La organización política en formación Poder Ciudadano (PC), a través de su presidente Ítalo Zapata, denunció que la mesa de diálogo dirigida por Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez pretende postergar por tres años las elecciones presidenciales en Venezuela.

Zapata advirtió sobre las consecuencias de este aplazamiento para el futuro institucional y económico del país.

“Retrasar las presidenciales para finales de 2027 o principios de 2028 es ignorar que Venezuela vive una emergencia humanitaria, social, económica y política: es darle la espalda al país”.

El dirigente remarcó que la crisis exige respuestas constitucionales inmediatas:

“Venezuela no tiene presidente; la convocatoria para elegir al nuevo mandatario debió hacerse en agosto pasado, pero han transcurrido diez meses desde la captura de Nicolás Maduro y la situación es cada día peor”.

Frente a esta coyuntura, el presidente de Poder Ciudadano reiteró el respaldo de la organización al liderazgo de María Corina Machado e hizo un llamado a la ciudadanía a retomar la protesta pacífica en las calles. 

Para Zapata, la movilización ciudadana y la presión de calle resultan determinantes para impedir que el destino de la nación se decida en negociaciones de escritorio que, a su juicio, solo funcionan como un salvavidas para la dictadura.

Denunció que la mesa de diálogo tutelada por el Gobierno de Estados Unidos intenta justificar el retraso del proceso electoral escudándose en “excusas técnicas, desconociendo el hambre, la asfixia económica y el sufrimiento de las familias venezolanas”.

La Organización Latinoamericana de Capellanes de los Derechos Humanos (Orgalatín), representada por la abogada Coromoto Ramos, afirmó que nueve procesos de diálogo celebrados entre el gobierno y la oposición han resultado totalmente inútiles para la población venezolana.

Ramos alzó la voz en nombre de la organización inscrita en la OEA para denunciar la persistente violación de los derechos humanos en el país.

“Nos preguntamos: ¿de qué han servido 27 años de diálogos en Venezuela? Barbados, República Dominicana, Panamá, México, mediación internacional de la OEA, el Vaticano, Centro Carter sin que haya respuesta a los problemas políticos y económicos del país”.

“Con ninguno de esos procesos el venezolano va al supermercado o el pensionado vive en paz. El país sufre una severa crisis económica, sin energía eléctrica, agua potable y la situación hospitalaria es cada día peor”, dijo la abogada.

La activista por los derechos humanos expresó que la falta de atención a la educación y a los adultos mayores agrava el panorama nacional.

“Sin educación no hay futuro! Nuestros docentes y jubilados están pasando necesidad. No podemos seguir pretendiendo que el pueblo coma con diálogos”.

“No existe hoy un ente que vele por los verdaderos intereses del ciudadano, ni siquiera las organizaciones políticas se ponen de acuerdo para resolver lo esencial: luz, agua, gas, alimentos y salud”.

Ramos exigió que la agenda política sea de la gente y no de los pactos políticos en referencia a la mesa de diálogo que actualmente integra el gobierno tutelado y representantes de la Asamblea Nacional de 2015.

Denunció que el aparato represivo del gobierno chavista sigue intacto agrediendo a dirigentes sindicales y a manifestantes opositores que reclaman por nuevas elecciones presidenciales ante el vacío de poder en Venezuela.

El Movimiento al Socialismo (MAS), a través de su vicepresidenta, María Verdeal, exigió a la Asamblea Nacional derogar nueve leyes por considerar que violan los derechos humanos, restringen la libertad de expresión y profundizan la inseguridad jurídica en el país.

Verdeal cuestionó la propuesta de reforma parcial a la Ley contra el Odio planteada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, advirtiendo que el texto debe ser anulado en su totalidad.

«La Ley contra el Odio es incompatible con una sociedad democrática y libre, pues contempla penas de hasta 20 años de prisión y permite interpretaciones subjetivas para perseguir a la disidencia».

Asimismo, la dirigencia del MAS demandó la eliminación de las siguientes instrumentaciones legales:

• Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar: Penaliza con hasta 30 años de cárcel e inhabilitaciones de 60 años por razones políticas.
• Ley Resorte (Medios Electrónicos): Cercena el derecho a la información y restringe el ejercicio del periodismo.
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información: Obstruye el control ciudadano sobre la gestión pública.
• Ley Antibloqueo: Oculta datos económicos e institucionales y otorga facultades discrecionales al Ejecutivo.
• Ley de ONG y Ley Orgánica de Seguridad de la Nación: Asfixia el funcionamiento de la sociedad civil organizada.
• Ley de Extinción de Dominio: Permite la confiscación de bienes privados sin contar con una sentencia judicial definitiva.
• Ley IGTF: Impacta negativamente las transacciones en divisas y encarece el costo de vida de los ciudadanos.

Verdeal alertó que la vigencia de estas legislaciones atenta contra las garantías constitucionales y la reconstrucción institucional de Venezuela.