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Venezuela

Magistrados que negaron nulidad y amparo a trabajadores
deberían salir de sus cargos

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Trabajadores preocupados por el exabrupto jurídico cometido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, al negar la solicitud de nulidad y amparo cautelar del llamado “Instructivo ONAPRE” y sancionar con multa en divisas a sus accionantes y representantes, bajo el argumento de la inexistencia de dicho instrumento, desde el Movimiento Por la Democracia queremos acompañar el sentimiento de indefensión
que invade a los trabajadores y advertir sobre las peligrosas consecuencias que podría acarrear esta decisión emanada del TSJ.


La exigencia que hace la sala, de solicitar a los accionantes anexar copia del instructivo, es una “prueba imposible”, es decir, una carga procesal de imposible cumplimiento para los débiles jurídicos, en este caso, TODOS los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, y específicamente para los accionantes,
ya que:

  1. La regla general de funcionamiento del gobierno es instrumentar políticas y decisiones sin cumplir con las exigencias constitucionales y legales de transparencia y publicación, por tanto, nos encontramos ante una vía de hecho que generó una situación de indefensión y que causó un daño directo a TODOS los trabajadores y trabajadoras de la administración pública.
    a. La no publicación de dichos instructivos en Gaceta es completa responsabilidad y carga de la administración pública (del gobierno), y no de quienes busquen defender sus
    derechos laborales y sociales en el aparato de justicia.
    b. Olvidan los magistrados que no solo actos administrativos formales pueden ser
    recurridos, también pueden serlo las vías de hecho y situaciones que generen daño.
  2. La interpretación utilizada por la sala y esos magistrados, retrocede nuestro constitucionalismo a épocas de explotación y servidumbre.
    a. Es público, notorio y comunicacional la instrumentación de una política hacia los
    trabajadores desde los “instructivos ONAPRE”, siendo además parte del debate público,
    y defendido por personeros y diputados del gobierno. Esos magistrados olvidaron que la
    administración de justicia emana de los ciudadanos, y que el soberano, el pueblo en la
    calle, conoce bien lo que está pasando.
    b. Desde el gobierno nacional (ministerios), entes y órganos de la administración pública,
    se informó a entes adscritos, universidades, sindicatos, trabajadores, entre otros, por
    diversos medios (canales de telegram, correos electrónicos, reuniones, etc), que se
    estaban aplicando las directrices del “instructivo ONAPRE” en los cálculos para todos los
    beneficios laborales correspondientes. Surge la duda acerca de si la excepción fue el
    propio Tribunal Supremo de Justicia.
    c. Nuestra propia Constitución establece que las formas no pueden estar sobre el fondo, y
    que no se sacrificará la justicia por formalidades no esenciales. En todo caso, la carga de
    la prueba, al ser imposible para los accionantes, recae en el gobierno/patrono. Es un
    retroceso en la interpretación del Derecho que el tribunal supedite la “violación de
    hecho” de beneficios ya adquiridos por los trabajadores a la formalidad de la publicación
    de un documento, que los entes y órganos de la administración pública efectivamente
    aplicaron. La propia Constitución, la Ley del Trabajo, los reglamentos, la doctrina, la OIT,
    todos determinan que los hechos están por encima de las formas.
    d. La interpretación debió ser pro persona y pro trabajador, ya que así lo dispone nuestra
    Constitución: “… en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más
    favorable al trabajador o trabajadora…”.
    La gravedad de esta sentencia no se queda solo en el abuso de las formas para justificar violaciones de hecho, sino que, además, pretende sancionar a los accionantes para frenar el uso de vías legales por parte de los trabajadores en la defensa de sus derechos sociales y laborales y sus luchas reivindicativas.
    El país debe saber, entonces, que los jueces que firmaron este exabrupto jurídico incurrieron en un error inexcusable que plantea la posibilidad de que los derechos de los trabajadores sigan siendo violados de hecho y sin amparo por parte de la justicia venezolana. En este sentido, proponemos a los trabajadores y trabajadoras del país, iniciar el proceso de remoción de estos magistrados ante las instancias pertinentes, en caso de que las instituciones no lo hagan antes.
    Acompañamos al país en la condena pública a la sentencia referida y a las actuaciones de esos magistrados del TSJ que, actuando como oficina de asuntos legales del gobierno, se burlaron con esta sentencia de TODO el pueblo trabajador. También nos solidarizamos con los accionantes y representantes que fueron injustamente sancionados.

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Venezuela

Terminal La Bandera inaugura centro médico para transformar la salud de sus usuarios

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El Centro Médico José Gregorio Hernández ofrecerá servicios de medicina general, pediatría, laboratorio y farmacia en una infraestructura de primer nivel.

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El Terminal La Bandera inaugura centro médico dentro de sus instalaciones con el firme propósito de revolucionar la atención sanitaria de quienes hacen vida en este importante punto de la ciudad. El nuevo Centro Médico José Gregorio Hernández no es solo una obra de infraestructura, sino una transformación integral que se suma a la modernización del terminal. A partir de ahora, tanto los trabajadores de la institución como los miles de pasajeros que transitan diariamente contarán con un espacio de salud digno, moderno y completamente equipado para atender cualquier emergencia o consulta preventiva antes de emprender su viaje.

Este innovador espacio de salud ha sido estratégicamente diseñado para brindar tranquilidad y bienestar, estimando atender a una población de aproximadamente 3.000 personas. El alcance de este proyecto no se limita únicamente a los usuarios habituales; también abraza el núcleo familiar de los trabajadores del terminal, garantizando que el equipo humano que mueve los motores del transporte terrestre cuente con el respaldo médico que se merece.

Servicios de salud integrales a tu alcance

La oferta de servicios del Centro Médico José Gregorio Hernández destaca por su amplitud y especialización. Los pacientes tendrán acceso directo a consultas de:

  • Medicina General y Pediatría: Para la atención oportuna de adultos y niños.
  • Ginecología y Traumatología: Especialidades críticas para el cuidado preventivo y de urgencias.
  • Odontología: Salud bucal garantizada sin salir de las instalaciones.
  • Laboratorio y Farmacia: Diagnósticos rápidos y acceso inmediato a tratamientos y medicamentos esenciales.

Infraestructura médica de vanguardia

Para soportar esta amplia gama de servicios, el centro ha sido dotado con tecnología y espacios óptimos que garantizan una atención cómoda, humana y eficiente. Las instalaciones cuentan con:

  • Sala de hospitalización y salas de nebulización para emergencias respiratorias.
  • Área de enfermería y una confortable sala de espera para los acompañantes.
  • Baños públicos modernos y dormitorios exclusivos para asegurar el descanso del personal médico de guardia, garantizando atención las 24 horas.

Con esta gran inauguración, el Terminal La Bandera da un paso al frente en materia de responsabilidad social y modernización urbana, demostrando que el confort y la salud pública viajan de la mano.

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Venezuela

Investigan fallecimiento de un joven por asfixia mecánica en El Barzalito Boconó

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El CICPC resguarda la escena e inicia las pesquisas para esclarecer el trágico suceso que enluta a una comunidad trujillana.

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Investigan fallecimiento de un joven por asfixia mecánica en el sector El Barzalito, un hecho que ha consternado profundamente a los habitantes de esta populosa comunidad en el municipio Boconó. Las autoridades locales y los cuerpos de seguridad se activaron de inmediato tras recibir el reporte sobre el lamentable deceso de un ciudadano en la zona, desplegando un operativo para resguardar el área y comenzar las indagaciones pertinentes.

El dolor y la incertidumbre se apoderaron de los vecinos al conocerse la identidad de la víctima. El joven quedó identificado por los organismos policiales como Edwin Bastidas. Desde el primer momento en que se difundió la noticia, las muestras de solidaridad y el asombro no se hicieron esperar en el municipio, ya que el sector suele ser un lugar de convivencia vecinal activa.

Detalles del hallazgo y movilización policial

De acuerdo con los primeros reportes forenses emitidos por los especialistas en la escena, la causa de la muerte de Bastidas se debió a una asfixia mecánica. Este diagnóstico preliminar encendió las alarmas de los cuerpos de orden público, quienes procedieron a aplicar los protocolos de rigor para estos casos de impacto social.

Ante el alarmante hallazgo, comisiones de los diferentes cuerpos de seguridad ciudadana se trasladaron con prontitud al lugar de los hechos. Entre los uniformados presentes destacaron los funcionarios de la delegación municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Los expertos de la policía científica asumieron de inmediato el control de la situación, encargándose del levantamiento del cadáver y del resguardo estricto de la escena para preservar cualquier evidencia de interés criminalístico.

Buscando respuestas sobre el caso

El misterio que rodea este suceso ha generado diversas especulaciones entre los lugareños, sin embargo, las autoridades llaman a la calma y a la prudencia. Los organismos competentes ya han iniciado formalmente las investigaciones para esclarecer de manera certera las circunstancias exactas en las que se originó este trágico desenlace. Se espera que las pruebas forenses definitivas y las entrevistas a posibles testigos arrojen luz sobre lo sucedido en las próximas horas.

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Venezuela

Ministerio Público investiga a funcionarios de la PNB por allanamiento ilegal en Barquisimeto

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Escándalo en Lara: Cinco policías a tribunales tras polémico operativo en un sauna local

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El Ministerio Público investiga a funcionarios de la PNB tras un polémico procedimiento que ha encendido las alarmas sobre el abuso de poder y los derechos humanos en el estado Lara. La Fiscalía General de la República anunció de manera oficial la apertura de una investigación penal contra cinco oficiales del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), señalados por la presunta comisión de un allanamiento ilegal y actuaciones totalmente contrarias a la ética pública dentro de un reconocido centro de entretenimiento en Barquisimeto.

Para garantizar la total transparencia del proceso, el organismo judicial designó de inmediato a la Fiscalía 21 del estado Lara en una acción conjunta con la Fiscalía 98 Nacional, un despacho con competencia exclusiva en la protección de los derechos humanos y la diversidad de género. Esta alianza estratégica busca esclarecer si el procedimiento policial vulneró las garantías constitucionales de los ciudadanos presentes en el recinto.

El detonante: Versiones encontradas y 28 detenciones

El caso, que ya se ha vuelto viral en las plataformas digitales, se originó en un local comercial que opera como sauna en el este de Barquisimeto. Según reportes del periodista Daniel Oviedo, el despliegue policial culminó inicialmente con la detención de 28 personas.

El conflicto radica en las versiones contrapuestas que rodean el operativo:

  • La versión vecinal: Residentes de la comunidad organizada aseguraron haber interpuesto denuncias previas, afirmando que en el establecimiento se facilitaban de forma continua actividades vinculadas a la prostitución y al microtráfico de sustancias ilícitas.
  • La defensa del local: Por su parte, la administración del establecimiento negó rotundamente los cargos, alegando que su actividad económica es 100% legítima y se limita exclusivamente al alquiler de las instalaciones para el esparcimiento de los clientes.

Cero tolerancia al abuso policial

Ante la gravedad de las denuncias por malas prácticas, la propia PNB activó sus mecanismos de control interno, arrestando y poniendo a disposición de la justicia a los cinco funcionarios implicados.

Última hora: En las próximas horas, los policías investigados serán presentados ante un tribunal de control. Allí se les imputarán cargos severos tipificados de forma explícita en el Código Penal venezolano y en la Ley contra la Corrupción.

Mientras tanto, los 28 ciudadanos arrestados durante el procedimiento inicial permanecen bajo custodia estricta de las autoridades competentes para los fines de la reseña legal y la respectiva verificación judicial. Este caso se mantiene bajo la lupa pública como un recordatorio de los límites de la fuerza policial y la defensa de los derechos civiles.

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