la AN, anunció que el texto fue ampliado a 23 artículos y dos disposiciones finales, enriqueciendo así el proyecto original.
La «Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela» incluye medidas drásticas contra individuos y entidades—tanto nacionales como extranjeras—que faciliten injerencias en los asuntos internos del país. Las sanciones contempladas son contundentes: se prevén penas de hasta 30 años de prisión y multas que pueden alcanzar hasta un millón de euros para quienes promuevan sanciones extranjeras contra Venezuela.
Una de las características más notables de esta ley es la inhabilitación política por un periodo de 60 años para quienes cometan estos delitos, lo que les impedirá acceder a cargos públicos o participar en elecciones. Además, se establece la confiscación de bienes para aquellos que soliciten invasiones o medidas restrictivas unilaterales contra el país.
El marco legal también apunta a los medios de comunicación, imponiendo severas sanciones a los prestadores de servicios que difundan propaganda a favor de medidas coercitivas. Las penalizaciones incluyen desde multas significativas hasta la revocatoria de concesiones, lo que refleja una postura firme frente a lo que se considera una amenaza a la integridad nacional.
Finalmente, esta ley redefine lo que se entiende como «acciones que ponen en riesgo la soberanía», incluyendo el desconocimiento de los poderes públicos y el reconocimiento de figuras que pretenden representar al Estado sin legitimidad. Esta normativa llega en un contexto donde los resultados electorales del país no son reconocidos por muchos gobiernos internacionales, subrayando aún más su relevancia en el actual panorama político venezolano.
Política
UDR exige aumento inmediato para los pensionados y jubilados
“No queremos más reuniones ni más anuncios. Aumento ya”, reclamó Coromoto Ramos de elevar los ingresos ante una canasta de 785 dólares
La vicepresidenta del partido Unidad Democracia Renovadora (UDR), Coromoto Ramos, se pronunció sobre el reciente encuentro entre representantes de pensionados y jubilados con Dinorah Figuera, pero advirtió que la tercera edad no necesita más promesas sino acciones concretas e inmediatas.
El pronunciamiento ocurre tras la reunión sostenida el pasado lunes 10 de agosto por el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores con Figuera, en la que se expuso la precaria situación económica del sector.
Aunque Figuera calificó en sus redes sociales las demandas como «justas y necesarias», Ramos insistió en que el compromiso debe traducirse en soluciones reales.
“No queremos más reuniones ni anuncios, queremos aumento ya”, reclamó la dirigente política al insistir que los jubilados y pensionados no pueden seguir esperando.
“Los adultos mayores reclaman que se ejecuten de inmediato acciones: un aumento de las pensiones e incremento del salario mínimo, el cual permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes a 0,10 centavos de dólar”, declaró la abogada.
Ramos criticó la asignación de bonificaciones a través del sistema Patria —que oscilan entre 70 dólares para pensionados y 150 dólares para jubilados— al denunciar que no constituyen un ingreso formal digno y generan exclusión.
“En ese programa gubernamental predomina la discriminación, puesto que no todos los beneficiarios reciben el pago y la población migrante ha sido totalmente excluida desde hace años”.
Para la vicepresidenta de UDR, el dramatismo de la crisis se evidencia en los reportes del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), los cuales ubican el costo de la canasta alimentaria familiar en más de $785 dólares.
“El aumento debe ser ahora” exigió la vicepresidenta de UDR.
Política
El CNP Caracas denuncia 134 agresiones a la prensa en 2026
23 detenciones arbitrarias y aumentan las amenazas contra los periodistas, alerta el secretario general del CNP Caracas, Edgar Cárdenas
Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) contabilizó 134 agresiones contra el ejercicio del periodismo libre en el país, consolidando un patrón sistemático de amedrentamiento y censura.
El secretario general del CNP Caracas, Edgar Cárdenas, calificó de grave las cifras al presentar el informe del Observatorio de Seguimiento de Agresiones.
“134 periodistas fueron agredidos, entre ellos 23 detenidos arbitrariamente”, alertó.
“El ejercicio periodístico en Venezuela está bajo constante amenaza mediante un marco punitivo que busca amedrentar y criminalizar la labor de quienes reportan la realidad”.
Cárdenas alertó sobre el acoso institucional y policial diseñado para frenar la cobertura de hechos de alto impacto público, como los sismos del 24 de junio, coyuntura en la que se registraron 9 vulneraciones a reporteros independientes y equipos de televisión en el área metropolitana y La Guaira.
Denunció que seis comunicadores previamente excarcelados siguen sometidos a medidas cautelares restrictivas que violan sus derechos fundamentales.
Balance de agresiones (Enero – Julio 2026):
Intimidación: 24
Impedimento de cobertura: 23
Detenciones arbitrarias: 23
Deportación de corresponsales extranjeros: 15
Ataques directos: 13
Borrado de material periodístico: 12
Hostigamiento: 12
Amenazas: 6
Cierre de emisoras de radio: 4
Decomiso de credencial: 1
Intento de robo de equipos: 1
“Informar no es un delito; es una garantía fundamental para la ciudadanía”, destacó el dirigente gremial.
Política
El MAS lamenta retraso del diálogo y exige una negociación sin exclusiones
Nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo de Justicia debe ser la prioridad, considera Felipe Mujica
(Por Yesenia Balza CNP 6590) El secretario general del MAS, Felipe Mujica, lamentó que la mesa de diálogo no se haya instalado y advirtió que los comunicados reflejan diferencias que generan dudas sobre el rumbo de la negociación.
El dirigente político hacía referencia a la reunión que habían previsto para el primero de agosto Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015 con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y Jorge Rodríguez en representación del interinato.
Mujica señaló que se desconocen las razones del desencuentro y contabilizó 18 intentos de negociación entre el gobierno y la oposición, sin acuerdos.
“Ojalá que esta vez prevalezca la voluntad de alcanzar acuerdos”, confió Mujica.
Comentó que mientras el gobierno habla de un diálogo con un sector de la oposición, el otro documento plantea que el objetivo es avanzar hacia una transición.
“La transición es un proceso que está en desarrollo y el gobierno no se ha pronunciado expresamente sobre esto sino sobre un conjunto de cambios”, indicó.
El dirigente del MAS insistió en que la negociación debe dar cabida a todos los sectores de la sociedad venezolana.
Mujica propuso mesas de trabajo para atender la situación social, las consecuencias del doble terremoto, la agenda institucional —incluida la liberación de los presos políticos— y la reinstitucionalización del Estado.
Precisó que este último punto debería abarcar la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y los demás poderes públicos, en estricto apego a la Constitución Nacional.
Defendió el restablecimiento de los derechos ciudadanos, lo que, a su juicio, implica permitir el regreso de la población migrante y garantizar el ejercicio pleno de la actividad pública.
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