Dirigentes de Acción Democrática (AD) iniciaron una reorganización nacional con el objetivo de recuperar la tarjeta electoral y los símbolos del partido, actualmente bajo el control de Bernabé Gutiérrez tras la judicialización impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia.

Los líderes adecos convocaron a una nueva asamblea zonal en Caracas, la tercera que se organiza desde el 10 de marzo para consolidar la reunificación de la militancia y frenar el sesgo oficialista de la estructura en manos de Gutiérrez.

La iniciativa cobró fuerza tras una masiva reunión en Barquisimeto, Estado Lara, que agrupó a militantes adecos de 12 estados del país: Caracas, Lara, Zulia, Carabobo, Yaracuy, Portuguesa, Cojedes, Trujillo, Barinas, Falcón, Aragua y Anzoátegui.

El evento estuvo coordinado por Guillermo Miguelena, Vicente Villarroel y el exgobernador Jorge Ramos Guerra.

«Nos comprometimos a derribar el muro de la división y reunificar a la familia adeca, así como a todos los partidos políticos afectados por las intervenciones judiciales», declaró el abogado Leomagno Flores, uno de los principales promotores de la unidad.

El plan busca rescatar la institucionalidad democrática interna y abrir las puertas a los militantes relegados o expulsados.

Para resolver la crisis de los partidos intervenidos, la dirigencia plantea la implementación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y realizar asambleas en todo el país para explicar el proyecto de reunificación.

Este mecanismo técnico busca legitimar y renovar a las autoridades partidistas en un solo día, ofreciendo una ruta alternativa y limpia frente a las sentencias del TSJ.

El proyecto de elecciones primarias incluye tres garantías clave para asegurar su total transparencia:

• Supervisión internacional de organismos como el Centro Carter, OEA y ONU.
• Coordinación independiente a través de un órgano ad hoc especializado.
• Asistencia técnica diseñada y ejecutada por expertos electorales.

Los promotores iniciarán rondas de contacto con otras organizaciones políticas nacionales para presentar formalmente la propuesta PASO, proyectando a AD como el eje de la transición hacia la Venezuela del futuro.

El Estado Barinas, pilar de la producción de carne y queso en Venezuela, enfrenta una crisis sin precedentes que amenaza con paralizar el suministro de alimentos a nivel nacional por el deterioro de las vías y la falta de insumos.

El secretario general regional del partido Democracia Renovadora, Óscar José Pérez, alertó sobre un colapso agropecuario por el abandono de las vías, obsolescencia de la maquinaria y la crítica escasez de insumos que asfixia a miles de familias productoras.

La llegada del invierno ha agravado el panorama. Las fuertes lluvias ya provocan desbordamientos de ríos y deslizamientos, dejando intransitables las rutas de acceso en los 12 municipios del estado, desde Alberto Arvelo, Obispos hasta Arismendi, Pedraza y Rojas.

Esta situación impide que camiones, tractores y góndolas trasladen cosechas de cereales, hortalizas y ganado hacia los centros de acopio.

“No hemos recibido respuesta del Ministerio de Agricultura ni de las autoridades regionales. Estamos perdiendo cosechas enteras porque no hay forma de sacarlas de las fincas. La rentabilidad del campo ha desaparecido bajo el lodo de caminos olvidados”, dijo Pérez.

A la crisis logística se suma un parque automotor paralizado. La falta de repuestos, lubricantes y neumáticos mantiene fuera de servicio a gran parte de la maquinaria necesaria para la preparación de tierras y fumigación.

Asimismo, el alto costo de semillas y fertilizantes ha obligado a los pequeños productores a reducir drásticamente las áreas de siembra.

Pérez hizo un llamado al Ejecutivo nacional para que declare la emergencia productiva en la entidad por la inacción del Ministerio de Agricultura, advirtiendo que la soberanía alimentaria del país está en juego.

Imágenes del Municipio Rojas, una muestra del estado en que se encuentran las vías agrícolas en Barinas (Cortesía)

“Sin inversión en vialidad, dotación de insumos, solucionar la crisis eléctrica y atender los servicios públicos, Barinas dejará de ser el motor agropecuario del país”, alertó el abogado.

El presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, denunció graves vulneraciones técnicas, legales y éticas en el caso de Víctor Quero Navas, cuyo deceso bajo custodia estatal fue ocultado a sus familiares durante nueve meses.

El vocero calificó el hecho como una violación flagrante a los derechos humanos y un «peregrinaje de dolor» para su madre, Carmen Navas, de 81 años, quien recorrió cárceles, hospitales y morgues buscando información que le fue negada.

León Natera señaló que el Estado venezolano incumplió el artículo 43 de la Constitución, el cual lo obliga a garantizar la vida de los privados de libertad.

Afirmó que la ocultación del fallecimiento por casi un año configura una desaparición forzada, un trato cruel y una vulneración directa al derecho a la verdad.

En defensa de la ética profesional, la FMV exige la publicación inmediata del informe forense, el historial clínico y la cadena de custodia.

La institución gremial reclama transparencia total sobre el acta de defunción, demandando conocer la causa real del deceso, el lugar exacto del fallecimiento y la identidad del médico firmante.

“Es imperativo determinar si existieron diagnósticos previos o si la muerte derivó de la falta de tratamiento médico en el centro de reclusión”, fustigó el científico.

Asimismo, la federación solicita aclarar si el detenido recibió atención por parte de médicos colegiados o si estuvo bajo la asistencia exclusiva de los custodios.

Activación de protocolos internacionales

Ante la gravedad del caso, el presidente de la FMV instó a las autoridades nacionales a aplicar el Protocolo de Minnesota, estándar internacional diseñado para investigar muertes potencialmente ilícitas bajo custodia del Estado.

De igual forma, pidió ejecutar el Protocolo de Estambul ante posibles indicios de tortura previa.

«Es una tragedia que subraya la urgencia de justicia. El Estado está obligado a dar respuestas a quienes hoy transitan la incertidumbre y el trato inhumano», reclamó el representante gremial.