Un escalofriante caso de abuso sexual en Maracaibo ha sacudido la tranquilidad del municipio, llevando a la inmediata detención de un hombre de 25 años por parte de los implacables funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez). Este suceso, que subraya la vulnerabilidad de las víctimas y la urgencia de la justicia, ha generado una ola de conmoción y reafirma el compromiso inquebrantable de las autoridades con la protección de la ciudadanía. La noticia, que rápidamente se ha difundido, pone de manifiesto la importancia de la denuncia y la respuesta contundente ante este tipo de crímenes que atentan contra la dignidad y seguridad de las personas, especialmente en el seno de sus hogares.

La valentía de la joven víctima de 18 años fue clave y absolutamente fundamental en este proceso. Con una fortaleza admirable, a pesar del inmenso trauma, se presentó sin dudarlo en la sede del Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste para interponer la denuncia formal en contra de su vecino, identificado como Endy Robel Travieso Ibáñez. Su testimonio desgarrador no solo es un acto de coraje personal, sino también un llamado de atención urgente a la necesidad imperante de crear espacios seguros y de que la sociedad en su conjunto no tolere ni un solo acto de violencia sexual, apoyando a quienes deciden romper el silencio.

Según el relato pormenorizado de la joven, los hechos del abuso se desencadenaron en la intimidad y supuesta seguridad de su propia residencia, situada en el barrio La Lechuga, parroquia Francisco Eugenio Bustamante. La víctima relató con dolor cómo, mientras dormía plácidamente en su habitación durante la madrugada, Travieso presuntamente irrumpió en su espacio más íntimo, la despojó de sus ropas y, de manera brutal y cobarde, comenzó a agredirla sexualmente, violando su integridad y su derecho a la seguridad en su hogar.

Despertada por el horror de la situación, la joven reaccionó con un instinto puro de supervivencia. En un acto desesperado y valiente que le permitió reunir fuerzas en medio de la pesadilla, comenzó a gritar con todas sus fuerzas pidiendo auxilio. Luchando con todas sus energías contra su agresor, logró escapar de la habitación, cubriéndose apenas con una sábana, y corrió hacia la calle, donde afortunadamente fue auxiliada y protegida por su madre, quien se convirtió en su primer refugio y apoyo incondicional en esos momentos de angustia extrema.

El posible aumento de gasolina en Venezuela se ha convertido en el rumor más caliente y preocupante que circula por las redes sociales, desatando una ola de incertidumbre entre los ciudadanos. La posibilidad de que el precio del litro de combustible se eleve drásticamente, de los actuales 0,50 dólares a 0,75 dólares, ha acaparado la atención en plataformas como X (anteriormente Twitter) y se ha difundido a través de cuentas de periodistas influyentes, generando una legítima inquietud sobre el impacto que tendría este ajuste en el ya mermado poder adquisitivo de los venezolanos. La rapidez con la que esta información no oficial ha permeado en la sociedad demuestra la sensibilidad del tema y la ansiedad latente ante cualquier cambio económico.

A pesar de la virulenta difusión de estos rumores, la ausencia de un anuncio oficial por parte del gobierno de Nicolás Maduro o de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) es ensordecedora. Esta persistente opacidad, que no es nueva en la comunicación gubernamental venezolana, actúa como un caldo de cultivo para la especulación, dejando un vacío de información que es rápidamente llenado por reportes no confirmados. Se han divulgado detalles atribuidos a supuestas «fuentes internas» o «notificaciones a estaciones de servicio», e incluso se menciona la aplicación del nuevo precio en algunas localidades, como Cumaná, aunque sin verificación oficial que respalde estas afirmaciones. La falta de transparencia en un asunto tan vital para la vida diaria de los ciudadanos solo incrementa la desconfianza y la sensación de vulnerabilidad.

Para comprender la magnitud de lo que se avecina, es crucial entender el esquema actual de suministro de combustible en Venezuela. Hoy existe un sistema dual: la gasolina subsidiada, distribuida meticulosamente a través del Sistema Patria siguiendo un cronograma semanal basado en el terminal de placa del vehículo. Los usuarios registrados tienen acceso a un cupo mensual de 120 litros para automóviles y 60 litros para motocicletas, con un subsidio del 95%, lo que significa que 120 litros cuestan apenas tres dólares, a la tasa del Banco Central de Venezuela. Paralelamente, existe la gasolina vendida a precio considerado «internacional», que es la que se rumorea que pasaría de 0,50 a 0,75 dólares por litro. Este incremento del 50% representa un golpe considerable y directo al bolsillo de quienes dependen de este precio, especialmente en un país donde el salario mínimo se mantiene notoriamente bajo y la movilidad es una necesidad básica.

Este posible ajuste de precios no ocurre en un vacío; se enmarca en un contexto de profundos desafíos económicos que Venezuela enfrenta. La nación lucha con una severa dependencia de importaciones y el asfixiante impacto de las sanciones internacionales que han afectado su industria petrolera. Un ajuste en el precio del combustible es plausible dada esta realidad, aunque es un tema socialmente delicado, con precedentes históricos de fuertes reacciones populares y protestas masivas. La reciente salida de Chevron en mayo, tras expirar su licencia, ha añadido una capa de complejidad, obligando al ejecutivo a buscar otras petroleras, incluso más pequeñas, para suplir la producción necesaria, una situación que, según expertos, afecta significativamente la economía del país y presiona por una revisión de los precios internos para cubrir costos.

Internamente, ha trascendido que existe un debate dentro de Pdvsa y el Ministerio de Petróleo sobre la necesidad de revisar y aumentar el margen comercial del combustible. Sin embargo, el silencio oficial de Maduro y Pdvsa sobre la oficialización del aumento persiste, una estrategia gubernamental que podría estar buscando medir la reacción de la población antes de tomar una decisión definitiva. Ante este escenario de rumores descontrolados y la ausencia de una voz oficial, la prudencia se vuelve imperativa. Es crucial para los ciudadanos verificar la información y evitar caer en la desinformación que tan fácilmente prolifera en temas tan sensibles. Aunque un aumento de gasolina en Venezuela es plausible dada la situación económica actual, aún no se ha oficializado, y la delicadeza histórica de cualquier ajuste en el precio del combustible en el país hace que cada día de silencio oficial incremente la tensión y la expectativa.

Vía: El Nacional

Condenan a 30 años de prisión contra Juan Lárez, por el delito de Violencia Sexual en Grado de Continuidad ocurrido en el estado Nueva Esparta. El Ministerio Público (MP) lo informó, a través de su cuenta oficial de Instagram, esta significativa sentencia representa un paso firme en la lucha contra los delitos de abuso sexual y la protección de los derechos de los niños y niñas en Venezuela.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, detalló que el condenado abusó de manera continua de dos niñas de tan solo 4 y 12 años de edad. Lo que hace aún más estremecedor este caso es que el agresor se hacía pasar por un “mesías” de una religión ficticia que él mismo creó, usando este falso estatus para manipular y someter a las víctimas. Este modus operandi añade una dimensión más grave al delito, evidenciando cómo el verdugo se aprovechó de la credulidad y vulnerabilidad de las menores.

Además del abuso sexual, Saab señaló que el sujeto sometía a las niñas a maltratos y torturas, dejando secuelas imborrables en las víctimas, tanto físicas como emocionales por eso estara en prisión. Esta cruel situación puso en evidencia la necesidad de una respuesta judicial contundente, que hoy se ve reflejada en la severa condena dictada contra Juan Lárez. La sentencia no solo busca castigar al responsable, sino también brindar un mensaje claro de que la justicia está atenta y dispuesta a proteger a los más vulnerables, promoviendo la reparación y prevención de futuros casos.

El Ministerio Público continúa comprometido con la investigación y sanción de estos delitos, reforzando las acciones para garantizar un entorno seguro para niños, niñas y adolescentes en Venezuela, y reafirma su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos.