El abogado internacionalista Leomagno Flores propuso implementar el mecanismo de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como la vía para devolver a sus legítimas autoridades los partidos políticos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El jurista instó a la diputada Dinorah Figuera, quien con el respaldo del presidente Donald Trump, lidera los acercamientos con el gobierno tutelado por EE. UU., a abrir un espacio de audiencia para exponer detalladamente esta iniciativa.

“Los objetivos más importantes en la mesa de diálogo son la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la reorganización del TSJ y la reinstitucionalización de los partidos políticos”, comentó el abogado.

“La idea es elegir en un mismo día, y por el voto de las bases militantes, a las autoridades legítimas nacionales y municipales de las organizaciones judicializadas”, explicó Flores.

Unas 15 organizaciones políticas opositoras han sido despojadas de sus legítimos dueños.

Para blindar la transparencia del proceso, el internacionalista plantea que las primarias cuenten con la supervisión de una comisión ad hoc integrada por expertos electorales y el respaldo de la observación internacional de la ONU, la OEA y el Centro Carter.

Flores subrayó el peso estratégico del respaldo estadounidense en este proceso de diálogo con el gobierno interino, destacando el rol de Figuera.

“El gobierno norteamericano obligó a Jorge Rodríguez a sentarse con la presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera, para definir las fases de la transición”.

“Desde ya solicitamos ser oídos para dar los detalles de esta propuesta estructural de primarias en los partidos políticos judicializados”, concluyó.

La abogada Coromoto Ramos, segunda vicepresidenta del partido Unidad Democracia Renovadora (UDR), hizo un llamado urgente a los venezolanos a intensificar la presión ciudadana con el fin de forzar la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales.

A su juicio, el despacho del Palacio de Miraflores padece un “vacío absoluto” institucional que requiere una resolución inmediata por la vía constitucional.

“El próximo 3 de julio se cumplen seis meses de la falta absoluta del cargo presidencial, una situación jurídica y política que urge resolver”, señaló Ramos, en referencia a la ausencia de Nicolás Maduro en el ejercicio del poder.

Indicó que la crisis institucional del país ha tenido un impacto devastador en el día a día de los ciudadanos.

“Venezuela sufre un vacío en la jefatura del Estado que se originó tras las elecciones del 28 de julio de 2024 y que se ha agravado desde el 3 de enero de 2026. Esta parálisis en la conducción de la vida política ha desestabilizado la economía, la salud y la educación, provocando además el colapso de los servicios públicos y de la seguridad alimentaria”, denunció.

La dirigente de UDR propuso crear un poder electoral provisional, de carácter ad hoc, para destrabar el juego político y convocar a las urnas.

Como sustento histórico, recordó los acontecimientos de 1958, tras la caída de la dictadura militar, cuando se instaló en Venezuela una junta electoral provisional que organizó los comicios presidenciales, permitiendo la transición democrática con la victoria de Rómulo Betancourt.

“68 años después, la nación enfrenta el mismo desafío. En julio de 2024 los venezolanos votaron firmemente, y las actas de escrutinio son el testimonio de esa voluntad popular con la victoria de María Corina Machado y Edmundo González”, afirmó.

“Sin un árbitro creíble no hay elecciones libres, y sin elecciones libres no habrá salida constitucional a la crisis que hoy asfixia a Venezuela”, concluyó.

Con las credenciales de doctor en derecho constitucional y un doctorado en economía y administración, el abogado Luis Alberto Martínez anunció oficialmente su postulación como candidato a magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Martínez fundamenta su aspiración en la necesidad de transformar el rumbo institucional y financiero del país y así lo planea en su libro “Reforma Constitucional para un nuevo sistema de Gobierno en Venezuela y un proyecto país”.

Explicó que su propuesta busca cambiar el modelo político y económico actual por un sistema parlamentario bicameral y una estructura de libre mercado, bajo la premisa de que el Estado debe dejar de intervenir en todos los sectores.

«Venezuela requiere el fortalecimiento de sus instituciones y un sistema de justicia que genere confianza y seguridad jurídica», dijo.

Martínez promueve la simplificación de los trámites judiciales para acelerar la toma de decisiones y atraer inversiones que impulsen el bienestar colectivo.

De formar parte de la nueva composición del TSJ, el candidato ratificó su compromiso de servir a la nación con total independencia, equilibrio y transparencia.

A su juicio, el máximo tribunal debe ser el garante de la paz social, el estado de derecho y el progreso económico de los venezolanos.