Sin luz en Los Tres Caminos, la paciencia de las familias del sector Altos de Jalisco, en la parroquia Coquivacoa de Maracaibo, se agota por completo. Más de 20 horas continuas sin servicio eléctrico han transformado la rutina diaria de la comunidad en una verdadera odisea. La interrupción del suministro comenzó desde las 2:30 de la tarde del pasado lunes 9 de noviembre, dejando a decenas de hogares a merced de las altas temperaturas y las incomodidades de la falta de energía.

La angustia se intensifica en cada hogar afectado, donde los grupos más vulnerables sufren las mayores consecuencias. Bebés, adultos mayores y personas con condiciones médicas delicadas que permanecen en cama atraviesan momentos críticos debido a la imposibilidad de encender refrigeración o aparatos médicos esenciales. A esto se suma el riesgo inminente de perder los pocos alimentos refrigerados que requieren conservación continua, un golpe directo a la economía familiar de la zona.

Frente a la emergencia, los habitantes activaron los canales correspondientes e ingresaron la denuncia formal a través de la aplicación VenApp, bajo el número de reporte 1323. Sin embargo, a pesar de contar con el registro de la incidencia, las cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) aún no se han presentado en la zona ni han brindado una respuesta oficial que precise cuándo será restablecido el servicio.

La comunidad de Los Tres Caminos hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los equipos técnicos del estado Zulia para que atiendan la avería de inmediato. Los vecinos exigen una solución definitiva que garantice la restitución de la electricidad y restablezca la tranquilidad en un sector golpeado por la incertidumbre y el calor.

Cuarto ciclo de diálogo Venezuela entra en una fase decisiva este viernes 13 de noviembre. Las delegaciones del gobierno venezolano y la representación opositora volverán a la mesa de negociación en un encuentro estratégico que busca marcar el rumbo político de la nación, según confirmaron fuentes cercanas a las partes involucradas a la agencia EFE.

Aunque los temas oficiales de la agenda se han mantenido bajo reserva, la expectativa pública se ha disparado tras las recientes declaraciones de Dinorah Figuera, coordinadora de la delegación opositora. Durante una entrevista concedida al periodista David Placer, la vocera adelantó una de las noticias más esperadas por la opinión pública nacional e internacional: la reactivación de medidas humanitarias que se traducirán en nuevas liberaciones de personas privadas de libertad en los próximos días.

Acuerdos previos y el respaldo internacional

Este nuevo encuentro da continuidad a los importantes avances alcanzados durante la tercera ronda de negociaciones celebrada en octubre. En aquel ciclo, las representaciones establecieron como prioridad técnica y política la revisión de marcos legales clave. Entre las normativas bajo la lupa destacan la Ley Orgánica de la Contraloría General y la controvertida Ley Simón Bolívar, un instrumento legal que contempla penas severas de hasta 30 años de cárcel, sanciones económicas de gran magnitud e inhabilitaciones políticas de hasta 60 años para quienes promuevan medidas restrictivas o sanciones exteriores.

Por su parte, Figuera enfatizó de manera categórica que la meta central de la oposición sigue siendo la consolidación de un sistema electoral transparente, afirmando que en el país se celebrarán «elecciones justas y blindadas». Asimismo, aprovechó la oportunidad para manifestar un explícito agradecimiento a la administración de los Estados Unidos por su constante acompañamiento y respaldo institucional al proceso de negociación pacífica en Venezuela.

La atención internacional se centra ahora en la capacidad de ambos sectores para convertir estos acercamientos formales en acuerdos concretos que garanticen estabilidad política, respeto a los derechos humanos y un camino institucional claro de cara al futuro político nacional.

La defensa de Cilia Flores ha dado un paso decisivo al solicitar formalmente a un tribunal de Nueva York la desestimación total de los cargos en su contra, amparándose en el principio internacional de la inmunidad soberana. Este recurso legal surge como respuesta directa al incremento de las acusaciones presentadas por la Fiscalía de los Estados Unidos, las cuales incorporan graves señalamientos por narcoterrorismo y torturas.

El equipo defensor, encabezado por el abogado Andrés Sánchez, renovó la moción entregando al tribunal una declaración jurada y un memorando de apoyo. En dichos documentos, la representación legal sostiene que la administración en Washington reconoce institucionalmente al Gobierno de Venezuela, cuya estructura y representación oficial han defendido sin interrupciones la legitimidad e inmunidad legal de Nicolás Maduro y de la propia Flores.

Un punto neurálgico del argumento defensivo se fundamenta en declaraciones vertidas el pasado 26 de octubre por un alto funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. En esa oportunidad, la vocería estadounidense señaló que la vicepresidenta Delcy Rodríguez debía declarar una «vacante permanente» del cargo presidencial, acto institucional que hasta la fecha no ha ocurrido.

Sobre esta premisa, la defensa argumenta formalmente:

«Se declara vacante un cargo que alguien ocupa. Por tanto, según el propio relato del Ejecutivo, el cargo cuya inmunidad invoca Venezuela pertenecía al Sr. Maduro el 3 de enero de 2026, y su titular está hoy ausente de él por una única razón: se encuentra bajo custodia de EEUU».

Adicionalmente, el documento enfatiza que la condición que otorga el fuero jurídico no ha caducado, dado que la Constitución venezolana califica la ausencia de Maduro como un evento forzado y mantiene a la Vicepresidencia ejerciendo las competencias del Ejecutivo sin que haya existido una renuncia a la inmunidad diplomática ni soberana.

Actualmente, tanto Cilia Flores como Nicolás Maduro permanecen bajo custodia federal en la ciudad de Nueva York, a la espera del inicio formal del juicio fijado por las autoridades judiciales para el 14 de junio de 2027. Este nuevo movimiento procesal busca redefinir el alcance de la jurisdicción estadounidense sobre mandatarios y figuras del poder en ejercicio.