La abogada Coromoto Ramos, segunda vicepresidenta del partido Unidad Democracia Renovadora (UDR), hizo un llamado urgente a los venezolanos a intensificar la presión ciudadana con el fin de forzar la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales.

A su juicio, el despacho del Palacio de Miraflores padece un “vacío absoluto” institucional que requiere una resolución inmediata por la vía constitucional.

“El próximo 3 de julio se cumplen seis meses de la falta absoluta del cargo presidencial, una situación jurídica y política que urge resolver”, señaló Ramos, en referencia a la ausencia de Nicolás Maduro en el ejercicio del poder.

Indicó que la crisis institucional del país ha tenido un impacto devastador en el día a día de los ciudadanos.

“Venezuela sufre un vacío en la jefatura del Estado que se originó tras las elecciones del 28 de julio de 2024 y que se ha agravado desde el 3 de enero de 2026. Esta parálisis en la conducción de la vida política ha desestabilizado la economía, la salud y la educación, provocando además el colapso de los servicios públicos y de la seguridad alimentaria”, denunció.

La dirigente de UDR propuso crear un poder electoral provisional, de carácter ad hoc, para destrabar el juego político y convocar a las urnas.

Como sustento histórico, recordó los acontecimientos de 1958, tras la caída de la dictadura militar, cuando se instaló en Venezuela una junta electoral provisional que organizó los comicios presidenciales, permitiendo la transición democrática con la victoria de Rómulo Betancourt.

“68 años después, la nación enfrenta el mismo desafío. En julio de 2024 los venezolanos votaron firmemente, y las actas de escrutinio son el testimonio de esa voluntad popular con la victoria de María Corina Machado y Edmundo González”, afirmó.

“Sin un árbitro creíble no hay elecciones libres, y sin elecciones libres no habrá salida constitucional a la crisis que hoy asfixia a Venezuela”, concluyó.

Con las credenciales de doctor en derecho constitucional y un doctorado en economía y administración, el abogado Luis Alberto Martínez anunció oficialmente su postulación como candidato a magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Martínez fundamenta su aspiración en la necesidad de transformar el rumbo institucional y financiero del país y así lo planea en su libro “Reforma Constitucional para un nuevo sistema de Gobierno en Venezuela y un proyecto país”.

Explicó que su propuesta busca cambiar el modelo político y económico actual por un sistema parlamentario bicameral y una estructura de libre mercado, bajo la premisa de que el Estado debe dejar de intervenir en todos los sectores.

«Venezuela requiere el fortalecimiento de sus instituciones y un sistema de justicia que genere confianza y seguridad jurídica», dijo.

Martínez promueve la simplificación de los trámites judiciales para acelerar la toma de decisiones y atraer inversiones que impulsen el bienestar colectivo.

De formar parte de la nueva composición del TSJ, el candidato ratificó su compromiso de servir a la nación con total independencia, equilibrio y transparencia.

A su juicio, el máximo tribunal debe ser el garante de la paz social, el estado de derecho y el progreso económico de los venezolanos.

El movimiento político en formación Poder Ciudadano presentó una propuesta institucional para destrabar la crisis política que atraviesa Venezuela, enfocada en la urgencia de renovar el Poder Electoral de forma transitoria.

La iniciativa surge ante lo que la organización califica como un vacío institucional crítico que busca devolver la estabilidad democrática mediante un mecanismo transparente, consensuado y de ejecución inmediata.

El proyecto consiste en la creación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) provisional cuya tarea exclusiva sería diseñar un cronograma urgente para convocar a nuevas elecciones presidenciales durante el año 2026.

La propuesta se fundamenta en un reglamento electoral especial de seis artículos transitorios que regulan la constitución, organización y funcionamiento de este ente para iniciar la reconstrucción democrática del país.

«Venezuela vive una ausencia absoluta en el cargo presidencial», afirmó Ítalo Zapata, presidente del movimiento Poder Ciudadano.

«El próximo 3 de julio se cumplen seis meses de la captura de Nicolás Maduro, provocando una crisis que urge resolver».

Indicó que este CNE transitorio no busca perpetuarse en el poder puesto que su mandato expirará una vez proclamadas las nuevas autoridades electas y asumidos sus cargos.

«La permanencia de los rectores debe estar orientada al rescate de la confianza ciudadana en el voto», agregó Zapata.

Para garantizar la autonomía operativa del nuevo ente, dijo que los recursos financieros serán asignados directamente por el tesoro nacional.

“Esto evitará dependencias políticas o presiones externas que puedan comprometer la imparcialidad del proceso electoral”, agregó.

El proyecto prevé que el consejo electoral provisional estará sujeto a estrictas auditorías con la participación de técnicos de partidos políticos, universidades, organizaciones de la sociedad civil y expertos internacionales.