El Movimiento al Socialismo (MAS), a través de su vicepresidenta, María Verdeal, exigió a la Asamblea Nacional derogar nueve leyes por considerar que violan los derechos humanos, restringen la libertad de expresión y profundizan la inseguridad jurídica en el país.

Verdeal cuestionó la propuesta de reforma parcial a la Ley contra el Odio planteada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, advirtiendo que el texto debe ser anulado en su totalidad.

«La Ley contra el Odio es incompatible con una sociedad democrática y libre, pues contempla penas de hasta 20 años de prisión y permite interpretaciones subjetivas para perseguir a la disidencia».

Asimismo, la dirigencia del MAS demandó la eliminación de las siguientes instrumentaciones legales:

• Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar: Penaliza con hasta 30 años de cárcel e inhabilitaciones de 60 años por razones políticas.
• Ley Resorte (Medios Electrónicos): Cercena el derecho a la información y restringe el ejercicio del periodismo.
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información: Obstruye el control ciudadano sobre la gestión pública.
• Ley Antibloqueo: Oculta datos económicos e institucionales y otorga facultades discrecionales al Ejecutivo.
• Ley de ONG y Ley Orgánica de Seguridad de la Nación: Asfixia el funcionamiento de la sociedad civil organizada.
• Ley de Extinción de Dominio: Permite la confiscación de bienes privados sin contar con una sentencia judicial definitiva.
• Ley IGTF: Impacta negativamente las transacciones en divisas y encarece el costo de vida de los ciudadanos.

Verdeal alertó que la vigencia de estas legislaciones atenta contra las garantías constitucionales y la reconstrucción institucional de Venezuela.

El partido Unidad Democracia Renovadora (UDR), a través de su vicepresidenta, Coromoto Ramos, cuestionó la inacción de la mesa de diálogo —designada por el Gobierno de Estados Unidos— ante la falta de convocatoria a elecciones presidenciales en el país.

“Lo más importante es la voluntad de organizar las elecciones presidenciales en Venezuela; la población está lista para participar”, aseveró Ramos.

La abogada reiteró la exigencia de fijar una fecha para los comicios, habilitar formalmente a las organizaciones políticas intervenidas por el régimen y restituir sus tarjetas electorales. 

Remarcó que han transcurrido diez meses desde la captura de Nicolás Maduro sin que exista un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) ni un cronograma oficial.

Para Coromoto Ramos, la delegación de la mesa de diálogo —conformada por el gobierno tutelado y representantes de la Asamblea Nacional de 2015— opera con lentitud calculada.

“Avanzan a paso lento con la intención deliberada de retrasar, obstruir e impedir que haya elecciones en Venezuela”.

La vicepresidenta de UDR alertó sobre los intereses económicos de Estados Unidos que perpetúan esta parálisis institucional.

“El negocio es que no haya elecciones en Venezuela, porque EE. UU. tiene asegurado el suministro petrolero mediante contratos ilegales y sin garantía jurídica con el interinato de los hermanos Rodríguez”, afirmó.

Ramos advirtió que la mesa de diálogo intentará apaciguar el malestar social anunciando fechas tentativas para 2027 que luego se dilatarán con excusas técnicas hasta 2028.

“Inventarán cualquier pretexto para retrasar deliberadamente las presidenciales como que una de las maletas se extravió en Maiquetía o alguien suspendió su vuelo a Caracas”.

Ante este escenario, la dirigente política de UDR hizo un llamado a la población venezolana a ejercer presión en las calles para exigir de inmediato la convocatoria a comicios presidenciales.

https://youtu.be/aI3sLFIeJ8o?si=SPj49foiN-7PN6bc

La Organización Latinoamericana de Capellanes de los Derechos Humanos (Orgalatín), encabezada por su presidente Marcelo Díaz Bracho, solicitó la asignación de un bono extraordinario de 500 dólares mensuales para los pensionados y jubilados de Venezuela.

Díaz Bracho señaló que esta compensación representa un alivio ante la crisis económica e inflación que afecta a más de cinco millones de adultos mayores en el país. 

El dirigente contrapuso el monto actual de la pensión —fijado en 130 bolívares, equivalente a 0,15 centavos de dólar según la tasa del Banco Central de Venezuela— frente al costo de la canasta básica alimentaria, en 750 dólares mensuales.

“El monto de las pensiones y jubilaciones se mantiene estancado desde hace cuatro años. Entrar en discusiones sobre un aumento salarial formal resulta un camino interminable e inútil para la urgencia de nuestros adultos mayores”, afirmó el jurista.

Además, criticó la inacción en los espacios de concertación política y la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, al remarcar que se omiten los reclamos de la tercera edad a pesar de los ingentes ingresos petroleros.

El presidente de Orgalatín respaldó las gestiones emprendidas por representantes del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores ante la comisionada de la mesa de diálogo Dinorah Figuera.

Díaz dijo, que luego del encuentro la doctora Figuera, designada por el presidente Donald Trump para el diálogo con el gobierno interino, calificó de justa las demandas de los jubilados y pensionados.

“Pero la inacción permanece; no hay nada para los adultos mayores y ante la precaria situación económica un beneficio económico directo de 500 dólares mensuales es justa, urgente e indispensable”, insistió el presidente de Orgalatín.