Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) contabilizó 134 agresiones contra el ejercicio del periodismo libre en el país, consolidando un patrón sistemático de amedrentamiento y censura.

El secretario general del CNP Caracas, Edgar Cárdenas, calificó de grave las cifras al presentar el informe del Observatorio de Seguimiento de Agresiones.

“134 periodistas fueron agredidos, entre ellos 23 detenidos arbitrariamente”, alertó.

“El ejercicio periodístico en Venezuela está bajo constante amenaza mediante un marco punitivo que busca amedrentar y criminalizar la labor de quienes reportan la realidad”.

Cárdenas alertó sobre el acoso institucional y policial diseñado para frenar la cobertura de hechos de alto impacto público, como los sismos del 24 de junio, coyuntura en la que se registraron 9 vulneraciones a reporteros independientes y equipos de televisión en el área metropolitana y La Guaira.

Denunció que seis comunicadores previamente excarcelados siguen sometidos a medidas cautelares restrictivas que violan sus derechos fundamentales.

Balance de agresiones (Enero – Julio 2026):

Intimidación: 24

Impedimento de cobertura: 23

Detenciones arbitrarias: 23

Deportación de corresponsales extranjeros: 15

Ataques directos: 13

Borrado de material periodístico: 12

Hostigamiento: 12

Amenazas: 6

Cierre de emisoras de radio: 4

Decomiso de credencial: 1

Intento de robo de equipos: 1

“Informar no es un delito; es una garantía fundamental para la ciudadanía”, destacó el dirigente gremial.

(Por Yesenia Balza CNP 6590) El secretario general del MAS, Felipe Mujica, lamentó que la mesa de diálogo no se haya instalado y advirtió que los comunicados reflejan diferencias que generan dudas sobre el rumbo de la negociación.

El dirigente político hacía referencia a la reunión que habían previsto para el primero de agosto Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015 con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y Jorge Rodríguez en representación del interinato.

Mujica señaló que se desconocen las razones del desencuentro y contabilizó 18 intentos de negociación entre el gobierno y la oposición, sin acuerdos.

“Ojalá que esta vez prevalezca la voluntad de alcanzar acuerdos”, confió Mujica.

Comentó que mientras el gobierno habla de un diálogo con un sector de la oposición, el otro documento plantea que el objetivo es avanzar hacia una transición.

“La transición es un proceso que está en desarrollo y el gobierno no se ha pronunciado expresamente sobre esto sino sobre un conjunto de cambios”, indicó.

El dirigente del MAS insistió en que la negociación debe dar cabida a todos los sectores de la sociedad venezolana.

Mujica propuso mesas de trabajo para atender la situación social, las consecuencias del doble terremoto, la agenda institucional —incluida la liberación de los presos políticos— y la reinstitucionalización del Estado.

Precisó que este último punto debería abarcar la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y los demás poderes públicos, en estricto apego a la Constitución Nacional.

Defendió el restablecimiento de los derechos ciudadanos, lo que, a su juicio, implica permitir el regreso de la población migrante y garantizar el ejercicio pleno de la actividad pública.

Los líderes del partido político Unidad Democracia Renovadora (UDR) solicitan al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio medidas judiciales en contra de Delcy Rodríguez y de su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

También acciones judiciales contra Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz; y al exministro de la Defensa Vladimir Padrino López.

El petitorio fue dado a conocer por los dirigentes nacionales de la organización política, encabezados por su presidente, José Mejías; el secretario general, José Gregorio García Urquiola; y por la segunda vicepresidenta, Coromoto Ramos.

El TSJ en el exilio es un órgano judicial paralelo conformado por 33 magistrados, juramentados en 2017 por la Asamblea Nacional 2015, que opera desde el exterior.

La abogada Ramos informó que Democracia Renovadora pide al TSJ en el exilio cinco acciones judiciales en contra de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.

1. Prohibición de enajenar y gravar bienes nacionales e internacionales.
2. Embargo preventivo de cuentas y activos.
3. Prohibición de salida del país y oficiar a migración e Interpol.
4. Solicitud de alerta roja a Interpol.
5. Congelamiento de activos ante OFAC, UE, Reino Unido y Canadá.

La vicepresidenta de UDR indicó que la solicitud judicial se fundamenta en las denuncias en contra del régimen entre ellas “saqueo sistemático del patrimonio público mediante peculado, legitimación de capitales y delincuencia organizada”.

La abogada dijo que estas medidas son para “garantizar la repatriación de los bienes saqueados y que ninguna negociación se haga con impunidad”.

Ramos considera que en Venezuela no hay presidente, “el cargo está vacante” e indicó que Delcy Rodríguez ejerce una función ilegal, tutelada por el Gobierno de Estados Unidos.