Internacional
Petro cierra gran movilización en apoyo a sus reformas
La manifestación de este miércoles se ha interpretado como una muestra de respaldo popular al gobierno de Colombia.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, cerró este miércoles en Bogotá una multitudinaria manifestación popular en respaldo a sus reformas sociales, que se replicó en otras ciudades de la nación suramericana.
El mandatario, acompañado de la vicepresidenta, Francia Márquez, destacó la importancia de esta gran movilización, que envía un claro mensaje a sus detractores. «Creían que el pueblo estaba dormido […] El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente», enfatizó.
El presidente se mostró sorprendido por la cantidad de gente que acudió a la convocatoria. «El Gobierno no esperaba tanta gente», manifestó.
Hay personas que aún no han leído lo que significa la decisión popular en las mesas electorales del año pasado, creen que fue simplemente una moda, una fiebre pasajera, un delirio que ya pasó y que dejó a un presidente abandonado en su palacio presidencial, pues hoy decimos, hoy lo decimos con toda claridad, no fue así», añadió Petro.
El mandatario dijo que este acto en apoyo a su gestión le reafirma el rumbo que tiene que seguir, «el camino difícil de volver realidad una verdadera democracia en Colombia».
Ante la multitud, Petro hizo un pacto. Dijo que su gobierno estará «hasta la muerte» al servicio del pueblo; pero les pidió que «no tengan pereza de salir a la calle» en defensa de sus políticas en favor de todos, porque «llegó el momento de luchar, con la fuerza y con la dignidad, con la alegría y la cultura».
«Nosotros no vamos a luchar con armas, hoy las armas están al servicio del pueblo, hoy no están contra el pueblo, pero ustedes no nos dejen solos», sostuvo.
Gobierno de la gente sencilla
El presidente dijo que la fase que sigue en su mandato «es el Gobierno popular» y que «la gente sencilla debe gobernar en Colombia».
«Nuestro Gobierno tiene que estar en la calle, nuestro Gobierno no puede estar en los palacios, nuestro Gobierno no es de los palacios, no es de la burocracia, nuestro Gobierno es de la gente sencilla, debe estar siempre rodeado de la gente sencilla», manifestó.
Insistiendo en ello, Petro indicó que «de ahora en adelante debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia» para tomar decisiones sobre su territorio. También señaló que «todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular» y que en caso de no hacerlo, esos funcionarios deben dejar sus cargos.
Petro pidió que no lo inviten «a grandes bacanales» ni a los «cocteles sociales de los banqueros», porque no irá. «Invítenme a tomar una cerveza allá en una esquina, sentados en una acera; invítenme a un baile popular, con viche del Pacífico; invítenme a bailar porros en la veredas de mi pueblo campesino de Córdoba», agregó.
Golpe de Estado
El presidente reiteró su denuncia sobre las pretensiones de sectores de la oposición de llevar a cabo un golpe de Estado en su contra, similar a lo ocurrido con Pedro Castillo en Perú; sin embargo, advirtió que el pueblo colombiano no lo permitirá.
«Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle, en cada vereda, en cada municipio de Colombia a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular, aquí no va a pasar lo de Pedro Castillo», indicó.
En su discurso añadió: «Que no se atrevan a romper con la democracia en Colombia, porque se encontrarán con un gigante: el pueblo de Colombia en las calles de este país».
Reformas
Para el mandatario, esta movilización demuestra que «tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de Gobierno» por el cual el pueblo votó. «Ese programa dice que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida», señaló.
Entonces, habló sobre uno de los principales motivos de la movilización, que fue la defensa de los proyectos de reformas de salud, laboral y de pensiones que ha presentado el Ejecutivo ante el Congreso en busca de «justicia social».
«Les gritamos desde aquí, con la Plaza de Bolívar casi llena, con la población en las calles. Les solicitamos con todo el respeto, con humildad y desde nuestras ganas de justicias y de paz que aprueben las Reformas que le garantizan al pueblo sus derechos»: Pdte. @petrogustavo.… pic.twitter.com/3TQ5QNMhhL
Ante la multitud, Petro insistió a los miembros del Legislativo «que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos».
El mandatario señaló que a los proyectos de reformas que ya presentó se sumarán en el próximo semestre otras relacionadas con servicios públicos, «para que el eje no sea el empresario»; y en el caso de las iniciativas para transformar la educación superior, indició que buscarían «que la juventud acceda al derecho de educación».
En su alocución, el mandatario colombiano también anunció que viajará a Cuba el jueves. «Voy a algo que puede ser importante para la historia de Colombia. Voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país», expresó, sin dar mayores detalles al respecto.
En La Habana se desarrolla el tercer ciclo del proceso de diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que se estudia un posible cese al fuego bilateral.
Asimismo, Petro reiteró este miércoles que, pese a que algunos sectores se opongan, presentará una terna a la Fiscalía General de la Nación.
«Vamos a presentar, y no lo quieren, una terna a la Fiscalía, que garantice una Fiscalía contra la corrupción, que garantice una Fiscalía contra el genocidio, que cese la impunidad en Colombia», refirió.
Turbulencias en el Ejecutivo
Aunque la marcha fue convocada por sindicatos y organizaciones de base hace varias semanas, coincidió con la primera crisis política de gran calado a la que ha tenido que hacer frente el mandatario, en medio de crecientes denuncias de que se intenta perpetrar un golpe de Estado en su contra.
El pasado 6 de junio, la fracción del Pacto Histórico en la Cámara Baja del Congreso –donde es mayoría– informó que la discusión de las reformas entraría en receso por un lapso no definido para evitar que la votación resultara afectada por las turbulencias en el Ejecutivo.
Aunque no se ofrecieron precisiones, se dedujo que ello obedeció al escándalo ‘niñeragate’ que involucró a la exjefa de Gabinete Laura Sarabia y al exembajador en Venezuela Armando Benedetti, así como a unos audios filtrados por la revista Semana, en los que presuntamente el diplomático habría amenazado a Sarabia con revelar irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2022.
Personeros de la oposición como el excandidato Fico Gutiérrez, ligado al uribismo, han aprovechado la coyuntura para asegurar que Petro fue electo por medios irregulares y han pedido que sea suspendido de su cargo.
Al respecto, en su participación en la movilización, Petro dijo que en su campaña «no entró ni un solo peso sucio».
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Internacional
Amenazas de EE.UU. contra Cuba: Díaz-Canel rechaza la nueva ofensiva de Washington
El gobierno cubano denuncia una escalada de sanciones económicas que incluye a la familia del mandatario y a organizaciones civiles en una lista unilateral.
Las amenazas de EE.UU. contra Cuba han alcanzado un nuevo punto de tensión. El presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, condenó enérgicamente las recientes medidas coercitivas impuestas por la Administración de Donald Trump. Esta nueva ofensiva de la Casa Blanca no solo amplía el cerco económico sobre la nación caribeña, sino que introduce un componente de presión directa al sancionar formalmente al mandatario cubano, a sus familiares y a instituciones clave de la sociedad civil.
A través de sus canales oficiales, Díaz-Canel calificó la estrategia estadounidense como una muestra de «ceguera política» y «perversión», cuyo objetivo principal es asfixiar la economía local y profundizar el histórico conflicto bilateral. Lejos de ceder ante la presión extrema de Washington, el jefe de Estado reafirmó la postura invariable de La Habana: resistir con determinación ante los escenarios más complejos y defender la soberanía nacional a toda costa.
Un bloqueo intensificado y sanciones a la cúpula familiar
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. formalizó la inclusión de figuras de alto perfil en su lista de sancionados. Entre los nombres destacan la primera dama cubana, Lis Cuesta Peraza, y Raúl Alejandro Castro Cáliz, nieto del general de Ejército Raúl Castro.
Sin embargo, el alcance de esta orden ejecutiva va más allá de las individualidades. El castigo financiero se extendió a pilares fundamentales de la estructura social y política de la isla, tales como:
- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
- Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).
- El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, tildó de «vil e ilegítima» la inclusión del presidente y su entorno en estos listados. Según el jefe de la diplomacia, Washington insiste en construir una narrativa falsa donde la mayor de las Antillas es presentada de forma deliberada como un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, justificando así la permanencia y el endurecimiento del bloqueo.
Resistencia frente a la presión diplomática
El ambiente de confrontación se complica aún más tras la reactivación de acusaciones históricas en los tribunales estadounidenses. Washington ha presentado cargos vinculados a la muerte de cuatro pilotos de la organización «Hermanos al Rescate» —grupo que La Habana cataloga formalmente como terrorista—. Ante este panorama, las autoridades cubanas aseguran que cualquier intento de forzar un estallido o la sumisión del país está destinado al fracaso, garantizando que la respuesta del pueblo cubano será de mayor unidad.
Internacional
La verdad oculta sobre las armas químicas de Corea del Norte
El régimen de Pionyang expande su infraestructura silenciosa para un arsenal masivo capaz de desatar el caos global.
Las armas químicas de Corea del Norte vuelven a encender las alarmas internacionales tras revelarse un informe exclusivo del proyecto 38 North. Un exhaustivo análisis liderado por el Proyecto Antracita y el prestigioso think tank británico RUSI (Royal United Services Institute) ha dejado al descubierto que el régimen de Kim Jong-un no solo mantiene intacto su programa de destrucción masiva, sino que ha integrado una red industrial y académica altamente capacitada para producir agentes letales a gran escala. A través del uso de fuentes abiertas, la investigación demuestra cómo universidades, complejos químicos e instituciones gubernamentales convergen en una maquinaria perfectamente engrasada para la guerra no convencional.
A diferencia del arsenal nuclear, el programa químico norcoreano ha permanecido bajo un manto de relativo secretismo. Sin embargo, la historia reciente demuestra la sangre fría del régimen: en 2017, el mundo quedó conmocionado cuando agentes norcoreanos asesinaron a Kim Jong-nam, hermano del dictador, utilizando el letal agente nervioso VX en pleno aeropuerto de Kuala Lumpur. Expertos en seguridad global estiman que Pionyang posee actualmente entre 2.500 y 5.000 toneladas de armas químicas, incluyendo gas mostaza y sarín.
«El régimen es paranoico y cualquier tipo de arma de capacidad letal se justifica como necesaria para su propia seguridad», advierte Dan Pinkston, profesor de relaciones internacionales.
¿Por qué este arsenal representa una amenaza inminente?
Los analistas militares sugieren que, ante un conflicto armado o la amenaza existencial de colapso del régimen, Corea del Norte no dudaría en desplegar estas sustancias antes de recurrir a su armamento nuclear. El uso de estos gases tendría un doble propósito estratégico:
- Frenar el avance de tropas: Retrasar de manera drástica las operaciones militares de las fuerzas conjuntas de Seúl y Estados Unidos.
- Terror psicológico e impacto civil: Generar pánico masivo al atacar centros urbanos densamente poblados como Seúl, donde la población civil carece de trajes de protección especial.
El hecho de que Corea del Norte no sea firmante de la Convención sobre Armas Químicas rompe cualquier barrera diplomática. Este informe no es una simple advertencia teórica; es una radiografía de una infraestructura lista para operar que obliga a la comunidad internacional a monitorizar de cerca un peligro que es, sin duda, devastador y silencioso.
Internacional
Crisis en Nueva Jersey: El centro de detención de ICE que enciende las alarmas de la política migratoria
Choques entre manifestantes, huelgas de hambre y la intervención de la gobernadora Mikie Sherrill ponen el foco sobre el polémico centro Delaney Hall.
El centro de detención de ICE Delaney Hall, ubicado en Nueva Jersey, se ha convertido en el epicentro de una tormenta social y política que refleja la profunda fractura del país. La gobernadora demócrata, Mikie Sherrill, denunció públicamente que «agitadores de otros estados» han viajado con el único fin de intensificar las tensiones en las protestas que rodean las instalaciones. Lo que comenzó como una vigilia pacífica de activistas y familiares ha escalado a un escenario de máxima alerta, obligando al despliegue de la Policía estatal y de agentes federales fuertemente armados con escudos antidisturbios y vehículos blindados.
La controversia en torno a este centro de detención de ICE (el más grande de la Costa Este, operado por la empresa privada GEO Group bajo un millonario contrato de 1.000 millones de dólares) no es nueva, pero ha alcanzado su punto de ebullición. Mientras que en el interior del recinto una parte de los cerca de 300 migrantes recluidos ha iniciado una huelga de hambre para visibilizar las «condiciones inhumanas» en las que se encuentran, afuera la atmósfera es de confrontación total.
A las afueras de Delaney Hall, grupos que defienden los derechos de los migrantes se han topado cara a cara con simpatizantes de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. Aunque las autoridades lograron contener los choques violentos que días antes dejaron un saldo de nueve detenidos, la hostilidad verbal y los encaramientos siguen siendo una constante.
Para evitar tragedias del pasado, la gobernadora Sherrill estableció una zona protegida para garantizar las manifestaciones pacíficas. Su mayor temor es que se repitan los fatídicos hechos del pasado enero en Mineápolis, donde las protestas contra las redadas terminaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes de inmigración. Con legisladores y familias exigiendo transparencia, Delaney Hall es hoy el reflejo de una herida abierta en la política estadounidense.
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