El dirigente político Ítalo Zapata, presidente del movimiento en formación Poder Ciudadano (PC), solicitó que la despartidización de los consejos comunales sea incorporada en la agenda del diálogo que sostendrán las delegaciones de Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez.

Zapata alertó que estas organizaciones comunitarias, diseñadas originalmente para la participación ciudadana, han sido desvirtuadas por el oficialismo para ser utilizadas como mecanismos de coacción.

“En cada proceso electoral, los consejos comunales son instrumentalizados para instalar puntos de control político frente a los centros de votación. Debemos liberarlos de la tutela partidista y devolverlos a los vecinos”, instó el vocero.

Indicó que en Venezuela existen cerca de 50 mil consejos comunales, controlados  a discreción por el gobierno chavista.

Zapata planteó que la solución a la crisis de los servicios públicos en las regiones pasa por rescatar la autonomía local. 

Para ello, propuso reactivar las juntas parroquiales, figuras auxiliares del municipio eliminadas en diciembre de 2010 mediante la reforma a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM).

“El binomio de gestión entre la parroquia y un consejo comunal libre de ideologías es la verdadera base de la descentralización y la vía más rápida para resolver los problemas cotidianos de la gente”.

El presidente de Poder Ciudadano también criticó que el acceso a programas de alimentación, como la distribución de las bolsas CLAP, esté condicionado por criterios político-partidistas aplicados por los llamados “jefes de calle”, quienes deciden de forma discrecional a quiénes aceptar o rechazar.

Ante el inminente proceso de negociación respaldado por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, Zapata insistió en que el bienestar social de los sectores vecinales debe ser incluido en la agenda de diálogo.

Ante la vacante del cargo presidencial por la captura de Nicolás Maduro, la Organización Latinoamericana de Capellanes de los Derechos Humanos (Orgalatín) propone una hoja de ruta institucional para restituir la democracia en Venezuela.

La propuesta, estructurada en cuatro pasos, fue presentada por la comisionada jurídica de Orgalatín, Coromoto Ramos.

1. Conformación de una junta de gobierno.

2. Nombramiento urgente de un órgano electoral.

3. Cronograma electoral inmediato.

4. Convocar a elecciones presidenciales.

Ramos propuso, además, la devolución de las tarjetas electorales que le fueron despojadas a sus legítimas autoridades de los partidos políticos de la oposición e informar a la comunidad internacional de esta iniciativa.

“Orgalatín rechaza la pretensión del interinato de permanecer indefinidamente en el poder bajo la sombra de la catástrofe nacional provocada por los devastadores terremotos del 24 de junio”, dijo la activista de los derechos humanos.

Recordó que el pasado 3 de julio se venció el plazo constitucional de 180 días que declara la falta absoluta del presidente.

“Delcy Rodríguez no es presidente ni fue electa y usurpa un cargo de elección popular”.

“Venezuela no puede permanecer en un vacío de poder ni en una prórroga de facto. La única vía legítima para restituir la institucionalidad es a través del sufragio”.

La abogada sentenció que Venezuela no tiene presidente. “El cargo ha quedado vacante o falta absoluta como dice la Constitución”.

Ante esa situación, Ramos pide declarar la emergencia nacional y estructurar una hoja de ruta a través de una junta de gobierno amplia, mientras se convocan a elecciones.

Ante la urgencia de retirar los escombros generados por las edificaciones colapsadas tras el reciente terremoto, la organización ambientalista Vitalis hizo un llamado urgente a proteger los ecosistemas marítimos y costeros.

Los especialistas advierten que depositar estos desechos en el mar o en las playas genera impactos ecológicos severos y acarrea responsabilidades legales según el marco jurídico venezolano.

Lejos de ser solo concreto, estos residuos contienen yeso, metales, cableado y pinturas que alteran la calidad del agua, incrementan la turbidez y modifican la dinámica de las costas, afectando a la fauna marina.

Diego Díaz Martín, presidente de Vitalis, indicó que “la emergencia no debe hacernos perder de vista que las decisiones tomadas durante la reconstrucción tendrán efectos durante muchos años sobre nuestros ecosistemas y comunidades”. 

Explicó que la reconstrucción necesita ideas, propuestas y proyectos bien concebidos, no decisiones apresuradas que generen nuevos problemas.

Eduardo Ochoa, director de la asociación civil, destacó que, con tecnología adecuada, estos desechos son reutilizables. 

“Mediante separación, trituración y control de calidad, parte de estos escombros puede aprovecharse en rellenos, subbases viales, obras de estabilización y drenajes”.

Para evitar un segundo desastre, ahora ecológico, Vitalis recomienda implementar una estrategia basada en la separación de materiales en el sitio, el retiro seguro de residuos peligrosos y la disposición final, únicamente de aquello que no pueda reutilizarse, en instalaciones debidamente autorizadas de acuerdo con la Ley.

Reconstruir implica también proteger el patrimonio natural y convertir los residuos en oportunidades.