El presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, denunció graves vulneraciones técnicas, legales y éticas en el caso de Víctor Quero Navas, cuyo deceso bajo custodia estatal fue ocultado a sus familiares durante nueve meses.

El vocero calificó el hecho como una violación flagrante a los derechos humanos y un «peregrinaje de dolor» para su madre, Carmen Navas, de 81 años, quien recorrió cárceles, hospitales y morgues buscando información que le fue negada.

León Natera señaló que el Estado venezolano incumplió el artículo 43 de la Constitución, el cual lo obliga a garantizar la vida de los privados de libertad.

Afirmó que la ocultación del fallecimiento por casi un año configura una desaparición forzada, un trato cruel y una vulneración directa al derecho a la verdad.

En defensa de la ética profesional, la FMV exige la publicación inmediata del informe forense, el historial clínico y la cadena de custodia.

La institución gremial reclama transparencia total sobre el acta de defunción, demandando conocer la causa real del deceso, el lugar exacto del fallecimiento y la identidad del médico firmante.

“Es imperativo determinar si existieron diagnósticos previos o si la muerte derivó de la falta de tratamiento médico en el centro de reclusión”, fustigó el científico.

Asimismo, la federación solicita aclarar si el detenido recibió atención por parte de médicos colegiados o si estuvo bajo la asistencia exclusiva de los custodios.

Activación de protocolos internacionales

Ante la gravedad del caso, el presidente de la FMV instó a las autoridades nacionales a aplicar el Protocolo de Minnesota, estándar internacional diseñado para investigar muertes potencialmente ilícitas bajo custodia del Estado.

De igual forma, pidió ejecutar el Protocolo de Estambul ante posibles indicios de tortura previa.

«Es una tragedia que subraya la urgencia de justicia. El Estado está obligado a dar respuestas a quienes hoy transitan la incertidumbre y el trato inhumano», reclamó el representante gremial.

El presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, solicitó al embajador de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, una investigación sobre el destino de un cargamento de 71 toneladas de medicinas enviado por el gobierno estadounidense.

La petición fue entregada mediante un documento de dos páginas durante un encuentro bilateral celebrado el pasado jueves 7 de mayo.

El texto, respaldado también por el secretario general de la FMV, Rafael Belmonte, insta a la administración del presidente Donald Trump a intermediar en la búsqueda de soluciones a la crisis humanitaria que afecta al sector salud en Venezuela.

La FMV solicita “esclarecer el destino y paradero del cargamento enviado por Estados Unidos en febrero pasado, que a la fecha no ha llegado a los hospitales”.

Ante la opacidad en la distribución de los insumos, el gremio médico venezolano planteó formalmente a la delegación diplomática la necesidad de «gestionar mecanismos de veedurías».

El objetivo es garantizar que la asistencia humanitaria llegue de forma directa a los pacientes y establecer, paralelamente, un canal de dotación permanente y frecuente para los centros asistenciales.

Además de las exigencias en materia de insumos, León Natera expuso la gravedad de la crisis salarial que atraviesa el sector profesional del país. 

Calificó de «indignante» la remuneración actual del trabajador venezolano, la cual oscila entre los 3 y los 60 dólares mensuales, ingresos que impiden cubrir la canasta básica alimentaria.

En el plano político y de derechos humanos, el portavoz gremial exigió verbalmente ante el embajador Barrett la liberación de todos los presos políticos en el país, cuya cifra estimada se sitúa en 647 personas.

El dirigente médico urgió de manera particular las excarcelaciones de los galenos José Villegas Jiménez y Tony Espinoza.

Por su parte, el embajador John Barrett se comprometió a procesar y tramitar cada una de las denuncias presentadas por la representación de la FMV ante las instancias correspondientes de su gobierno.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por Acción Democrática (AD) José Gregorio Correa defendió la decisión de llevar la controversia por la Guayana Esequiba ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pese a reconocer que el tribunal ha actuado de manera “parcializada” a favor de Guyana.

El parlamentario admitió que en un principio se oponía a esa vía, pero hoy considera que Venezuela “nunca debió dejar de acudir a todos los escenarios internacionales” para exponer sus argumentos históricos.

“Al principio estaba muy en contra, pero creo que hay que asistir a todos los organismos a exponer nuestra razón. Ese Esequibo es nuestro desde siempre, por decisión de Carlos III cuando se creó la Capitanía General de Venezuela”.

El diputado dijo que aunque la CIJ pueda ser hostil a los intereses nacionales, el país tiene la obligación de explicar su posición allí y en cualquier foro.

“Algo me hace pensar y creer que es bueno que vayamos, porque nunca debimos haber dejado de ir”, recalcó.

Para sustentar su postura, Correa evocó un pasaje histórico vinculado al Libertador.

“Simón Bolívar señaló, cuando la guerra de Independencia, que del margen oeste del río Esequibo hacia acá, todo el que estuviera viviendo tenía la obligación de defender el territorio venezolano, detalló.

¿Cómo no ir a La Haya y cómo no explicar allí y en todos los escenarios?”, se preguntó el parlamentario, quien insistió en que el diferendo territorial tiene un componente totalmente político y no jurídico, más allá de las argucias legales que pueda presentar Guyana.

“Creo que teníamos páginas oscuras y se pasan. Hay que buscar una Venezuela del futuro, con nuevas inversiones destinadas al gasto social”, afirmó.

El diputado concluyó con un mensaje de dimensión histórica: “Todas las generaciones que vienen, 500 años más, ese Esequibo será nuestro, y 500 años antes también era nuestro. Todos somos pasajeros”.