La Organización Latinoamericana de Capellanes de los Derechos Humanos (Orgalatín), encabezada por su presidente Marcelo Díaz Bracho, solicitó la asignación de un bono extraordinario de 500 dólares mensuales para los pensionados y jubilados de Venezuela.

Díaz Bracho señaló que esta compensación representa un alivio ante la crisis económica e inflación que afecta a más de cinco millones de adultos mayores en el país. 

El dirigente contrapuso el monto actual de la pensión —fijado en 130 bolívares, equivalente a 0,15 centavos de dólar según la tasa del Banco Central de Venezuela— frente al costo de la canasta básica alimentaria, en 750 dólares mensuales.

“El monto de las pensiones y jubilaciones se mantiene estancado desde hace cuatro años. Entrar en discusiones sobre un aumento salarial formal resulta un camino interminable e inútil para la urgencia de nuestros adultos mayores”, afirmó el jurista.

Además, criticó la inacción en los espacios de concertación política y la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, al remarcar que se omiten los reclamos de la tercera edad a pesar de los ingentes ingresos petroleros.

El presidente de Orgalatín respaldó las gestiones emprendidas por representantes del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores ante la comisionada de la mesa de diálogo Dinorah Figuera.

Díaz dijo, que luego del encuentro la doctora Figuera, designada por el presidente Donald Trump para el diálogo con el gobierno interino, calificó de justa las demandas de los jubilados y pensionados.

“Pero la inacción permanece; no hay nada para los adultos mayores y ante la precaria situación económica un beneficio económico directo de 500 dólares mensuales es justa, urgente e indispensable”, insistió el presidente de Orgalatín.

El coordinador de la asociación Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, denunció que la justicia internacional ha sido ineficaz contra el aparato represivo del Estado venezolano el cual se mantiene plenamente activo.

Narváez, miembro de la dirección nacional de Acción Democrática en Resistencia, fijó su posición a propósito de los recientes pronunciamientos de la ONU, y cuestionó la inacción de los organismos multilaterales ante la crisis humanitaria y jurídica del país.

“La comunidad internacional tiene pleno conocimiento de las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano desde 2014, 2017 y 2024”, precisó el abogado.

Criticó que los organismos internacionales solo han visibilizado lo ocurrido, “pero han sido ineficaces para hacer justicia y reparar el daño causado a las víctimas y sus familias».

El activista de derechos humanos detalló el incumplimiento de las instituciones internacionales:

• OEA y Sistema Interamericano: La Comisión y la Corte Interamericana cuentan con un expediente masivo de pruebas consignadas por víctimas y defensores, sin que esto se traduzca en medidas de protección efectivas.
• ONU: A través del Consejo de Derechos Humanos y la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, se han elaborado seis informes detallados que identifican a los responsables directos de los crímenes; sin embargo, las acciones no han ido más allá del papel.
• Corte Penal Internacional: calificó de «triste» el rol del organismo pese haber rechazado los recursos del Estado venezolano pero el proceso de investigación y procesamiento penal se encuentran paralizados sin justificación.

Narváez exhortó a la comunidad internacional a abandonar la neutralidad y activar de inmediato los mecanismos de sanción y juzgamiento para frenar la impunidad en Venezuela.

El partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) condenó la detención del exalcalde Javier Oropeza quien había regresado al país, al igual que otros dirigentes opositores, por el ofrecimiento de Delcy Rodríguez de garantizar el retorno seguro para los exiliados.

En un comunicado difundido por el líder y fundador de ABP, Antonio Ledezma, la organización política calificó el procedimiento de “arbitrario y violento”, y denunció que se vulneró la integridad física del dirigente durante el operativo policial.

Oropeza, exalcalde del Municipio Torres del Estado Lara, fue detenido por funcionarios del servicio de inteligencia el jueves 17 de septiembre momentos después de ofrecer una entrevista al diario El Informador. 

El dirigente tenía dos días de haber regresado al país tras dos años de exilio en España. 

Aunque fue excarcelado horas más tarde, el hecho generó el rechazo inmediato de diversos sectores políticos.

La detención ocurrió al inicio de la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la delegación opositora liderada por Dinorah Figuera, en un proceso auspiciado por EE. UU. para buscar una transición democrática.

ABP denunció que esta actuación reproduce el patrón de persecución documentado por la Misión Internacional Independiente de la ONU, cuyos informes ratifican la vigencia de estructuras estatales dedicadas a la represión.

Ante este escenario, la organización política demandó al gobierno de Donald Trump la excarcelación de 344 presos políticos civiles y militares contabilizados por Foro Penal.

También demandó el cese del hostigamiento a los medios digitales de noticias y el desbloqueo definitivo a todas las plataformas web parcialmente liberadas por Conatel.

ABP exigió el cierre de causas y el sobreseimiento definitivo para miles de ciudadanos sometidos a regímenes de presentación arbitrarios.