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Venezuela

Arco Minero y su explotación sexual

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El informe de la Misión de Determinación de Hechos, sobre el Arco Minero del Orinoco, recoge testimonios de cómo operan los trabajos y explotaciones sexuales en las minas. Las principales víctimas son mujeres y niñas.

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Foto Jhoalys Siverio
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En el contexto del Arco Minero del Orinoco, los testimonios que la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas recogió sobre la violencia sexual, no solo deja constancia de los abusos a los que se someten principalmente mujeres, adolescentes y niñas. Si bien algunas acceden a la prostitución por necesidad, otras terminan por coacción de los “sindicatos”.

El trabajo sexual del arco minero en las minas al sur de Bolívar funcionan mediante las currutelas, nombre asociado a corruptelas y que introdujeron garimpeiros brasileños. Son especies de locales con los que cuenta cada campamento minero, y cuyo dueño debe pagar una cuota al sindicato para estar allí.

“En los centros urbanos y periurbanos, las mujeres y niñas suelen ofrecer servicios sexuales en las calles y en las plazas, como en los casos de El Callao y Sifontes. En esos entornos, algunas trabajadoras sexuales las conocen popularmente como ‘cafeseras’, ya que parecen estar vendiendo café, pero es generalmente sabido que también ofrecen servicios sexuales”, incluye la Misión en su informe.

Testimonios

Uno de los testimonios que recabó la Misión fue el de una trabajadora sexual. Relató que ella y otras compañeras sufrieron violencia física y sexual cerca de la terminal del Kilómetro 88. Nunca denunció por miedo a las represalias. Además, no solo los miembros de los sindicatos figuran como victimarios, también agentes estatales.

“Un minero que trabajó en varias minas alrededor de El Callao entre 2002 y 2021 explicó a la Misión que los miembros de los sindicatos violaban a las mujeres que querían: ‘si a un malandro le gustaba una mujer, iba a buscarla y ella no podía negarse’. Este minero escuchó hablar de muchos casos de mujeres ofreciéndose a los miembros de las bandas para proteger a sus hijas: ‘Los malandros venían a buscar a las niñas, y las madres suplicaban que se acostaran con ellas en su lugar, para proteger a sus hijas’”.

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Sin salida

Un militar también dio fe de que muchas mujeres llegan a las minas por cuenta propia. Agregó que una vez en esta red, no las dejan salir.

En el informe citan un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, de 2020, sobre las formas de esclavitud moderna en el estado Bolívar. Allí se hace referencia al caso de una adolescente de 15 años acosada por un minero en la plaza Bolívar de Tumeremo.

“La joven se negó y fue amenazada de muerte por ese rechazo. La adolescente fue entonces obligada a trasladarse a la mina con el joven. Una vez al mes los miembros del sindicato le permitían bajar al pueblo para ver a su madre, pero siempre bajo supervisión”, reseñó.

Entre los testimonios hay casos de secuestros y presunta desapariciones forzosas. A la víctima se le vio por última vez cuando un minero se la llevó bajo coacción. También retienen a niñas en contra de su voluntad.

Una gran parte de las mujeres que realizan trabajo sexual han acudido a las zonas mineras por la falta de alternativas económicas (…) Así, las mujeres suelen ser obligadas a realizar servicios sexuales sin poder salir libremente de las minas o locales donde trabajan”.

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Consecuencias

Rechazar a un minero o un pran conlleva a la violación, la violencia física o la muerte.

“Una mujer que trabajó en una mina en Las Claritas hasta 2018 afirmó que, en la mina, a las mujeres que rechazan a un hombre, las golpean y las maltratan. Ella explicó que, si a una mujer la solicita un miembro del sindicato, ‘la única manera de que salga de allí, lamentablemente es que se haya muerto porque por su voluntad no la dejan salir’”, se lee en el informe.

Otras llegan por captación bajo falsas ofertas de empleo. Al llegar al lugar, las obligan a prostituirse.

Sobre el abuso por parte de agentes estatales, la Misión recibió denuncias sobre funcionarios que se aprovecharon de las mujeres y abusaron de su posición de poder para obtener sexo de manera gratuita.

Explotación infantil

Algunos testimonios de menores de edad afirmaron ejercer la prostitución libremente. Sin embargo, la Misión se ampara en los estándares de derecho internacional para desestimar ese supuesto consentimiento sexual por ser menores de 18 años.

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“La explotación sexual de niñas y adolescentes es particularmente frecuente en las minas. Organizaciones locales especializadas en derechos de los pueblos indígenas han denunciado que muchas de las currutelas y locales donde se ejerce la prostitución, esclavizan a niñas y adolescentes indígenas, cada vez de menor edad, por la preferencia por las más jóvenes”.

Uno de los testimonios indicó que vio al menos a 25 niñas y adolescentes trabajando en currutelas de San Luis de Morichal, en Sifontes. Las de mayor vulnerabilidad son niñas y adolescentes solas o en situación de pobreza.

Esta situación no se centra solo en el sur. Del sector de Vista al Sol, en San Félix, también hay niñas que viajan a las minas para prostituirse. Este hecho lo naturalizan sus familias como una forma de que lleven ingresos económicos al hogar.

Así, se dan casos como el de “una adolescente de 16 años que se fue a Santa Elena de Uairén con engaños para cuidar de otros niños. Al llegar al lugar la pusieron a ofrecer servicios sexuales”.

O que en Tumeremo, según testimonio de un minero, se organicen fiestas los fines de semana para rifar la virginidad de niñas. El entrevistado habló de que “se ofrecían niños también, según el interés sexual del minero”.

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Una adolescente indígena reveló a la Misión que ejerció la prostitución por necesidad, pero para soportar tomaba alcohol y se drogaba.

Las alcabalas

Las decenas de alcabalas que hay a lo largo del sur de Bolívar y la frontera con Brasil se aprovechan para que funcionarios abusen de su poder. Obligan a sus víctimas a acceder a actos sexuales con la retención de sus documentos de identidad, por ejemplo.

“En septiembre de 2021, una mujer venezolana que viajaba por la Troncal 10 desde El Callao hacia Brasil con sus hijos e hijas menores de edad, le relató a la Misión que, al pasar por unas alcabalas en el camino, varios efectivos de la GNB le pidieron que les hiciera actos de naturaleza sexual para dejarla pasar”.

En 2020, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, el cierre de la frontera con Brasil sirvió para que militares cobraran sobornos a cambio de permitir el paso. Otros optaron por cruzar por trochas, donde se conseguían también a militares o miembros de grupos criminales que también exigían “vacunas” o favores sexuales.

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Cortesía: http://www.el-carabobeno.com

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Venezuela

Terminal La Bandera inaugura centro médico para transformar la salud de sus usuarios

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El Centro Médico José Gregorio Hernández ofrecerá servicios de medicina general, pediatría, laboratorio y farmacia en una infraestructura de primer nivel.

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El Terminal La Bandera inaugura centro médico dentro de sus instalaciones con el firme propósito de revolucionar la atención sanitaria de quienes hacen vida en este importante punto de la ciudad. El nuevo Centro Médico José Gregorio Hernández no es solo una obra de infraestructura, sino una transformación integral que se suma a la modernización del terminal. A partir de ahora, tanto los trabajadores de la institución como los miles de pasajeros que transitan diariamente contarán con un espacio de salud digno, moderno y completamente equipado para atender cualquier emergencia o consulta preventiva antes de emprender su viaje.

Este innovador espacio de salud ha sido estratégicamente diseñado para brindar tranquilidad y bienestar, estimando atender a una población de aproximadamente 3.000 personas. El alcance de este proyecto no se limita únicamente a los usuarios habituales; también abraza el núcleo familiar de los trabajadores del terminal, garantizando que el equipo humano que mueve los motores del transporte terrestre cuente con el respaldo médico que se merece.

Servicios de salud integrales a tu alcance

La oferta de servicios del Centro Médico José Gregorio Hernández destaca por su amplitud y especialización. Los pacientes tendrán acceso directo a consultas de:

  • Medicina General y Pediatría: Para la atención oportuna de adultos y niños.
  • Ginecología y Traumatología: Especialidades críticas para el cuidado preventivo y de urgencias.
  • Odontología: Salud bucal garantizada sin salir de las instalaciones.
  • Laboratorio y Farmacia: Diagnósticos rápidos y acceso inmediato a tratamientos y medicamentos esenciales.

Infraestructura médica de vanguardia

Para soportar esta amplia gama de servicios, el centro ha sido dotado con tecnología y espacios óptimos que garantizan una atención cómoda, humana y eficiente. Las instalaciones cuentan con:

  • Sala de hospitalización y salas de nebulización para emergencias respiratorias.
  • Área de enfermería y una confortable sala de espera para los acompañantes.
  • Baños públicos modernos y dormitorios exclusivos para asegurar el descanso del personal médico de guardia, garantizando atención las 24 horas.

Con esta gran inauguración, el Terminal La Bandera da un paso al frente en materia de responsabilidad social y modernización urbana, demostrando que el confort y la salud pública viajan de la mano.

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Venezuela

Investigan fallecimiento de un joven por asfixia mecánica en El Barzalito Boconó

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El CICPC resguarda la escena e inicia las pesquisas para esclarecer el trágico suceso que enluta a una comunidad trujillana.

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Investigan fallecimiento de un joven por asfixia mecánica en el sector El Barzalito, un hecho que ha consternado profundamente a los habitantes de esta populosa comunidad en el municipio Boconó. Las autoridades locales y los cuerpos de seguridad se activaron de inmediato tras recibir el reporte sobre el lamentable deceso de un ciudadano en la zona, desplegando un operativo para resguardar el área y comenzar las indagaciones pertinentes.

El dolor y la incertidumbre se apoderaron de los vecinos al conocerse la identidad de la víctima. El joven quedó identificado por los organismos policiales como Edwin Bastidas. Desde el primer momento en que se difundió la noticia, las muestras de solidaridad y el asombro no se hicieron esperar en el municipio, ya que el sector suele ser un lugar de convivencia vecinal activa.

Detalles del hallazgo y movilización policial

De acuerdo con los primeros reportes forenses emitidos por los especialistas en la escena, la causa de la muerte de Bastidas se debió a una asfixia mecánica. Este diagnóstico preliminar encendió las alarmas de los cuerpos de orden público, quienes procedieron a aplicar los protocolos de rigor para estos casos de impacto social.

Ante el alarmante hallazgo, comisiones de los diferentes cuerpos de seguridad ciudadana se trasladaron con prontitud al lugar de los hechos. Entre los uniformados presentes destacaron los funcionarios de la delegación municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Los expertos de la policía científica asumieron de inmediato el control de la situación, encargándose del levantamiento del cadáver y del resguardo estricto de la escena para preservar cualquier evidencia de interés criminalístico.

Buscando respuestas sobre el caso

El misterio que rodea este suceso ha generado diversas especulaciones entre los lugareños, sin embargo, las autoridades llaman a la calma y a la prudencia. Los organismos competentes ya han iniciado formalmente las investigaciones para esclarecer de manera certera las circunstancias exactas en las que se originó este trágico desenlace. Se espera que las pruebas forenses definitivas y las entrevistas a posibles testigos arrojen luz sobre lo sucedido en las próximas horas.

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Venezuela

Ministerio Público investiga a funcionarios de la PNB por allanamiento ilegal en Barquisimeto

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Escándalo en Lara: Cinco policías a tribunales tras polémico operativo en un sauna local

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El Ministerio Público investiga a funcionarios de la PNB tras un polémico procedimiento que ha encendido las alarmas sobre el abuso de poder y los derechos humanos en el estado Lara. La Fiscalía General de la República anunció de manera oficial la apertura de una investigación penal contra cinco oficiales del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), señalados por la presunta comisión de un allanamiento ilegal y actuaciones totalmente contrarias a la ética pública dentro de un reconocido centro de entretenimiento en Barquisimeto.

Para garantizar la total transparencia del proceso, el organismo judicial designó de inmediato a la Fiscalía 21 del estado Lara en una acción conjunta con la Fiscalía 98 Nacional, un despacho con competencia exclusiva en la protección de los derechos humanos y la diversidad de género. Esta alianza estratégica busca esclarecer si el procedimiento policial vulneró las garantías constitucionales de los ciudadanos presentes en el recinto.

El detonante: Versiones encontradas y 28 detenciones

El caso, que ya se ha vuelto viral en las plataformas digitales, se originó en un local comercial que opera como sauna en el este de Barquisimeto. Según reportes del periodista Daniel Oviedo, el despliegue policial culminó inicialmente con la detención de 28 personas.

El conflicto radica en las versiones contrapuestas que rodean el operativo:

  • La versión vecinal: Residentes de la comunidad organizada aseguraron haber interpuesto denuncias previas, afirmando que en el establecimiento se facilitaban de forma continua actividades vinculadas a la prostitución y al microtráfico de sustancias ilícitas.
  • La defensa del local: Por su parte, la administración del establecimiento negó rotundamente los cargos, alegando que su actividad económica es 100% legítima y se limita exclusivamente al alquiler de las instalaciones para el esparcimiento de los clientes.

Cero tolerancia al abuso policial

Ante la gravedad de las denuncias por malas prácticas, la propia PNB activó sus mecanismos de control interno, arrestando y poniendo a disposición de la justicia a los cinco funcionarios implicados.

Última hora: En las próximas horas, los policías investigados serán presentados ante un tribunal de control. Allí se les imputarán cargos severos tipificados de forma explícita en el Código Penal venezolano y en la Ley contra la Corrupción.

Mientras tanto, los 28 ciudadanos arrestados durante el procedimiento inicial permanecen bajo custodia estricta de las autoridades competentes para los fines de la reseña legal y la respectiva verificación judicial. Este caso se mantiene bajo la lupa pública como un recordatorio de los límites de la fuerza policial y la defensa de los derechos civiles.

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